Han pasado dos años de las elecciones al Parlament de Catalunya del 12 de mayo de 2024, unos comicios que marcaron el final de la mayoría independentista y el inicio de una etapa política mucho más fragmentada. El PSC ganó con 42 escaños y consiguió la presidencia de la Generalitat con Salvador Illa, mientras Junts (35) y ERC (20) quedaron como principales fuerzas del soberanismo en retroceso. El PP subió hasta los 15 diputados, Vox se mantuvo con 11 y el resto de formaciones completaron un escenario sin bloques estables ni mayorías claras y con la irrupción con dos diputados de Aliança Catalana.

El nuevo Govern nació con dos mensajes centrales: “Normalidad institucional” y “política de la gestión”. La idea era dejar atrás el ciclo del procés y sustituirlo por una etapa de descompresión política y estabilidad administrativa. Dos años después, sin embargo, el balance muestra una realidad más compleja: acuerdos de investidura incompletos, tensiones institucionales con el Estado y una acumulación de crisis sectoriales que han puesto a prueba la narrativa inicial del Govern, hasta el punto de que ha habido unos cuantos plenos monográficos para dar respuesta. De hecho, el mandato de Illa ya se inició con una contradicción: mientras se buscaba estabilidad institucional a través de la amnistía, Carles Puigdemont no podía entrar al Parlament de Catalunya y tuvo que desaparecer ante la persecución de los Mossos d’Esquadra en aquel 8 de agosto de 2024, día de la investidura del president Illa. 

PSC: gobernar con acuerdos incompletos y bajo presión constante

El gobierno de Salvador Illa se ha sostenido sobre acuerdos de investidura con ERC y los Comuns. La gestión de la legislatura ha estado marcada por dificultades crecientes para cumplir compromisos clave, especialmente en materia de financiación y transferencias. Uno de los episodios más significativos ha sido el del traspaso del 100 % del IRPF, que se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción política y técnica. Las dificultades para avanzar en este ámbito culminaron en una situación inédita: Salvador Illa se convirtió en el primer president de la Generalitat que retiró unos presupuestos del Parlament ante la falta de apoyos garantizados, un hecho que evidenció la fragilidad de la mayoría parlamentaria.

También el modelo de financiación ha generado decepción entre los socios de investidura. Lo que inicialmente se había planteado como un sistema “singular” para Catalunya ha quedado reducido a una reforma parcial sin el grado de excepcionalidad pactado. Este distanciamiento entre promesa y ejecución ha alimentado tensiones, especialmente con ERC, que había hecho de este punto una condición central de su apoyo. El traspaso de Rodalies ha seguido una lógica similar: avances parciales, pero con una estructura final donde el Estado mantiene una participación mayoritaria en la gestión, lo que ha sido interpretado por diversos actores como una cesión insuficiente.

El último gran acuerdo institucional, el Consorci d’Inversions, ha evidenciado de nuevo las dificultades de encaje entre gobiernos y oposición: Junts ha mostrado su rechazo en el Congreso de los Diputados, convirtiéndolo en un nuevo foco de conflicto interinstitucional. En paralelo, el Govern ha tenido que afrontar múltiples crisis sectoriales que han erosionado el discurso de la “gestión tranquila”: incidencias reiteradas en Rodalies, tensiones en el sistema educativo con protestas del profesorado, la crisis de la peste porcina, el conflicto con el sector pesquero por el Mercosur o la polémica por el traslado de las obras de Sixena. 

Además, el contexto político continúa condicionado por la no aplicación efectiva de la amnistía: Carles Puigdemont y Lluís Puig todavía no pueden pisar Catalunya, hecho que mantiene vivo el conflicto institucional con el Estado y dificulta el relato de normalización política que defiende el Govern. Sin embargo, el president Illa intentó hacer un gesto de normalidad reuniéndose con el president en el exilio en Bruselas. 

Junts per Catalunya: del congreso de Calella al rearme orgánico y la presión constante

Junts per Catalunya ha vivido dos años de intensa reconfiguración interna, combinando reorganización orgánica, redefinición estratégica y presión política constante sobre el Govern Illa. El punto de inflexión fue el congreso de Calella, donde se formalizó el regreso de Carles Puigdemont a la presidencia del partido, consolidando de nuevo su liderazgo indiscutible dentro del espacio postconvergente. Este congreso no solo tuvo una dimensión simbólica, sino también estratégica: sirvió para recentralizar el proyecto político alrededor de Puigdemont en un momento de debate interno sobre el papel de Junts entre la confrontación con el Estado y la influencia institucional. Los juntaires, además, están preparando un reagrupamiento del espacio convergente dentro del partido, pensando, sobre todo, de cara a las próximas elecciones municipales del mes de mayo de 2027.

