Un criterio diferente pero con el fondo compartido. El exconseller de Salud Josep Maria Argimon (Junts) ha declarado este martes en la Audiencia de Barcelona que lo juzga, que en marzo de 2021, cuando era secretario de Salut Pública, pidió a la entonces consellera de Salut, Alba Vergés (ERC) y al secretario general de Salut, Marc Ramentol, "continuar" la vacunación de la covid-19 a los agentes de la policía española y de la Guardia Civil destinados en Catalunya por "cuestiones de logística y porque todo estaba preparado", pero lo descartaron. Ha recordado que los cuerpos estatales policiales pidieron ser vacunados en centros especiales, en Igualada y en el aeropuerto del Prat, y se tenía que movilizar a enfermeras y el material. No obstante, Argimon, a preguntas de su abogada Olga Tubau, ha aclarado que cuando el 24 de marzo el Departament de Salut "prioriza" que se vacune con AstraZeneca a la población a partir de 60 años, incluidos los grupos esenciales con los policías, no lo rebatió porque "era un criterio clínico y ético bien tomado y no les provocaba ningún problema". Esta priorización era porque esta franja de edad era la que registraba más mortalidad y por la falta de vacunas. Es decir, el exconseller de Salud ha defendido el criterio de sus superiores políticos, aun dejando claro que la decisión fue suya, no de los técnicos.
Por este supuesto retraso de la vacunación a los agentes de la policía española y de la Guardia Civil destinados en Catalunya, la fiscal acusa a la exconsellera Alba Vergés (ERC), junto con Argimon y Ramentol, Xavier Rodríguez y Adrià Comella del delito de prevaricación y pide para cada uno 12 años de inhabilitación a cargo público.
Los sindicatos que promovieron la querella a la excúpula de Salut, JUPOL, de la policía española, y JUCIL, de la Guardia Civil, además de la Unión Oficial de la Guardia Civil Profesional y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), inicialmente pedían tres años de prisión para cada uno de los cinco excargos de Salut por el delito contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona retiró este delito en la primera sesión porque solo lo reclamaba la acusación popular, los sindicatos policiales, aplicando la doctrina Botín, como pidieron las defensas.
Los policías no eran el grupo de más riesgo
El exconseller Argimon ha contestado a las preguntas de la fiscal y de las defensas. El médico ha explicado, con mucha pedagogía y a pesar de la horrorosa traducción al catalán, que los colectivos esenciales, donde se incluyen los policías, "no eran los de más riesgo", sino que lo eran los sanitarios y las personas mayores que estaban en las residencias. También ha añadido que la Agencia Europea de Medicamentos no puso límite de edades para poner la vacuna AstraZeneca, pero que en el ámbito estatal, en las diferentes actualizaciones, la edad era un factor clave en las prioridades de vacunación. Asimismo, ha recordado que a mediados de marzo se cambió el criterio de vacunar con Astra Zeneca por los casos de trombosis cerebral, pero que pronto se volvió a reactivar.
Argimon ha explicado que la doctora Carmen Cabezas, entonces subdirectora general de Promoció de Salut, y su mano derecha, fue quien recibió los WhatsApp en los cuales una jefa de la consellera Vergés les comunicaba que se dejaba de vacunar a los policías españoles destinados en Catalunya, y que él contestó que se lo dieran "por escrito y una persona con capacidad jerárquica". Cabezas, en su declaración en el juicio, también defendió esta versión y exculpó a Argimon.
La exconsellera Vergés y los otros tres acusados declaran en la sesión programada por este viernes, en la sección sexta de la Audiencia de Barcelona.
Un mosso también excluido
En esta cuarta sesión del juicio, también ha declarado un agente de los Mossos d'Esquadra que, por encargo del juez instructor del caso, recopiló toda la información e hizo un informe, en el cual concluye que hubo "una disfunción" en la vacunación de los agentes españoles destinados al país. Ha detallado que se empezaron a vacunar un mes más tarde a los agentes españoles frente al cuerpo de los Mossos, y uno de los motivos alegados por el Departament de Salut fue que habían pedido ser vacunados en centros especiales, no en los sanitarios como todo el mundo. También ha explicado que la vacunación fue parada a finales de marzo. En este sentido, el agente de los Mossos también ha admitido al tribunal que él fue uno de los afectados al cambiarse el criterio sanitario de solo vacunar a los mayores de 60 años, tal como pasó a los agentes españoles. Al final, fueron todos vacunados a finales de abril por orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y como estaba previsto por Salut.