El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha elevado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a la comisaria europea de los derechos humanos el "posible atentado de derechos" que supone la denegación del Tribunal de Cuentas de los avales del Instituto Catalán de Finanzas para 34 ex altos cargos de la Generalitat en el procedimiento contra la actividad exterior del Gobierno.

En un comunicado hecho público este viernes recogido por la ACN, Ribó se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que un órgano administrativo no respete una norma con rango de ley plenamente vigente como es un decreto ley ya convalidado por el Parlament de Catalunya. El síndic también ha querido recordar el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias a favor de la constitucionalidad del aval.

Los requisitos del aval

En el comunicado, el síndic también ha recordado que de acuerdo con la ley procesal civil, a la cual remite la del Tribunal de Cuentas, el aval tiene que cumplir cuatro requisitos: tiene que ser solidario, de duración indefinida y pagador a primer requerimiento emitido por una entidad de crédito o una sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio, que, a juicio del tribunal, garantice la disponibilidad inmediata, si procede, de la cantidad de que se trate. Estos requisitos, según Ribó, "los cumple el aval del Institut Català de Finances".

Indefensión

Además, el síndic ha asegurado que también actuará ante el Defensor del Pueblo para que intervenga a raíz de la "grave lesión de derechos" y de la "indefensión que esta decisión representa" para los excargos afectados, a quienes el Tribunal de Cuentas procederá a embargar.

Con respecto al Consejo de Europa, Ribó ha mencionado la resolución de la Asamblea Parlamentaria según la cual hay que asegurar que las previsiones legales de malversación de fondos públicos se apliquen de manera que las responsabilidades sean solamente exigibles cuando se pueden establecer pérdidas reales cuantificadas en el presupuesto o los activos del Estado.

Condenar a la ruina

Asimismo, el síndic ha recordado que en su informe reciente sobre la concesión de los indultos parciales a los líderes independentistas condenados por el Supremo, ha advertido que las sanciones económicas del Tribunal de Cuentas implican "condenar a la ruina a las personas investigadas, antes incluso de una sentencia y aunque muchas de las personas ahora perseguidas ya han sido juzgadas al máximo nivel jurisdiccional por el delito de malversación".

Por este motivo, y en sintonía con las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el síndic es de la opinión que el Tribunal de Cuentas tendría que paralizar la tramitación de estos expedientes.

 

Foto principal: el Síndic de Greuges, Rafael Ribó / ACN

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