La exconsellera de Salud Alba Vergés ha negado este viernes haber dado ninguna orden para detener la vacunación contra la covid de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Catalunya. Durante su declaración ante la Audiencia de Barcelona, en el juicio contra ella y la antigua cúpula del Departamento de Salud, Vergés ha defendido que el proceso de vacunación se desarrolló siguiendo los criterios aprobados por el Consejo Interterritorial de Salud y condicionado, en todo momento, por la llegada limitada de dosis.
Vergés ha explicado que las vacunas se administraron tan deprisa como fue posible y atendiendo principalmente al criterio de edad, también dentro de los llamados colectivos esenciales. Según su versión, la Generalitat no estableció ninguna discriminación hacia los cuerpos policiales, sino que aplicó las decisiones acordadas en la estrategia estatal de vacunación.
Suspensión de la vacuna AstraZeneca
El conflicto se remonta a marzo de 2021, cuando se suspendió temporalmente la administración de la vacuna de AstraZeneca después de la aparición de posibles casos de trombosis asociados al fármaco. La parada afectó a varios colectivos esenciales que ya tenían citas programadas, entre ellos policías, guardias civiles, docentes y bomberos.
Cuando la vacunación con AstraZeneca se reanudó el 24 de marzo, el Consejo Interterritorial de Salud estableció que la vacuna se administraría a personas de entre 55 y 65 años, tanto de la población general como de los colectivos esenciales. En Catalunya, este grupo incluía cerca de un millón de personas, pero solo había unas 100.000 dosis disponibles, hecho que obligó a priorizar inicialmente a las personas de 60 a 65 años.
"La decisión no la tomé yo", ha asegurado Vergés, que ha insistido en que otros grupos profesionales también se vieron afectados por el cambio de criterio. La exconsellera ha remarcado que la intención inicial era vacunar a todos los policías y guardias civiles, independientemente de la edad, pero que la estrategia se tuvo que adaptar a la disponibilidad de vacunas y a las nuevas indicaciones sanitarias.
No se quiso discriminar a ningún colectivo
Durante su declaración, Vergés ha explicado que Salud había pedido los censos de los diferentes colectivos esenciales para organizar la vacunación y ha reconocido que los listados correspondientes a los cuerpos policiales llegaron con retraso. A pesar de ello, ha defendido que se actuó "con la máxima buena voluntad y celeridad" y ha agradecido el trabajo de los profesionales encargados de la logística.
El exsecretario general de Salud, Marc Ramentol, también ha comparecido en el juicio y ha ratificado esta versión. Ramentol ha asegurado que en ningún momento se quiso discriminar a ningún colectivo y ha destacado que la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron, de hecho, un tratamiento específico durante la campaña de vacunación.
Según ha explicado, Salud aceptó adaptar el sistema habitual y desplazar equipos a los edificios policiales para que estos cuerpos pudieran recibir las dosis en sus centros de trabajo. Esta decisión, ha dicho, comportó más complejidad logística, pero respondía a la voluntad de facilitar la vacunación.
Ramentol ha recordado que el nuevo modelo se empezó a aplicar el 12 de marzo y que, antes de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que reclamaba acelerar la vacunación de los agentes, ya se habían administrado centenares de dosis a miembros de la Guardia Civil.
La defensa de Vergés y de la antigua cúpula de Salud se centra así en la idea de que Catalunya ejecutó una estrategia común para todo el Estado y que las decisiones adoptadas durante aquellas semanas estuvieron marcadas por la falta de vacunas disponibles y por los cambios constantes en las recomendaciones sanitarias.