En paralelo, el partido ha vivido una reorganización importante de su grupo parlamentario. Mònica Sales ha asumido la presidencia del grupo parlamentario, un movimiento que busca reforzar la dirección política interna y la coordinación estratégica en la cámara. Salvador Vergés, por su parte, se ha consolidado como portavoz, asumiendo un papel clave en la proyección mediática del partido y en la definición del relato parlamentario. Sin embargo, el no regreso del presidente Puigdemont ha provocado dificultades en cuanto al liderazgo de Junts per Catalunya en el Parlament, hasta el punto de que a estas alturas no existe la figura del jefe de la oposición. Una buena muestra de las consecuencias de esto son los resultados de las últimas encuestas, en las cuales los juntaires no salen bien parados y la ciudadanía no percibe un liderazgo claro. 

La relación con el Govern Illa ha estado marcada por una oposición dura, pero también selectiva. Junts ha denunciado reiteradamente el incumplimiento de los acuerdos de investidura con ERC y los Comuns, especialmente en tres grandes ámbitos: financiación, Rodalies y lengua. En el caso de la financiación, el partido ha criticado abiertamente que el modelo pactado no sea realmente singular, sino una reforma limitada del sistema actual. Esta crítica ha servido como elemento central de su discurso de oposición. Sin embargo, los juntaires han centrado la mayoría de sus políticas y acuerdos en Madrid, ya que en el Parlament no son clave, como sí lo son en el Congrés dels Diputats. 

ERC: del congreso de Martorell al regreso de Junqueras y las negociaciones con el PSC 

ERC ha vivido uno de los procesos de reordenación interna más profundos del ciclo político actual. El congreso de Martorell supuso un punto de inflexión decisivo: el sector conocido como “junquerismo” se impuso claramente a las candidaturas afines a Marta Rovira, permitiendo el regreso de Oriol Junqueras al liderazgo efectivo del partido. Este movimiento cerró un período de dirección compartida y tensiones internas prolongadas, y recentralizó el poder orgánico y estratégico dentro de ERC. Este regreso de Junqueras ha tenido consecuencias directas en la estructura política y parlamentaria del partido. Los republicanos se han erigido en clave para la gobernabilidad en Catalunya, a pesar de que el acuerdo de investidura fue negociado y firmado por la ejecutiva de Marta Rovira. 

Uno de los cambios más visibles ha sido la sustitución de Marta Vilalta como portavoz en el Parlament por Ester Capella, una figura claramente alineada con el sector junquerista.  Al mismo tiempo, Josep Maria Jové se ha mantenido como presidente del grupo parlamentario. Esta continuidad no es menor: responde a la voluntad de evitar una nueva escalada de tensiones internas y de garantizar estabilidad en la gestión parlamentaria en un momento delicado. En este sentido, ERC ha optado por un equilibrio entre renovación del discurso y contención de conflictos internos, evitando una ruptura abierta entre sensibilidades, a pesar del malestar con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

En el ámbito político, ERC ha mantenido un papel central en la gobernabilidad de Catalunya, especialmente como socio imprescindible del PSC en múltiples votaciones y en el sostenimiento indirecto de la legislatura. Sin embargo, este papel ha sido ambivalente: por un lado, permite influir en políticas clave; por el otro, genera desgaste por la percepción de incumplimiento de los acuerdos de investidura. Los principales puntos de fricción han sido los mismos que afectan al conjunto de la legislatura: la financiación singular que no acaba de materializarse como estaba previsto, las dificultades en el traspaso real de competencias como Rodalies y la lentitud en avances estructurales. 

PP: crecimiento sostenido y dificultades de expansión

El Partido Popular consolidó su regreso al Parlament con 15 escaños, convirtiéndose en una de las sorpresas del 12-M. Este crecimiento respondió a su capacidad de absorber voto de centroderecha y de presentarse como alternativa clara dentro del bloque españolista. Sin embargo, estos dos años han mostrado también los límites de su crecimiento. El PP ha tenido dificultades para expandirse más allá de su núcleo consolidado y se ve condicionado por la competencia con Vox. Su influencia institucional es limitada, a pesar de que la mayoría de 68 diputados entre PSC, PP y Vox les permite rechazar cuestiones vinculadas al soberanismo e independentismo. Las relaciones entre su líder en Catalunya, Alejandro Fernández, y el líder estatal, Alberto Núñez Feijóo, han mejorado después de empezar con buen pie y en las próximas semanas todo apunta a que habrá un congreso del PP catalán para revalidar su liderazgo. 

