Dos coordinadores de la Policía española y de la Guardia Civil han desmontado la acusación, de la Fiscalía y de los sindicatos policiales, de que la excúpula del Departament de Salut "discriminó" a agentes españoles destinados a Catalunya en la vacunación por la covid-19, este miércoles en el juicio en la Audiencia de Barcelona. En la vista, contra los exconsellers Alba Vergés y Josep Maria Argimon y otros tres excargos de Salut, los dos jefes policiales han asegurado que el Departament de Salut aprobó sus planes de vacunación y también aceptó que fuera en centros policiales. Han asegurado que el 13 de marzo de 2021 se inició la vacunación de los agentes, pero se les comunicó que se paraba el 25 de marzo para cumplir la orden ministerial de frenar la vacunación con AstraZeneca si no eran mayores de 60 años por cuestiones médicas. Incluso, el jefe de la Guardia Civil ha admitido que algunos agentes mayores de 60 fueron vacunados y, por lo tanto, “no hubo la llamada suspensión”, ha afirmado el abogado de la exconsellera, el penalista Mariano Bergés.
El teniente coronel de la Guardia Civil Esteban Gómez Naranjo y el inspector jefe de la policía española Daniel Rapado Lázaro han negado que responsables de Salut provocaran la obstrucción o ralentización de la inmunización de los agentes destinados a Catalunya. Han añadido que, una vez que se dispuso de la vacuna Moderna, se reanudó el programa porque la mayoría de sus agentes eran menores de 60 años. “Hablábamos los tres las 24 horas del día, incluso de madrugada, para resolver incidentes; si eso no es estar disponible”, ha afirmado Rapado de Francesc Xavier Rodríguez, entonces director de Serveis del Departament de Salut, que coordinaba con los jefes policiales la vacunación de los agentes y que incluso recibió una placa conmemorativa de agradecimiento del cuerpo policial por su dedicación.
La acusación
La Fiscalía acusa a la entonces consellera de Salud, Alba Vergés, y a tres miembros de su equipo del delito de prevaricación administrativa por supuestamente haber retrasado la vacunación de los agentes españoles destinados en Catalunya y les pide 12 años de inhabilitación a cargo público. Preguntados por los abogados defensores, los dos jefes policiales han declarado que solo trataban con Rodríguez, únicamente acusado por los sindicatos, y que no conocían al resto de acusados: Argimon era director general del Institut Català de la Salut; el exsecretario general del Departament de Salud, Marc Ramentol, y el exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella.
En la primera sesión del juicio, el tribunal retiró el delito contra los derechos de los trabajadores, por el que los cuatro sindicatos policiales pedían tres años de prisión para cada uno de los acusados. La sección 6.ª, a petición de las defensas, aplicó la doctrina Botín y retiró este delito porque solo lo proponían las acusaciones populares, los sindicatos, y no la Fiscalía.
Los sindicatos policiales JUCIL y JUPOL denunciaron este supuesto retraso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por la vía contenciosa, con una resolución que ordenaba igualar los porcentajes de vacunación de los cuerpos estatales con los de los Mossos d’Esquadra y policías locales. En el juicio, uno de los abogados de los sindicatos ha preguntado al inspector de la policía si recordaba la baja inmunización de los agentes españoles frente a los catalanes. “Solo 107 agentes de los 3.000 policías destinados”, le ha informado el letrado, mientras el jefe policial le ha reiterado: “La vacunación se paró a escala nacional”. Con todo, ha admitido que con la orden del TSJC se reanudó la vacunación más rápida para llegar a los porcentajes ordenados (el 70%, como tenían los Mossos), y poco después se vacunaron el total de agentes destinados en Catalunya.
A preguntas de la abogada de Rodríguez, Míriam Company, el inspector jefe de la policía española ha admitido que las listas de vacunación variaban porque había agentes que se lo repensaban. También que pidieron vacunar en los centros policiales y no en los centros sanitarios para “controlar a los agentes” y poder destinar de cara al público a los inmunizados.
La broma con el AVE
El juicio continúa el próximo lunes con la declaración de más testigos, en este caso de responsables y técnicos del Departament de Salut. El presidente del tribunal, José Manuel del Amo, ha pedido puntualidad a los abogados porque la vista de este miércoles ha comenzado media hora tarde. Cuando uno de los letrados le ha dicho que era por el AVE, el magistrado ha hecho una broma de un problema bien real: “Antes el AVE era puntual, ahora es AVEr cuándo llega”.