Sobre el papel, y sobre la ley, las comunidades tenían las competencias exclusivas en Sanidad, transferidas completamente entre los años 1981 y 2001. Los diferentes gobiernos autonómicos disponían de sus propios sistemas de salud, con experiencia acumulada de décadas. Pero llegó el coronavirus y La Moncloa, el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, decidió tomar las riendas de la gestión. Algunos lo han calificado de "155 sanitario" y otros de "LOAPA sanitaria".

Ahora hace un año, el 14 de marzo del 2020, se anunciaba un Consejo de Ministros extraordinario, en sábado, ante la aceleración de la propagación del virus. Al día siguiente, después de nueve horas de reunión, Pedro Sánchez comparecía desde la sala de prensa del palacio de La Moncloa para anunciar la declaración del estado de alarma en toda España. Y el 15 de marzo entraba en vigor. Una herramienta que no se había tenido que utilizar durante la democracia española más allá de una huelga de controladores aéreos muy acotada. Primer punto: el mando único lo tendrá él mismo y los ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes. Plena disposición para dictar órdenes por su cuenta. Las comunidades sólo tienen voz, pero no voto. Desde entonces, un año después, se ha ido modulando, pero los territorios siguen sin recuperar sus plenas competencias.

En todo momento la batuta la ha llevado el Estado, aunque hayan pasado los meses y los ministros. Antes con Salvador Illa y Carolina Darias, y ahora con Carolina Darias y Miquel Iceta. Primero fue con los militares, policías y guardias civiles cada día desde La Moncloa, las compras centralizadas –también de centenares de miles de tests defectuosos–, el desabastecimiento de material sanitario imprescindible o la improvisación del confinamiento unitario. Pero también se vio después con la llamada "desescalada". A pesar de patentar el término de "cogobernanza", el desconfinamiento se hizo siguiendo un plan único de fases para el conjunto del Estado. Cogobernanza, pero con las competencias retenidas por La Moncloa.

El mejor ejemplo fueron las conferencias de presidentes autonómicos de cada domingo, que desde el verano no se han vuelto a celebrar. El malestar era generalizado entre gran parte de las comunidades, fueran del signo que fueran, por la puesta en escena. Si bien Pedro Sánchez prometía participación de las autonomías, a la hora de la verdad llegaba con las decisiones ya tomadas. Según denunciaban los líderes territoriales, el presidente español se limitaba a hacer el anuncio y escuchar las quejas. Los encontronazos con varios dirigentes autonómicos han sido especialmente sonados. Especialmente con el president Quim Torra, que proponía unas medidas que eran despreciadas, pero se acababan adoptando semanas después. O con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a quien el gobierno central le impuso el estado de alarma cuando toda España había salido.

Por el camino, también, se ha debilitado el control parlamentario. Durante la primera ola, el estado de alarma tenía cada dos semanas su debate parlamentario y su votación de la prórroga en el Congreso. Ante los quebraderos de cabeza que supuso para Pedro Sánchez, en otoño decidió declarar un estado de alarma de seis meses con una comparecencia del presidente español cada dos meses (lo único que arrancaron los grupos). Las autoridades delegadas competentes pasaron a ser los presidentes autonómicos, pero el terreno de juego sigue estando delimitado por el Estado. Se vio cuando la Generalitat, pero también el gobierno de Asturias, plantearon confinamientos domiciliarios, que La Moncloa impidió. También cuando Castilla y León quiso adelantar el toque de queda a las ocho de la noche, que Sánchez llevó a los tribunales.

Las tensiones no se acaban. Se ha visto esta misma semana con el proceso de vacunación y el doctor Josep Maria Argimon amenazando con la desobediencia. El Govern de Catalunya, pero también los de las Baleares, Madrid o Andalucía, han reclamado poder utilizar las dosis de AstraZeneca con mayores de 55 años. Gracias a los nuevos estudios es lo que han hecho países como Francia, Alemania, Suecia, Italia, Grecia, Bélgica, Portugal o Andorra. Pero el Ministerio de Sanidad, que fija las directrices, sigue aplazando la posible decisión.

Más allá de la crisis actual, también se han producido otros movimientos en clave recentralizadora. El pasado diciembre, el Consejo de Ministros aprobó, en palabras de la portavoz María Jesús Montero, "el primer plano general de emergencias del Estado". Lo que hace este proyecto es "integrar" todos los planes de emergencia existentes, tanto los estatales como los autonómicos, y movilizar también todos los recursos existentes, tanto los estatales como los autonómicos. Será para hacer frente a "emergencias inespecíficas y multiriesgo que no tenían respuesta en los planes ordinarios", como era el caso de la Covid-19.

El australiano Lowy Institute publicó hace pocas semanas un ranking que evaluaba la gestión que habían hecho de la crisis del coronavirus hasta cien países de todo el mundo, la respuesta que habían dado. En el podio, Nueva Zelanda, Vietnam y Tailandia. En cambio, España ocupa la posición 78, superado por todos sus vecinos. Los últimos puestos son para Brasil, México y Colombia. Otro estudio, de la Universidad de Cambridge, concluyó que el Estado español fue el país de la OCDE que peor gestionó la primera ola, la primavera del año pasado.

Un año de estado de alarma, con la tregua de los meses de verano. El estado español ha pasado de un mando único a una cogobernanza limitada y encorsetada, a pesar de las competencias transferidas desde hace años. En el caso de Catalunya, fue la primera comunidad, el año 81, ahora hace cuatro décadas. De momento, nada hace prever el final. De hecho, este mismo viernes, la ministra de Sanidad no cerraba la puerta a alargarlo más allá del 9 de mayo, que es cuando finaliza el actual estado de alarma de seis meses.