El Tribunal de Cuentas ha rechazado los avales del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir las fianzas de 5,4 millones que reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat a los cuales responsabiliza de dedicar fondos de política exterior del Govern a la promoción del procés. La resolución se ha hecho pública el mismo día en que la Moncloa y el PP han conseguido llegar a un acuerdo para desbloquear la renovación, entre otros, de este Tribunal​. Antes de ser apartados, los miembros de este órgano han resuelto sobre la carpeta independentista que tenían desde antes del verano sobre la mesa.

El ICF asumió estos avales después de que ninguna entidad bancaria quiso responder ante el Fondo Complementario de Riesgos creado por la conselleria de Economía para cubrir las fianzas. La delegada instructora del caso, Esperanza García, argumenta que ni la legislación existente ni el propio decreto del Govern sobre el Fons Complementari no amparan "las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave". 

"Este precepto no contempla que se pueda proceder, en ningún caso, a dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros", concluye el escrito de la delegada instructora al cual ha tenido acceso ElNacional.cat.

Embargo de bienes

En el momento en que se ha hecho pública ni el Govern ni el Institut Català de Finances ni los afectados habían sido informados de la resolución, que ha avanzado el diario El País, y el Tribunal ha confirmado posteriormente a través de una nota de prensa. 

El escrito de la delegada instructora también deja claro que la decisión pone en marcha los embargos. 

La Abogacía del Estado esquiva el caso

El órgano fiscalizador ha tomado esta decisión después de que el abogado del Estado ante el tribunal rechazó pronunciarse tal como se le había pedido desde el Tribunal, y elevó la cuestión a la Abogacía del Estado, que también se negó a posicionarse argumentando que no procedía.

Recursos contra la instructora

También hoy la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha hecho públicas las resoluciones con que rechaza los diferentes -y numerosos- recursos presentados en contra de la instrucción del caso que ha llevado a cabo la delegada instructora, Esperanza García, así como contra la liquidación de 5,4 millones de euros y contra la decisión de pedir un informe a la Abogacía del Estado. 

 

La Sala de Justicia rechaza que se haya producido ninguna situación de indefensión por la forma como se ha llevado a término la instrucción y ha concluido que la petición del informe a la Abogacía del Estado se enmarca dentro de las diligencias que puede llevar a cabo la instructora en la fase de Actuaciones Previas.

 

De los 34 exmiembros del Govern encausados por el Tribunal de Cuentas, 29 se habían acogido a los avales del Fondo Complementario de Riesgos y presentaron los avales del ICF para cubrir sus fianzas.

Entre los responsables políticos a los cuales se reclaman las fianzas están los presidents Carles Puigdemont y Artur Mas, a los cuales se reclaman respectivamente 1,9 y 2,8 millones, y el vicepresident Oriol Junqueras, también con 1,9 millones.

Las fianzas más elevadas corresponden al ex secretari general del Diplocat Albert Royo, al cual se reclaman 3,6 millones; la exinterventora general de la Generalitat Mireia Vidal, con 3,1 millones, y los exconsellers Francesc Homs y Andreu Mas Colell, con 2,9 y 2,8 millones respectivamente.

 

En la imagen principal, la fachada del Tribunal de Cuentas en Madrid / Europa Press