Después de 38 sesiones, el presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado a la familia Pujol Ferrusola por la herencia en Andorra y a nueve empresarios, José Ricardo de Prada, pronunció este jueves el protocolario visto para sentencia. El largo juicio iniciado el pasado mes de noviembre ha servido para sacar de la instrucción al president Jordi Pujol y también para que, a lo largo de muchas jornadas maratonianas, el caso se fuera desinflando. Pese a ello, el Ministerio Fiscal ha mantenido inflexible la petición de acusación por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y contra Hacienda, y les pide de 8 a 29 años de prisión. El tribunal —formado por los magistrados José Ricardo de Prada (presidente), Ana Mercedes del Molino y María Fernanda García, que era la ponente— maneja emitir el fallo con una celeridad importante y, según algunas apreciaciones, podría hacerse público el próximo mes de julio, antes de las vacaciones de verano.

A medida que han ido transcurriendo las sesiones, se ha hecho evidente que la causa estaba construida sobre demasiados supuestos, muchas falsedades y con múltiples vulneraciones del Estado de derecho por parte de la UDEF. Ninguna de las acusaciones ha quedado probada y los diferentes testimonios, a medida que iban pasando por el juicio, rebajaban con sus declaraciones la gran mayoría de las acusaciones. De hecho, no hubiera sido extraño que, en su escrito final, la Fiscalía o la Abogacía del Estado hubiera reducido sustancialmente las peticiones de condena. Ello no se ha producido, seguramente, por dos razones: la primera, esta actitud de sostenella y no enmendalla, tan acorde con una posición obstinada de persistir en el error. Pero, también, en segundo lugar, porque cualquier retirada de alguna de las acusaciones hubiera desinflado tanto el caso que le hubiera costado mantener buena parte de los años de prisión solicitados en su escrito inicial.

Ninguna de las acusaciones ha quedado probada y los diferentes testimonios rebajaban con sus declaraciones la gran mayoría de las acusaciones

El juicio será recordado también por la obstinación por denigrar al president Jordi Pujol haciéndole viajar a Madrid para comprobar su estado de salud y si realmente estaba incapacitado para declarar y debía quedar fuera de la causa. Es evidente que había, en el trasfondo de todo, un indisimulado deseo de humillación que el tribunal quiso llevar hasta el final, no considerando válidos ninguno de los informes de los médicos que lo habían analizado. Pujol viajó y en el interrogatorio particular de médico y tribunal, cuando se le preguntó si sabía por qué estaba allí, no se anduvo por las ramas: por la deixa de mi padre [Florenci Pujol] y por llamarme Jordi Pujol y haber sido 23 años president de Catalunya. La Fiscalía pide 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola, los negocios del cual han centrado el juicio; 17 años de prisión para Mercè Gironès, exmujer del primogénito de los Pujol; 14 años para Josep Pujol; 8 años para el resto de cinco hermanos, y cinco años de prisión para cada uno de los nueve empresarios acusados de pagar servicios al hijo mayor del president Pujol.

La última sesión del juicio la emplearon los abogados de los últimos siete empresarios imputados. Además de pedir la absolución de sus patrocinados, formularon duras críticas al fiscal anticorrupción y a los dos abogados del Estado por mantener las peticiones de condena por los delitos de blanqueo de capitales y de falsedad documental, a pesar de que nada se ha probado en el juicio. Como se ha ido denunciando durante el juicio, la parte más imaginativa del mismo ha estado en manos de los responsables de la UDEF y, muy especialmente, del instructor Álvaro Ibáñez. Este se autodefinió como el mejor investigador del blanqueo, pero que no fue capaz de detallar el delito precedente, es decir, el dinero de origen criminal, y que se limitó a responder con una serie de opiniones. En resumen, un caso judicial organizado a lomos del procés de independencia de Catalunya y que ha buscado, como otros que hemos visto antes, una persecución penal basada, en muchos casos, en cosas indemostradas y, en consecuencia, falsas.