El 65% de las webs oficiales del Estado tan solo están en castellano y el 75% de las traducidas al catalán tienen faltas de ortografía. Estos son algunos de los datos que aporta el estudio de Plataforma per la Llengua sobre un total de 254 webs.

Recientemente, los usos lingüísticos de la Administración general del Estado en sus páginas web han sido objetos de polémica y debate. Cuando se eliminó la versión en castellano de la web de la Casa Blanca, el ministro de Exteriores español puso el grito en el cielo; momento en el que varias voces ya aprovecharon para señalar la poca presencia del catalán y de las otras lenguas oficiales en las páginas web oficiales del Estado.

No obstante, el Gobierno español asegura que la situación ha mejorado mucho y que ahora los ciudadanos pueden hacer muchos de los trámites en las lenguas "cooficiales". En respuesta a esta afirmación, Plataforma per la Llengua ha realizado un estudio sobre 254 páginas web oficiales de la Administración general del Estado para demostrar cuál es la realidad actual.

Datos extraídos del estudio

Un 65% de las webs solo ofrece la información en castellano y en el resto, el catalán aparece de manera parcial o residual, y a menudo con faltas de ortografía importantes. De hecho, tan solo 4 de las webs analizadas ofrecen toda la información también en catalán.

Un 30% de las páginas oficiales estudiadas por la  Plataforma per la Llengua que tienen versión en catalán (recordamos que solo son el 35%) separan el "catalán" del "valenciano". En muchos casos se llega a la absurdidad de presentar dos versiones idénticas de la misma página.

Casi un 75% de las páginas traducidas al catalán contienen faltas de ortografía, olvidos y mezclas lingüísticas constantes, situación inconcebible para la versión en castellano. De hecho, no se escapa ni la Casa del Rey.

Finalmente, también hay que mencionar que tanto la no presencia del catalán, la parcialidad de las traducciones, el secesionismo lingüístico y las faltas y olvidos constantes, se encuentran de manera parecida en todas las ramas de la Administración central: en el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, y, dentro de este último, en cada uno de los ministerios.

Incumplimiento de las disposiciones europeas

El Estado español ratificó la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias el año 2001, que regula los derechos lingüísticos en el continente y establece una serie de obligaciones hacia las lenguas minoritarias. Entre otras cosas, la Carta establece que las autoridades estatales con jurisdicción en territorios con lenguas regionales tienen que asegurarse que los ciudadanos puedan utilizar estas lenguas en los trámites, las solicitudes y la interacción con la Administración, lo que incluye disponer de versiones de páginas web en estas lenguas regionales o minoritarias. Por consiguiente, la Plataforma per la Llengua acusa a los organismos del Estado de incumplir estas disposiciones europeas.

En el Congreso hay 47 diputados catalanes, pero su web no ofrece ninguna información en catalán. Tampoco la del DNI electrónico, o la de la Dirección General de Tráfico, ni la gran mayoría de webs que dependen del Gobierno español y de organismos del Estado. A menudo aparece el catalán en los menús estáticos y en el primer nivel de navegación, pero después la información está en castellano, como pasa en la web del Banco de España.

Por otra parte, mucho de los trámites administrativos no están disponibles en las lenguas "cooficiales", contrariamente a lo que afirma el Estado. Consultar los puntos del carnet de conducir, comprar billetes en Renfe o pagar el IVA, son solo algunos ejemplos. Es por este motivo que desde la Plataforma per la Llengua creen que los catalanohablantes son tratados como ciudadanos de segunda.