La presidenta del Parlament, Laura Borràs, abrirá el lunes contactos con el legislativo británico, Westminster, con una jornada de trabajo. Borràs tiene previsto reunirse con el presidente de la cámara británica, Lindsay Hoyle, el denominado speaker, y también mantendrá encuentros con diputados. Se reunirá también con el intergrupo parlamentario de Catalunya, formado por diputados que simpatizan con la causa catalana, denominado All-Party Parliamentary Group (APPG) on Catalonia.

Formaba parte de este grupo el parlamentario conservador David Amess, que murió recientemente a consecuencia de un ataque terrorista yihadista, al ser apuñalado mortalmente cuando celebraba un acto en una iglesia con electores.

El APPG es un grupo informal con diputados de los principales partidos con representación en la Cámara de los Comunes que tiene el objetivo de "desarrollar vínculos entre los parlamentarios del Reino Unido y de Catalunya".

Borràs también prevé celebrar una reunión con diputadas de la Cámara de los Comunes (Women Parliamentarians), y finalmente un encuentro con la diputada del Partido Nacional Escocés (SNP), Joanna Cherry.

Seguimiento británico del procés

 

El gobierno del Reino Unido reveló en una carta en mayo del 2017, antes del referéndum del 1-O, contactos con las autoridades catalanas.

El reconocimiento por parte del Reino Unido de la existencia de estos contactos se hizo mediante una carta del Foreign Commonwealth Office —Ministerio británico de Asuntos Exteriores— fechada el 27 de noviembre del 2015. La misiva, a la que se puede acceder íntegramente desde este enlace, respondía a una solicitud formal de información confidencial sobre varios aspectos del procés independentista catalán.

Entre otras cuestiones, se solicitaba información reservada sobre las elecciones del 27 de septiembre del 2015, el "referéndum de independencia no oficial" del 9 de noviembre de 2014 —es decir, el procés participativo o consulta alternativa del 9-N— así como "la correspondencia" entre el Foreign Office y la Delegació de la Generalitat per al Regne Unit i Irlanda del Nord desde octubre de 2014, y cualquier otra relacionada con Catalunya desde la misma fecha.

El Foreign Office accedió a desclasificar una parte de los contenidos solicitados, y aportó una serie de correos electrónicos cruzados con la embajada británica en Madrid. No obstante, advirtió que otros documentos no los haría públicos por la razón siguiente: "Podría dañar nuestras relaciones con España". En este sentido, apelaba a la necesidad de "mantener la confianza entre los gobiernos". "La divulgación de esta información podría hacer daño potencialmente a la relación bilateral entre el Reino Unido y España. Eso reduciría la capacidad del gobierno británico de proteger y promover los intereses del Reino Unido a través de sus relaciones con el gobierno de España", se insistía.

La carta del Foreign Office y los correos electrónicos cruzados con la legación diplomática británica en Madrid revelaban la intensidad del seguimiento que estaba haciendo Londres de todo lo que ocurría en Catalunya en relación con el procés en aquel momento. Una muestra es el documento de 36 páginas que se puede consultar íntegramente aquí.