El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo —el equivalente al defensor del pueblo en el ámbito estatal—, ha afirmado este viernes que el órgano ha recibido quejas de ciudadanos contra la ley de amnistía al proceso, que el Congreso aprobó la semana pasada después del pacto entre el tándem PSOE-Sumar y los partidos independentistas y que ahora se está tramitando en el Senado. Durante la presentación del informe anual correspondiente al 2023, Gabilondo ha asegurado que no se pronunciará en ningún caso sobre la cuestión y que estas demandas ciudadanas quedan en el aire mientras la ley no se apruebe definitivamente, porque, según ha argumentado, no quiere tener "incidencia política" durante la tramitación de la norma. Un criterio diferenciado de la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, cuyo sector conservador ha promovido una resolución contraria a la amnistía este jueves aprovechando que goza de mayoría.
"Sería injusto decir que algunos ciudadanos nos escriben para desahogarse", ha comentado, detallando que los autores de estas quejas expresan su "disconformidad social, política" o incluso "emocional" con esta medida de gracia. "Unos argumentan más y otros menos, pero tienen cariz político, que es muy respetable, pero nosotros no podemos dirimir sobre posiciones políticas", ha apuntado. Con todo, Gabilondo ha asegurado que la respuesta no es un portazo, sino que se les contesta con una argumentación sobre por qué el órgano no puede aceptar las demandas.
Gabilondo, catedrático de filosofía y reconocido miembro del PSOE, también ha mencionado que ha escuchado anuncios de personas que quieren que el Defensor recurra la amnistía ante el Tribunal Constitucional. Así lo han hecho, por ejemplo, una asociación llamada Impulso Ciudadano y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria. En este sentido, Gabilondo ha incidido en el hecho que la Defensoría "no puede ni tiene que pronunciarse sobre una norma que todavía no ha finalizado su tramitación parlamentaria, porque "no puede ni tiene que intervenir ni interferir en los procesos de elaboración de las leyes".
Más de 35.000 quejas
El Defensor del Pueblo recibió 35.603 quejas de la ciudadanía en 2023, un 13,2% más que en 2022, muchas relativas al descuido en los servicios públicos esenciales, como la justicia, la Seguridad Social y la sanidad, y a la saturación de la atención ciudadana por parte de las administraciones. Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol el Informe anual de la institución relativo a 2023. Los asuntos que protagonizaron las quejas ciudadanas afectaban principalmente la administración de la justicia (el 12%), la Seguridad Social, interior, asilo, educación y sanidad.
IMV ineficiente, administraciones colapsadas, menores no acompañados y bullying
Aparte de la amnistía, el Defensor del Pueblo ha alertado en el informe que Canarias no puede asumir el solitario la acogida de menores no acompañados que llegan en pateras y ha instado a compartir la tutela con ONG, fundaciones o entidades dedicadas a la protección del menor. En este sentido, también ha defendido una legislación que garantice "el camino de la solidaridad". "No tomemos este asunto como 'qué lío que tienen en Canarias', no es un asunto de Canarias, necesita implicación de todo el país y todas las administraciones", ha subrayado.
Gabilondo también ha alertado de la saturación de los servicios de atención ciudadana de las administraciones públicas, la imposibilidad de conseguir cita previa y los años de espera que las personas tienen que sufrir para hacer algunos trámites. El Defensor insiste en la necesidad de reforzar al personal de los registros civiles y acelerar su completa digitalización con un sistema informático único. En este sentido, se ha destacado el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ha recibido muchas quejas porque no llega con eficiencia a todas las personas que lo necesitan: "Se producen situaciones no razonables e injustas". Finalmente, Gabilondo ha alertado del aumento los casos de acoso escolar y ha instado a revisar los protocolos de prevención.