La gestión de una tragedia no se limita a la actuación sobre el terreno. También incluye la construcción de un relato y la gestión comunicativa: quién comparece, cuándo lo hace, qué y cuántos datos se ofrecen, qué responsabilidades se asumen y de qué se hace responsables a los adversarios políticos. En el accidente de Adamuz (Córdoba) y la DANA que arrasó parte del País Valencià a finales de octubre de 2024 —las dos tragedias más recientes que ha sufrido el Estado español— se observan dos maneras diferentes de afrontar la crisis. En el caso del siniestro ferroviario, el Gobierno ha optado por una estrategia basada en comparecencias frecuentes y detalladas, con un protagonismo claro del ministro responsable del caso; el titular de Transportes, Óscar Puente. Y también de acusar al PP de hacer uso de “bulos” y desinformación para desgastar al ejecutivo de Pedro Sánchez. En el caso de la catástrofe meteorológica, los populares optaron desde un primer momento por cerrar filas con Carlos Mazón y acusar al Gobierno de ser el culpable de que se produjeran tantas muertes.
Puente —un ministro tuitero obsesionado con la comunicación, tal como señalan a este periódico fuentes de la Moncloa— ya dio pistas la noche de la tragedia sobre cómo pretendía gestionar la crisis de Adamuz: compareció de madrugada en una breve rueda de prensa en la que admitió que no se disponía de mucha información, pero que el accidente se había producido en condiciones “extrañas” porque se trataba de una línea recta, el tren era nuevo y la infraestructura había sido renovada hacía poco.
Desde entonces fue entrevistado en distintas televisiones y cadenas de radio, y ha ofrecido dos ruedas de prensa sin ninguna limitación de tiempo ni preguntas, en las que ya ha podido dar más detalles y ha reconocido que la principal hipótesis es una fractura previa de la vía. No ha descartado que el origen sea un “defecto de fábrica”. Un elemento relevante en el caso de Adamuz es que no se ha producido nunca un debate público sobre quién era la autoridad competente. La infraestructura ferroviaria es de titularidad estatal. El PSOE no ha tenido ni una sola oportunidad de trasladar ningún tipo de culpa a la Junta de Andalucía, actualmente en manos del PP.
Los ataques del PP al Gobierno por la DANA
En el caso de la DANA, la normativa es clara y apunta a que la gestión de una emergencia es responsabilidad de la autonomía. Pero el PP, desde un primer momento, aprovechó la multitud de actores afectados por la tragedia para repartir culpas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladó su apoyo al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de quien sencillamente reconoció que podía haber cometido algunos "errores humanos". Y defendió que las decisiones tomadas por el gobierno autonómico se tomaron en función de la información disponible en cada momento. Es así como los populares pusieron el foco en el papel de organismos de titularidad estatal, como la AEMET, responsable de las previsiones, o la Unidad Militar de Emergencias, como recurso clave en la respuesta a grandes catástrofes. El argumento era que, aunque la dirección operativa recaiga en la autonomía, la calidad y el momento de la información condicionan la capacidad real de decisión.
A pesar de los intentos del PP de repartir las culpas, desde un primer momento caló en la opinión pública que la responsabilidad última de la tragedia fue de la Generalitat Valenciana, que podría haber disminuido la cifra de 229 muertos si hubiera enviado antes el ES-Alert a la población. Y entonces el foco se situó en una pregunta que aún no ha tenido una respuesta clara: ¿por qué la comida de Mazón con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante Ventorro se alargó tantas horas y llegó tan tarde al CECOPI?
A medida que avanzaban los días, la DANA derivó en una confrontación de relatos entre PP y PSOE. El Gobierno defendía que los avisos meteorológicos se habían emitido con antelación suficiente y que las comunidades autónomas disponen de los instrumentos legales para activar alertas y protocolos. El PP, por su parte, insistía en la complejidad de gestionar una emergencia en tiempo real y en la dependencia de información técnica generada por organismos estatales que, según ellos, no se habían enviado de forma correcta. Esta dinámica acabó situando el debate en el terreno del minutaje: quién supo qué, cuándo y con qué grado de concreción.
La tregua política
En plena conmoción en todo el Estado, Sánchez intentó evitar que se le tachara de oportunista y evitó durante muchos días señalar a Mazón como culpable. No fue hasta 20 días después que el Gobierno señaló que el entonces president de la Generalitat debía dimitir —no lo hizo hasta un año después— y asumir “responsabilidades judiciales”.
De momento, en el caso de Adamuz, el PP también está respetando el apartado de las responsabilidades, y Feijóo se negó el viernes en una rueda de prensa a pedir la dimisión o el cese de Puente como ministro de Transportes. Pero ha roto la tregua política muy pronto. No ha tardado en vincular el accidente con la gestión del Gobierno. Así, ha acusado al ejecutivo de Sánchez de “falta de información”, de estar “desaparecido” y “colapsado” y de deslealtad institucional por no compartir en privado información delicada con el PP. Ha lamentado que el Gobierno actúa “tarde y mal” ante la crisis ferroviaria y ha señalado que “el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación”. Con el luto oficial finalizado, la batalla política entra de lleno en la tragedia de Adamuz.