El Tribunal de Cuentas ha anunciado esta mañana que, una vez ha rechazado los avales del Institut Català de Finances (ICF), corresponde proceder al embargo de bienes de los ex altos cargos que se acogieron en el Fondo Complementario de Riesgos creado por el Govern para cubrir las fianzas. Esta resolución afecta a 28 de los 34 ex altos cargos del Govern a los cuales el Tribunal responsabiliza de haber utilizado recursos de política exterior para promover el procés. La decisión del Tribunal de Cuentas se ha conocido justo el día en que la Moncloa y el PP han anunciado un acuerdo para desbloquear la renovación, entre otros, de este órgano.

"Al haber vencido con exceso el plazo otorgado para depositar o afianzar las presuntas responsabilidades contable, procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales", ha anunciado el Tribunal a través de la nota en que ha hecho pública su decisión. El pasado mes de julio, en previsión que se pudiera producir este escenario, los partidos y las entidades prepararon alternativas para cubrir las fianzas y evitar los embargos de los bienes personales de los afectados.

Entre los ex altos cargos que se acogieron al Fondo Complementario de Riesgos creado por la conselleria de Economia figuran, los presidents Artur Mas (a quien el Tribunal reclama 2.803.115,96 euros) y Carles Puigdemont (1.981.474,47 euros); el vicepresident Oriol Junqueras (1.981.475,02 euros); los consellers Andreu Mas Colell (2.803.115,96 euros), Francesc Homs (2.952.689,85 euros) y Raül Romeva (2.108.838,32 euros); o el exsecretario general del Diplocat Albert Royo (3.633.253,85 euros), entre otros. Aunque cada uno tiene una cantidad sobre la cual debe responder, las fianzas se tienen que depositar de manera solidaria.

 

 

También se habían acogido al Fondo Complementario de Riesgos y por lo tanto quedan dentro del procedimiento de embargo anunciado por el Tribunal: Rosa Vidal, exinterventora de la Generalitat, 1.735.885,74 euros; Andrew Scott Davis, exdelegado de la Generalitat en Estados Unidos, 241.382,47 euros; Sergi Marcén, exdelegado en el Reino Unido e Irlanda, 177.952,73 euros; Joaquim Nin, exsecretario general de la Presidencia, 163.889,75 euros; Aleix Villatoro, exsecretario general de Asuntos Exteriores, 150.812,42 euros; Jordi Villajoana, exsecretario general de la Presidència, 147.168,45 euros; Manuel Manonelles, exdelegado de la Generalitat en Suiza, 141.187,33 euros; Josep M. Suárez, exdelegado en el Reino Unido, 115.103,60 euros; Luca Bellizzi Cerri, exdelegado de la Generalitat en Italia, 95.747,54 euros; Amadeu Altafaj, exdelegado de la Generalitat ante la Unión Europea, 66.609,94 euros; Marie Katinka, exdelegada en Alemania, 49.130,73 euros; Roger Albiniana, exsecretario de Asuntos Exteriores, 38.666,56 euros; Martí Anglada, exdelegado en Francia, 34.691,61 euro; Ewa Adela Cylwik, exdelegada de la Generalitat en Polonia, 29.456,38 euros; Maryse Olivé, exdelegada de la Generalitat en Francia muerta en el 2017, 22.725,27 euros que se reclaman a su hija; Mar Ortega, exdelegada de la Generalitat, 15.833,64 euros; Ramón Font, exdelegado de la Generalitat en Portugal, 12.300,00 euros; Maria Badia, exsecretaría de Asuntos Exteriores, 7.198,17 euros; Jordi Solé, exsecretario de Asuntos Exteriores, 6.363,59 euros; ​Erick Hauck, exdelegado en Croacia, 4.794,72 euros; David Mascort, exsecretario general de Agricultura, 1.058,79 euros.

Del resto de encausados por el Tribunal de Cuentas, presentaron sus propias fianzas y por lo tanto no se verán afectados por el embargo cuatro excargos del Govern, los delegados en Austria Adán Casals (136.829,79 euros) y en los Países Nórdicos Francesca Guardiola (3.039,42 euros); el exsecretario general de Economía Albert Carreras (4.291,92 euros); y la exinterventora general Mireia Vidal (3.164.694,10 euros). Finalmente, el exdelegado en Bruselas Pere Puig (1.117,69 euros) y el exsecretario general de Governació Lluís Bertrán (5.122,96 euros)

Las fianzas son "medidas cautelares", según ha recordado repetidamente el propio Tribunal, hasta que hay sentencia firme. El objetivo, argumentan, es confirmar que en caso de una condena se garantice el reintegro de los bienes públicos que han sufrido el perjuicio.

 

En la imagen principal, el vicepresidente Oriol Junqueras y los presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas / Sergi Alcàzar