El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha acusado este martes al president Jordi Pujol, exculpado, y a su familia de “crear una red de clientelismos”, “cobrando el 3 % a empresas” con la finalidad de “defraudar al sistema tributario, y por tanto a la sociedad catalana”. En su informe final, en la Audiencia Nacional, Bermejo ha asegurado que la familia Pujol Ferrusola “saqueó millones de dinero” entre los años 1990 y 2014, y por primera vez ha atribuido los supuestos cobros ilícitos a las “Olimpiadas, entre los años 1990 y 1992”, donde hubo “muchas inversiones en Barcelona”. Sin embargo, no ha detallado ninguna concesión irregular.
Bermejo también ha descartado que los millones en Andorra fueran de la herencia del abuelo Florenci, como indica la familia, porque “no se ha aportado ningún documento”, ni de la gestión del dinero en Suiza. El fiscal ha afirmado que el blanqueo de capitales, por el cual acusa a todos, “no es necesario mostrar el delito de origen si hay una desproporción patrimonial”.
“Ninguna persecución política”
En el juicio, el fiscal ha pedido al tribunal que lo mire con “perspectiva” y ha asegurado: “No se persigue a una familia por su ideología política, sino por organización criminal”. En el escrito, sin embargo, les acusa del delito de asociación ilícita, no de organización criminal.
En su intervención —inicialmente atropellada y contundente a la vez—, Bermejo ha hecho una valoración política, a pesar de descartar que domine en este juicio. “No se puede afirmar el 'España nos roba', y luego defraudar”, ha manifestado el fiscal haciendo referencia a la queja histórica de partidos nacionalistas de que Catalunya padece un grave déficit fiscal.
Por todo esto, mantiene la petición de elevadas penas de prisión para los siete hijos del president Pujol, además de Mercè Gironès, y de nueve empresarios. La pena más alta solicitada es para Jordi Pujol Ferrusola, con 29 años de prisión, y del cual asegura que tejió “la red de clientelismo con amigos”, y que implicaron pagos de Copisa, Emte e Isolux, no para servicios no reales y para “pelotazos”.
El fiscal también ha pedido al tribunal que no rebaje la condena a ninguno de los diecisiete acusados porque “las dilaciones indebidas del proceso han sido provocadas por ellos”, y ha citado que los Pujol se querellaron contra la Banca Privada de Andorra (BPA) por revelación de secretos para evitar que las autoridades andorranas dieran información a la justicia española.
El president Pujol
El fiscal Bermejo también ha expuesto que Jordi Pujol i Soley “es ahora un hombre mayor y frágil”, pero “tenía un poder manifiesto” y ha recordado que fue president de la Generalitat del 1980 al 2003, y también de Convergència. La Audiencia Nacional anunció este lunes que dictará el “sobreseimiento libre” de la causa por corrupción al president Pujol, de 95 años, porque su afectada capacidad cognitiva no le permite defenderse.
Vicky y la policía patriótica
En su exposición, el fiscal Bermejo ha citado “tres hitos de fechas” clave en la causa contra los Pujol. La primera es el 17 de enero de 2013 y ha explicado que es cuando Vicky Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, declara al juez de la Audiencia Nacional que la familia Pujol Ferrusola lleva “bolsas de dinero a Andorra”. Ha reprochado a todas las defensas que no quisieran escuchar a su testigo, a pesar de que el fiscal nada ha explicado que Álvarez fue llevada al juzgado por la policía patriótica del PP, con un socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo y cobró de fondos reservados. Villarejo y comisarios acusados de coacciones a los titulares de la BPA se van espolsar responsabilidades ante el tribunal que juzga a los Pujol, a pesar de que no negaron contactos con los responsables bancarios andorranos.
Las otras dos fechas clave para el representante del Ministerio Público es el pantallazo de El Mundo, el 7 de julio de 2014, con las cuentas de los Pujol en Andorra, y el 25 de julio del mismo año con la confesión del president Pujol que la familia tiene dinero en el extranjero sin declarar a la Hacienda española.