Turno de la CUP para exigir la dimisión de la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la haya condenado a 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación a cargo público y a pagar una multa de 36.000 euros al considerarla autora de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental por su gestión cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha pedido a Borràs que detenga "el choque mediático" y dimita. "Está haciendo daño al movimiento independentista", ha asegurado en una entrevista con la ACN.
"Chapuza jurídica del PSC"
A pesar de exigir que Borràs dé un paso al lado, rechazan la propuesta del PSC para destituirla como presidenta de la cámara catalana. Los socialistas plantean añadir un nuevo artículo al reglamento, para regular las causas de pérdida de condición de miembros de la Mesa, pero además también quieren añadir la remoción del cargo por pérdida de confianza, acordada por el pleno del Parlament por mayoría absoluta. Los anticapitalistas consideran que se trata "de una chapuza jurídica" hecha "ad hoc" por intereses electoralistas. Así, los anticapitalistas no forzarán su expulsión mientras la condena no sea firme: "Ya está suspendida, de facto no tiene ninguna función". A la espera de una eventual intervención de la JEC que aparte definitivamente a Borràs, la CUP promete hacer "todo lo que esté" en sus manos para evitar que la presidencia "recaiga en el 155".
Xavier Pellicer ha advertido que su formación no se propondrá para una posición institucional "si no se puede cumplir con las funciones o con las propuestas que pensemos que tiene que hacer". En este sentido, ha apuntado que es muy difícil poner sobre la mesa a un candidato de la CUP.
El caso Borràs
Mientras ERC y la CUP niegan que se trate de persecución política, en Junts mantienen que es "un caso claro de lawfare". Precisamente, la formación que lidera Borràs registró este miércoles un escrito en que solicita dejar sin efecto el acuerdo por el cual se la suspendió. En cambio, desde Òmnium defienden que la causa tiene una "motivación política especial". Con todo, Pellicer sostiene que a los independentistas "se les mira con lupa" en el estado español por el hecho de serlo, pero cree que eso no exime a nadie de ser culpable si ha tenido "malas praxis o ha hecho corrupción". Y añade: "Si a todo el independentismo se lo ha mirado con lupa y solo ha habido unas determinadas imputaciones, es porque hay motivos de fondo, como ha quedado evidenciado a la sentencia y en los diferentes elementos probatorios".
El diputado de la CUP lamenta que el caso de Borràs está haciendo "un mal servicio al país" porque, según asegura, está desviando el debate de los problemas de la ciudadanía. "La prioridad no está en quien ocupa la presidencia del Parlament, sino en sí se pone las pilas para garantizar los derechos de la gente", ha remachado Pellicer, que, aparte, ha alertado de la necesidad de abordar la sequía o los macroproyectos.