La Audiencia Nacional tiene previsto hacer pública la sentencia del juicio a la familia Pujol Ferrusola por los millones que tenían escondidos en Andorra a finales de julio. El juicio se finalizó este viernes después de 38 sesiones, donde cerca de doscientos testigos han desfilado por la sala de vistas, la mayoría telemáticamente desde su casa (incluso desde su cocina). Precisamente, este 25 de julio hará doce años que el president Jordi Pujol congeló a Catalunya al confesar que la familia tenía dinero en el extranjero sin declarar a Hacienda, procedente de una herencia que su padre, Florenci Pujol i Brugat, antes de morir en 1980 dejó a su mujer, Marta Ferrusola, y a los siete hijos. El president Pujol no ha dado detalles de esta carta porque, a pesar de ser castigado a viajar a Madrid, finalmente, el tribunal lo exculpó de la acusación de blanqueo de capitales y asociación ilícita, como a sus siete hijos, al validar los informes forenses de que Pujol, de 95 años, tiene las capacidades cognitivas afectadas y no puede defenderse. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que la herencia de los Pujol es fruto de la corrupción.
El desfile de testigos, policías y peritos no ha dado luz a la oscuridad de la instrucción, con la vulneración de derechos, denunciada por las defensas. La persecución a la familia Pujol y sus amistades ha sido denunciada, pero no ha sido una excusa para esconder supuestas irregularidades. Exponemos las principales cuestiones del juicio a los Pujol, aderezadas con algunas frases ingeniosas y divertidas de los juristas, que han permitido digerir su dominio del Código Penal y la jurisprudencia.
¿Absolución o condena?
Cuando pocos minutos después de terminarse el juicio, iniciado en noviembre, se supo que el tribunal —formado por los magistrados Ana Mercedes del Molino, José Ricardo de Prada, presidente, y María Fernanda García Pérez, ponente— puede tener lista la sentencia a finales de julio, todo el mundo pensó: “¿Y eso qué significa?”
En un juicio con este volumen de acusados (diecisiete) y testigos (unos 200), un tribunal tarda más de la media de tiempo para resolver, que acostumbra a ser de unos dos meses, que es lo que se quiere cumplir en el caso Pujol. Los tribunales no tienen plazos, como sí los abogados al presentar escritos y recursos. Un caso extremo es el del penalista Gonzalo Boye, juzgado por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional y pendiente de sentencia desde el 6 de marzo de 2025; hace más de un año.
Una sentencia rápida puede significar la absolución porque no es necesario argumentarla tanto como la condena. No obstante, no hay ninguna regla escrita. Además, la responsable de redactar la sentencia del caso Pujol, la magistrada García Pérez, tiene fama de muy trabajadora. Una muestra evidente es que durante el juicio ya repasaba declaraciones de los testigos. Lo supimos cuando el presidente del tribunal pidió a algunos de ellos que hablaran más alto porque la ponente, en algunos casos, no oía bien los interrogatorios grabados.
Corrupción, herencia o fondos “desconocidos”
En los hechos probados de la sentencia, el tribunal deberá resolver si los 8 millones de euros que tenían los siete hijos y su madre en cuentas en Andorra, según el peritaje de la defensa, provienen de una herencia o de la corrupción. El abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, dio una tercera opción al tribunal: “Son fondos opacos de origen desconocido”, afirmación con la que se descarta el origen delictivo y permite su absolución.
El penalista puso el caso de la familia Botín, que cuando fue investigada por su fortuna en el extranjero, expuso que no podía demostrar documentalmente su origen. Tampoco los Pujol de la herencia de los años 80, repartida en “láminas financieras”, de las cuales fueron cobrando y repartiéndose beneficios de 1992 y 2000 con una última aportación en 2004, que gestionó Jordi Pujol Ferrusola.
