Dos meses después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entraran en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por orden de la Audiencia Nacional, y le encontraran, entre otras cosas, unas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros, se ha ido instalando en el PSOE la sensación de que va a acabar siendo un lastre más que va a tener que dejar ir el acorralado presidente Pedro Sánchez. Si en el inicio todo fue un cierre de filas, algo que ya había sucedido anteriormente con Ábalos, Cerdán y tantos otros, en este caso se ha ido asentando una realidad: el largo silencio que se ha autoimpuesto tiene mucho que ver con que no dispone de ninguna explicación razonable que ofrecer.
Este domingo, uno de sus ministros, Jordi Sevilla, que ocupó la cartera de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 y fue el impulsor del Código de Buen Gobierno, fue el que lo señaló directamente: "No tengo claro que estas joyas provengan de su época de presidente". La tesis de Sevilla es muy clara: este Zapatero no es el que gobernó entre 2004 y 2011 y el cambio de entorno, de normas, de reglas y de controles ha hecho aflorar un Zapatero más libre. Vamos, que las malas amistades primero llevan a una cosa y luego, a otra. Este viernes, el día 17, se cumplirá un mes de la declaración de Zapatero ante el juez José Luis Calama por siete delitos. Cinco, vinculados al rescate de Plus Ultra: tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y apropiación indebida. Y dos, por las joyas del despacho, delito de contrabando y delito contra la Hacienda Pública por fraude fiscal.
No está de más recordar que el 17 de junio se acogió a su derecho a no declarar sobre el tema de las joyas alegando que necesitaba más tiempo para recopilar documentos justificativos. Al salir de la Audiencia, él mismo se autoimpuso un plazo máximo de 10 días para aportar toda la documentación en el juzgado. Está a punto de multiplicar por tres el tiempo máximo que él se dio y no consta que haya hecho nada de lo que dijo. Es más, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Agencia Tributaria han intensificado su presión sobre Zapatero y Hacienda se ha personado en la causa como perjudicada, además de abrir una inspección fiscal a toda la familia, es decir, también a su mujer y sus dos hijas.
Su ausencia es total y absoluta en todos los ámbitos y el PSOE lo ha dejado discretamente a un lado, sin hacer sangre, pero sin defenderlo más de la cuenta
Lo cierto es que Zapatero ha desaparecido de la vida pública, su ausencia es total y absoluta en todos los ámbitos y el PSOE lo ha dejado discretamente a un lado, sin hacer sangre, pero sin defenderlo más de la cuenta. También, entre otras cosas, porque están a la espera de conocer qué declarará Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, presunto testaferro del expresidente y considerado por el juez como su lugarteniente. ¿Buscará un pacto con la Fiscalía Anticorrupción como hizo Aldama para evitar la prisión? Hay indicios, como el súbito cambio de abogado, una letrada exfiscal de la AN especialista en este tipo de pactos, que así lo hace pensar.
Curiosamente, la carpeta judicial de Zapatero se solapará esta semana con una de sus gestiones políticas más decisivas en esta legislatura, la ley de amnistía, ya que el TJUE se pronunciará sobre su constitucionalidad. Y, sorprendentemente, si se mantiene la agenda prevista hasta este domingo, ni el expresidente español ni Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica desde 2017, tienen previsto comparecer este jueves para valorar la posición que acabe adoptando el tribunal europeo.