La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio contra el presidente Jordi Pujol, sus siete hijos y nueve empresarios, acusados de corrupción por la fortuna familiar oculta en Andorra. Una novedad, obvia, es que el procedimiento quedará archivado para el empresario Carles Vilarrubí, de 71 años, tras su repentina muerte el 28 de diciembre, y que recibió una sentida despedida de autoridades del mundo político, deportivo y gastronómico catalán. Al inicio del juicio, el abogado de Vilarrubí, el penalista Emilio Zegrí, aseguró que en el escrito de acusación no se detallaba ninguna irregularidad que hubiera cometido el empresario y que la Fiscalía le hizo una “imputación genérica”. Este lunes será la cuarta sesión del juicio a los Pujol Ferrusola, y esta semana habrá tres más, hasta el jueves, con la citación de unos 32 testigos, la mayoría de grupos empresariales por haber hecho negocios con Jordi Pujol Júnior.

Los dos testigos más destacados de este lunes son: Jordi Puig Godés, hermano  del exconseller Felip Puig, y Joan Antón Sánchez Carreté, asesor fiscal de los Pujol, al que en 2015, en una entrada y registro en su despacho profesional, la policía le confiscó un lápiz de memoria con información sobre las cuentas de los Pujol  en Andorra de 1995 a 2014 en la banca Reig (Andbank), dinero después transferido a la Banca Privada de Andorra (BPA).

Todo lo confiscado, nulo

Las defensas han pedido que se declare la nulidad de todo lo incautado en el registro de Sánchez Carreté porque aseguran que se hizo aprovechando la información que les dio la jueza andorrana en una Comisión Rogatoria Internacional (CRI). En  ella, la magistrada puso la "reserva" que la información no fuera usada si era para investigar delitos fiscales y de blanqueo, entonces no existentes en Andorra, ya que no se cumplía el principio de doble incriminación que exige la ley. Una irregularidad negada por el fiscal Anticorrupción y el abogado del Estado, y que el tribunal afirmó que resolvería en sentencia.

Pujol continúa imputado

El inicio de la vista, el pasado 24 de noviembre, fue polémico. El tribunal, presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, resolvió mantener a Jordi Pujol, de 95 años, como acusado en el procedimiento penal, a pesar de que los forenses públicos que lo examinaron concluyeron que no tenía las capacidades cognitivas y físicas plenas para poder defenderse, tal como expuso su defensa, liderada por el penalista Cristóbal Martell. Incluso se calificó de escarnio y sorprendente que el juez De Prada preguntara a los médicos si el 126º president de la Generalitat podía fingir su falta de memoria, después de que abiertamente se puso “a disposición del tribunal”. Con todo, la Audiencia Nacional ha aplazado la decisión sobre Pujol hacia el final del juicio, previsto entre abril y mayo, cuando deben de declarar todos los acusados.

La sección ha permitido que Pujol siga el juicio por videoconferencia, como hizo en la primera comparecencia, pero su defensa ya ha comunicado que no se volverá a conectar hasta que lo requiera el tribunal. Paralelamente, el magistrado presidente del tribunal aceptó, finalmente, que declaren como testigos los principales protagonistas de la policía patriótica del PP, que persiguió a los Pujol y a políticos catalanes, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y el exdirector de la policía, Eugenio Pino. Por ahora, no hay fecha de su comparecencia. 

Las penas solicitadas

Inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de prisión para Jordi Pujol por los delitos de asociación ilícita (5 años), del que le hace director, y de blanqueo de capitales (4 años). La Abogacía del Estado no acusa al que fue presidente de la Generalitat de 1980 a 2003. La pena más alta pedida por Anticorrupción es para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola: 29 años de prisión, porque además de los dos delitos del padre, también se le imputan los delitos contra Hacienda y falsificación documental, como también a su exmujer, Mercè Gironès (17 años de prisión), y a Josep (14 años).

Para el resto de hijos -Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta- el fiscal pide 8 años de prisión por los mismos delitos imputados a su padre. También pide cinco años de prisión para los nueve empresarios y particulares investigados, la mayoría de los cuales por haber hecho negocios con Pujol Júnior, por los delitos de blanqueo (3 años) y falsedad documental (2 años). Las defensas piden la absolución porque no se ha concretado ninguna irregularidad: aseguran que el origen del dinero de Andorra es de la deixa del abuelo Florenci y las operaciones son legales, aparte de aciones prescritas.

Después de las cuatro sesiones, el juicio contra los Pujol continuará la última semana de enero, del 26 al 29; y dos semanas más en febrero, marzo y en abril, si no hay cambios.