El fiscal eleva los fondos dispuestos por los Pujol a: 38 millones de euros; 8 millones de dólares, 2,7 millones de marcos y 95.344 libras esterlinas. La defensa, sin embargo, sostiene que no ha demostrado de dónde salen estas cifras. “Parece el producto interior bruto de un estado como Dinamarca”, se mofó el defensor de los Pujol, que criticó abiertamente a los “digitales voceros” contra los Pujol, como cuando malinterpretaron un negocio de Oleguer y “aseguraron que los Pujol habían comprado 1.800 oficinas”, investigación de su sociedad Drago Capital, que se archivó.
“Efecto túnel”
En su informe final, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo hizo suyo el escrito de acusación, elaborado por su colega Belén Suárez, ascendida al Tribunal Supremo. Las acusaciones dijeron que no se entendía ni una pizca porque todo eran especulaciones y “sospechas”, en lugar de indicios, que en el juicio se convierten en pruebas. O no. Salvaron de la hoguera a Bermejo, sin embargo, el fiscal participó en parte de la instrucción y registros del caso Pujol. Además, seguramente, unos cuántos abogados se lo volverán a encontrar en el juicio del caso 3 % y la financiación ilegal de Convergència, programado para el año que viene en la Audiencia Nacional.
Bermejo no se mordió la lengua a la hora de acusar al president Pujol de ser una persona muy importante e influyente. No obstante, el fiscal no pudo detallar ninguna orden delictiva del que fue president de la Generalitat de 1980 a 2003. El fiscal sufrió un “efecto túnel”, a parecer de Jaime Campaner, abogado de Josep Pujol Ferrusola, por no ver los lados, los hechos que complementan las acciones de los acusados.
Se acusa a los siete hijos de Pujol, a la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola (Mercè Gironès) y a los nueve empresarios de blanqueo de capitales. Por este delito el fiscal pide cinco años de prisión para cada hijo. Uno de los requisitos para que se cumpla el blanqueo es que haya un delito precedente u origen, que a menudo es el tráfico de drogas o la venta de armas, dinero que después se introduce a la economía legal, blanqueándolo.
El fiscal Bermejo aseguró que los fondos de Andorra procedían de las comisiones que las constructoras pagaban a los Pujol para tener obra pública. No concretó ninguna. Y repitió como un mantra que los Pujol abrieron las cuentas en Andorra con la Barcelona Olímpica y las grandes obras los años previos de 1992.
De las operaciones sospechosas para el fiscal, como los vertederos de Tivissa y Cruïlles, técnicos y los exconselleres de Medio Ambiente, Ramon Espadaler (CiU) y Salvador Milà (ICV), sostuvieron que no podían favorecer ni denegar la apertura de un vertedero si cumplía todos los pasos exigidos, ya que es una concesión “reglada y debida”.
Por su parte, el abogado del Estado, José Ignacio Ocio, manifestó que los empresarios pagaban “favores inconfesables” sin más detalles, y que el delito precedente del blanqueo es el delito fiscal. Rápidamente, los abogados defensores contestaron con jurisprudencia (sentencias del Caso Ballena Blanca y del Caso Nóos) para recordar a los dos abogados del Estado que el Supremo ha permitido que el delito fiscal sea el delito de origen del de blanqueo, pero que hay que fijar la cuota, y en el caso de los Pujol, no se ha hecho.
“Muerto el perro, muerta la rabia”
El fiscal también acusa a los Pujol de asociación ilícita, delito por el cual pide cuatro años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola, su exmujer y para los otros hermanos, tres años para cada uno. Martell usó un refrán para hacer entender que, si no existe blanqueo, no es necesaria la asociación para delinquir: “Muerto el perro, muerta la rabia; no hace falta decir más”. Pero dijo más. Detalló los elementos del tipo delictivo que se exigen desde la reforma de 2010, y que en los Pujol no se cumple. Lo más evidente es que todos deben ser participantes “activos” y “abrir y cerrar cuentas, como dijo el fiscal del resto de los hermanos, no es suficiente”, declaró el penalista.