Vox: estabilidad electoral e impacto discursivo

Vox ha mantenido sus 11 diputados y ha consolidado un espacio electoral estable. El partido continúa centrando su discurso en la seguridad, la inmigración y la crítica al procés independentista, manteniendo una presencia mediática elevada a pesar de su escasa capacidad de incidencia legislativa. Su evolución en estos dos años ha sido de consolidación más que de expansión. Sin crecimiento significativo, Vox se mantiene como actor condicionante del debate político, especialmente en cuestiones identitarias, pero sin capacidad de liderar mayorías o acuerdos, y utilizando una agresiva estrategia en las redes sociales. Ahora bien, la extrema derecha españolista está midiendo hasta qué punto endurece el tono ante la irrupción de Aliança Catalana y un buen ejemplo es lo que pasó en el último pleno, en el cual el diputado Alberto Tarradas amenazó con deportar a la diputada de ERC Najat Driouech, a pesar de que después se retractó. Además, Vox ya hace unos meses que ha empezado a intervenir en catalán con el objetivo de competir con los de Sílvia Orriols.

Els Comuns, clave para el PSC

Los Comuns llegan a los dos años del 12-M en una posición de influencia superior a su peso electoral, con 6 diputados, pero un papel clave en la gobernabilidad del Govern de Salvador Illa. Han sido uno de los apoyos esenciales de la investidura y continúan actuando como pieza de encaje entre el PSC y las demandas de la izquierda transformadora, especialmente en ámbitos como vivienda, transición ecológica y derechos sociales. Esta centralidad, sin embargo, no ha ido acompañada de un crecimiento electoral. En estos dos años han intentado marcar perfil propio dentro del bloque de izquierdas, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de investidura y presionando para que las políticas sociales tengan más velocidad y ambición. Su apoyo al Govern ha sido estable, pero condicionado a la ejecución real de compromisos como la regulación del mercado de la vivienda o el refuerzo de los servicios públicos, hecho que ha generado algunos momentos de tensión con el PSC.

A pesar de su capacidad de incidencia parlamentaria, los Comuns afrontan una dificultad: mantenerse como fuerza relevante sin expandir base electoral. Su estrategia de “izquierda útil” les da acceso a la decisión política, pero a la vez les sitúa en un espacio incómodo entre la responsabilidad de gobierno y la necesidad de diferenciarse del socio mayoritario.

La CUP, centrada en la vivienda, lengua y servicios públicos

La CUP llega a los dos años del 12-M con una representación reducida de 4 diputados y con un papel más testimonial que no determinante en la política parlamentaria. El partido ha mantenido una línea ideológica centrada en el discurso anticapitalista, la defensa de los derechos sociales y la denuncia de las políticas de gestión institucional que considera continuistas. Sin embargo, su capacidad de incidencia real en la legislatura ha sido limitada en un Parlament fragmentado y con un independentismo menos movilizado.

En estos dos años, la CUP ha optado por una oposición nítida tanto al Govern del PSC como a las derivadas de los acuerdos de investidura con ERC y los Comuns, especialmente en materias como el modelo económico, las infraestructuras o las políticas lingüísticas. El partido mantiene su espacio como referente del soberanismo de izquierdas más rupturista, pero sin haber conseguido ampliar apoyo electoral ni recuperar el peso político de etapas anteriores, hecho que evidencia los límites actuales de su espacio dentro del sistema político catalán.

Aliança Catalana, todos contra Orriols

Aliança Catalana ha pasado de ser una irrupción testimonial a consolidarse como un actor emergente. Con 2 escaños, ha capitalizado parte del descontento en sectores del independentismo más duro, así como el malestar con la inmigración, y ha introducido un discurso identitario que ha alterado los equilibrios internos del bloque soberanista. Su crecimiento potencial es uno de los elementos que más preocupan a Junts, ya que compite directamente en espacios electorales similares. Además, los discursos contra la extrema derecha y contra su líder, Sílvia Orriols, le han ayudado a visualizarse y a ganar peso en las encuestas.