"Difícilmente será antes de Navidad". El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se ha referido este jueves de esta manera a la resolución del recurso de amparo presentado por Carles Puigdemont por la negativa del Tribunal Supremo de aplicarle la ley de amnistía. En un desayuno informativo con periodistas, el máximo responsable del tribunal de garantías ha alejado la posibilidad de pronunciarse con celeridad sobre la amnistía del president de la Generalitat en el exilio y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Ha confirmado así que las recusaciones planteadas contra algunos magistrados (ya rechazadas) han retrasado cualquier pronunciamiento del TC sobre esta cuestión. "Tardará unos cuantos meses en resolverse", ha reiterado ante las preguntas de los periodistas.
Otro factor que retrasa cualquier decisión sobre el recurso de amparo de Puigdemont, Comín y Puig es que el Constitucional debe pronunciarse sobre los recursos contra la amnistía presentados por los distintos gobiernos autonómicos de comunidades gobernadas por el PP. Fuentes del entorno de Pumpido, por otro lado, también alejan la posibilidad de que el Constitucional aborde en el Pleno de la próxima semana la malversación cuando tenga que pronunciarse sobre el recurso contra la ley de amnistía presentado por el gobierno autonómico de Aragón. También en aquel Pleno se resolverá el recurso de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo por un caso de desórdenes públicos.
Así pues, no habrá ningún pronunciamiento sobre el elemento nuclear que impide a estas alturas cualquier regreso a Catalunya —sin correr el riesgo de ser detenido— del líder de Junts hasta 2026. El mandato de Conde-Pumpido como presidente del Constitucional acaba, además, el próximo mes de diciembre. Ahora bien, él continuará en el cargo si el Senado es incapaz de designar nuevos magistrados. También durante la charla, Pumpido ha dicho que le "extrañaría" que España fuera el único Estado de la UE que no pudiera aprobar una ley de amnistía.
El recurso de amparo de Puigdemont
Cuando a mediados de julio Gonzalo Boye presentó el recurso de amparo de Carles Puigdemont, pidió al Constitucional que anule su orden de detención y la de Toni Comín, y que ordene al Supremo que remita la causa al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para que resuelva la aplicación de la amnistía alegando que es el tribunal competente. Y presentó una solicitud de medidas cautelarísimas (sin audiencia de las partes) o cautelares (en caso de rechazar las primeras). Finalmente, el camino que se seguirá es el segundo, y la previsión es admitir a trámite el recurso y abrir una pieza separada para estudiar las medidas cautelares. Es la misma hoja de ruta que se siguió con los condenados en el juicio del procés, que pidieron levantar cautelarmente su inhabilitación.
A partir de aquí, la Fiscalía, que es partidaria de amnistiar la malversación desde que hace un año Álvaro García Ortiz impuso su criterio, deberá pronunciarse sobre la idoneidad de levantar o no la orden de detención mientras el TC estudia el fondo del recurso de amparo de Puigdemont. En el caso de los condenados, el Ministerio Fiscal es partidario de rechazar las medidas cautelares porque “no está convocado, ni próximo a convocarse” ningún proceso electoral y, por lo tanto, no se produce “ningún perjuicio o daño irreparable”. “El perjuicio que se denuncia para el derecho fundamental es más hipotético que real”, adujo hace unos meses. La incógnita es saber cuál será ahora su posición en el caso de Puigdemont, que denuncia que la orden de detención en vigor tiene una “afectación inmediata y de reparación imposible del derecho fundamental a la libertad, con una afectación directa al derecho a la libre circulación por todo el territorio de la Unión Europea” y tiene una incidencia en el “derecho a la participación política”, dado que es diputado del Parlament de Catalunya.
“Quien descalifica al Constitucional se descalifica a sí mismo”
También en esta conversación, organizada para presentar la VI Conferencia Mundial de Justicia que se celebrará a finales de este mes en Madrid, Pumpido ha salido en defensa del tribunal que preside ante los diversos ataques recibidos por dirigentes del PP. Ha criticado especialmente a Esteban González Pons por haberse referido a la institución como “cáncer”. “Quien descalifica al Constitucional se descalifica a sí mismo”, ha espetado en esta conversación con periodistas. A juicio de Pumpido, se ha normalizado condenar a los jueces que se pronuncian sobre política, pero no al revés. Ha defendido que las instituciones no pueden criticarse las unas a las otras. “Y aún menos el Constitucional”, porque sus magistrados han sido elegidos por otros poderes del Estado.