“Desde la época de Napoleón”
La falsificación de documento mercantil es el tercer delito que se imputa a Jordi y Josep, Mercè Gironès (con petición tres años de prisión para cada uno) y el segundo a los nueve empresarios (2 años de prisión). Los abogados del Estado, José Ignacio Ocio y Álvaro Bazán, sostienen que los negocios del primogénito del president Pujol “no eran reales” y, por lo tanto, las facturas que le hicieron los empresarios acusados por su intermediación o por ofrecerles una inversión son “falsas”.
Pusieron como ejemplo la sentencia del caso Ópalo. Nuevamente, los abogados defensores se les echaron en tromba para rebatirles dialécticamente, que este caso no encajaba, que hay abundante jurisprudencia que sostiene que la factura es real.
Las acusaciones reprocharon a los empresarios que la mayoría de los negocios con Jordi Pujol Ferrusola eran verbales o con convenios genéricos. "Hay acuerdos verbales desde la época de Napoleón", respondió Luís Jordana, abogado del empresario mexicano Bernardo Domínguez Cerecedes, que recuperó préstamos de su padre al hijo mayor del Pujol.
“Con todo detalle”
“¡Un pelotazo no es delito!”, también declaró Carles Monguilod, abogado de Gustavo Buesa (negocio vertederos), para desinflar la crítica del fiscal Bermejo, añadiendo que se pagan impuestos y “los ministros lo aplauden”. También repitió que “no se ha evidenciado ningún retorno” a los empresarios que supuestamente ayudan a blanquear a los Pujol.
De catalán, muy poco
De catalán, se oyó muy poco en el juicio. Todos los hijos del president Pujol declararon en castellano, a pesar de soltar alguna frase en catalán, como Oriol Pujol. La accidentada experiencia del actual conseller de Justícia para defender los derechos lingüísticos de los catalanes en los juzgados les debió disuadir.
El fiscal Fernando Bermejo que ha hecho buena parte de su carrera en Barcelona, antes de marcharse a Madrid, dijo en catalán “la España nos roba” para reprochar a los Pujol que no cumplieran con el Hacienda somos todos. La brillante Ana Bernaola, defensora de Alejandro Guerrerro, también dijo en catalán que “fil per randa” aportó toda la documentación requerida y más a la policía para evidenciar que los negocios de L’Hospitalet y Eivissa eran bien reales, y no había duplicidad de facturas, ni simulación.
Finalmente, Jordi, Josep y Mercè son acusados de delitos contra Hacienda por diferentes ejercicios, algunos de los cuales sostienen que están prescritos. La Abogacía del Estado lo niega porque asegura que los vincula al blanqueo, y entonces la prescripción es mayor, de diez años. Las defensas insistieron en que el criterio de las durísimas inspectoras de Hacienda de Barcelona era más favorable. Y el último delito imputado a Jordi Pujol Ferrusola y a Mercè Gironès es la frustración de la ejecución, es decir, alzamiento de bienes para hacer frente a la causa. También negado.
Vulneración de derechos
Antes del análisis de los delitos, el tribunal deberá resolver las cuestiones previas, como la vulneración de derechos de los acusados, con registros donde la policía se llevó más documentación que la permitida. También de las coacciones de la policía patriótica a los responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información de los Pujol en el marco del la operación Catalunya.
Así, si nada cambia, los diecisiete acusados sabrán antes de vacaciones si se ha acabado su calvario por ser un Pujol, un amigo de Pujol o hacer negocios con Jordi Pujol Ferrusola, que, en palabras del abogado José María Fuste-Fabra, era “un virus financiero contaminante” a criterio de la policía española. El fiscal le pide la pena más elevada: 29 años de prisión.
No hay que olvidar que en aquella época había agentes que preguntaban “¿hay papeles de los Pujol?”, según un testigo en un registro de la Diputació de Barcelona en otra causa, finalmente archivada.