El Parlament ha oficializado el enfrentamiento con el Tribunal Constitucional. Ha desoído la advertencia que el TC le hizo llegar la semana pasada, en el sentido de que la comisión de Estudio del Procés Constituent es "absolutamente inviable", y en medio de acusaciones y reproches de la oposición ha debatido y aprobado las conclusiones de esta comisión en el hemiciclo.

Después de un tenso debate en que los partidos contrarios al proceso han acusado JxSí y la CUP de saltarse las reglas del juego democrático, se ha sometido el texto a votación. Los diputados del Ciutadans y los del PP han abandonado el hemiciclo, mientras los 72 diputado de JxSí y de la CUP votaban a favor, los 10 de CSQP, en contra y los del PSC, a pesar de no abandonar el pleno, no participaban en la votación.

Eso pasaba casi a la misma hora que el diputado del Partit Demòcrata Català en el Congreso Francesc Homs se entrevistaba en el palacio de la Zarzuela con el rey Felipe VI dentro de la ronda de conversaciones para señalar a un candidato a la investidura del presidente del Gobierno español. Por la tarde, Homs constataba que la Mesa del Congreso decidía aplazar la decisión sobre el grupo propio que el Partit Demòcrata reclama a la cámara alta y desde C's se insinuaba una relación con la votación en el Congreso.

Ha sido un día intenso. El debate sobre el procés en el Parlament empezó tan pronto como se cerró la sesión de control al Govern donde el president, Carles Puigdemont, había explicado que la cuestión de confianza que anunció después de la no aprobación de los presupuestos se celebrará el 28 de septiembre. Anunció la fecha a preguntas del presidente del grupo del JxSí, Jordi Turull. Además, horas más tarde, en el mismo pleno se debatiría y aprobaría tramitar la primera de las tres leyes sobre estructuras de Estado que prepara la Cámara catalana, la de la Agencia Catalana de Protección Social. Pero la expectación no ha sido la misma.

La votación de las conclusiones de la comisión del proceso se convirtió en la primera ocasión en que el hemiciclo desobedecía de manera directa una advertencia específica del TC. Y de aquí la singularidad de la votación, y la insistencia de los grupos de la oposición en subrayarlo. Desde los escaños de Ciudadanos, PP, PSC y Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) se insistió en esta circunstancia y se reclamó que la Mesa leyera el auto del Constitucional ante del hemiciclo antes de que se aceptara incorporar este punto al debate.

Incidente de ejecución

La respuesta desde Madrid tampoco se hizo esperar. La vicepresidenta del Gobierno español en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció de urgencia en el Congreso para anunciar que el viernes el consejo de ministros autorizará al abogado del Estado a llevar la decisión del Parlament al TC en forma de incidente de ejecución.

La situación ha provocado incluso que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, olvidara las conocidas diferencias, incluso personales, que mantiene con el presidente del Gobierno español en funciones y conversara con Mariano Rajoy para trasladarle el apoyo de su partido "a la exigencia de cumplimiento de la legalidad".

Respuesta del TC

La duda ahora es cuál será la reacción del Constitucional. El año pasado se introdujo una reforma en la ley orgánica del TC que lo capacita para velar por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

El artículo 92 de la ley, que no se ha aplicado nunca, contempla que el Constitucional podrá reclamar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos" y que estos tendrán que atender la petición de manera "preferente y urgente", y contempla diferentes medidas concretas, incluidas sanciones económicas para obligar en que se atiendan sus requerimientos, que oscilan entre les 3.000 i 30.000 euros.

Es por esta razón que la Mesa del Parlament evitó incluir en el orden del día el debate y votación de este punto, que se ha incorporado a petición de JxSí y la CUP. Previamente la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha preguntado públicamente a los portavoces de estos dos grupos si conocían el auto del Constitucional y estos han reconocido estar informados.

Responsabilidad de la Mesa

Por la misma razón la Mesa no aceptó levantar la sesión, tal como reclamaban los grupos de la oposición, para debatir a puerta cerrada el tema y atribuyó la admisión a trámite de este punto a las reglas de funcionamiento del pleno que establece que se puede introducir cambios en el orden del día del pleno si lo piden dos grupos y consiguen la mayoría de los votos. "El pleno es soberano", ha repetido una vez y otra la presidenta.

El objetivo era evitar que el órgano de gobierno de la Cámara, que había estado directamente requerido por el TC para evitar que esta comisión tuviera ningún tipo de recorrido parlamentario, apareciera como responsable del debate que estaba a punto de sustanciarse.

Con todo, los representantes de Ciudadanos, PSC y CSQP en la Mesa han salido a la tribuna para dejar claro su rechazo a llevar al pleno el debate de las conclusiones de una comisión que el TC ha advertido públicamente que no puede actuar.

"No saldrá gratis"

El aviso más directo sobre las consecuencias del debate y la votación fue la del presidente del PP, Xavier Garcia Albiol, que ha advertido que tendrá consecuencias, señalando al president, Carles Puigdemont, y el vicepresident, Oriol Junqueras. "Esta provocación no les saldrá gratis. El Estado de derecho actuará, tardará más o menos, tengo la intuición que tardará menos en esta ocasión", ha advertido.

Ante estas palabras, Junqueras ha pedido la palabra antes de que se sustanciara la votación para preguntar al líder del PP si "tiene alguna información privilegiada del ministro del Interior" que le permite hacer este anuncio. El político popular, pero ya había abandonado el pleno, cuando Junqueras planteaba su propuesta. Y no ha podido responder.

La votación se ha desarrollado sin más novedad y, una vez ha acabado este punto, los diputados han vuelto al hemiciclo y el Parlamento ha reanudado el orden del día con absoluta normalidad.