Primera validación. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha avalado la ley de amnistía, según expresa en sus conclusiones comunicadas este jueves. Manifiesta que la amnistía es "competencia exclusiva" de los Estados miembros, y que en el caso de la norma del procés, respeta el derecho de la Unión y no se han afectado fondos de la UE con el 1-O. Es decir, descarta la malversación, delito por el que el Supremo no quiere aplicar la amnistía al president en el exilio, Carles Puigdemont, y a su Govern. El abogado del TJUE asegura que la Directiva Europea no contiene ninguna disposición que prohíba expresamente el uso de mecanismos de extinción de la responsabilidad penal, como la amnistía; y replica al abogado de la Comisión Europea que "no es una autoamnistía". Spielmann también afirma claramente que la ley del olvido penal "no es contraria a la directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo".

Ahora habrá que esperar que el TJUE dicte la sentencia y que valide la ley de amnistía —impulsada por el Gobierno del PSOE, con Junts y ERC—, tal como le ha propuesto el abogado general del tribunal, siguiendo la aprobación del Tribunal Constitucional (TC).  Se espera que el TJUE se pronunciará a finales de año, y unos meses después puede llegar la sentencia del TC sobre si el delito de malversación imputado a Puigdemont se puede amnistiar.

El gasto del 1-O

En las conclusiones sobre la causa del gasto del 1-O —que afecta a los gobiernos de Puigdemont y Artur Mas, con la prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas (TCu), que no les quiere amnistiar—, el abogado general propone al TJUE que conteste que "el Tratado de funcionamiento de la UE (TFUE) no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la ley de amnistía por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unión, puesto que no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión". La reclamación del TCu por el 1-O es de 5 millones de euros.

La ley de amnistía del procés prohíbe el perdón de causas que afecten derechos financieros de la UE. Además, el abogado general deja claro que la Generalitat “no usó fondos procedentes del presupuesto de la Unión o administrados por ella” para convocar el Referéndum del 1-O. Y descarta hacer una interpretación extensiva, como propone el Tribunal de Cuentas que “los delitos que no se refieran a fondos de la Unión también se incluyen en el ámbito de aplicación del Tratado de Funcionamiento de la UE”.

Medidas cautelares cuestionadas

La única pega que pone el abogado del TJUE a la ley de amnistía del procés es que algunas de sus disposiciones vulneran el derecho a tutela judicial efectiva, como el hecho de que no se puede obligar a los tribunales a resolver si aplican la norma en un plazo de dos meses, ni a levantar las medidas cautelares de forma "imperativa", ni tampoco a que archiven una causa sin que ponderen los hechos. Cuestiones que fueron subsanadas, al recibir el dictamen de la Comisión de Venecia. 

Además, la mayoría de jueces y tribunales españoles no han cumplido este plazo de dos meses, y han valorado y razonado de forma independiente las causas. Una prueba clara es que el Supremo no quiere aplicar la amnistía a Puigdemont, a quien le mantiene la orden de busca y captura en el Estado español, y a los exconsellers acusados de malversación.

El levantamiento obligado de las medidas cautelares se interpretaba que claramente era para hacer levantar la orden de detención de Puigdemont, que continúa en vigor. En este caso, el abogado general del TJUE afirma que "el órgano jurisdiccional nacional tiene que poder acordar o, en su caso, mantener medidas cautelares hasta que dicte su resolución después de la respuesta del Tribunal de Justicia a su petición de decisión prejudicial". Afirmación que se podría interpretar como un apoyo al Supremo de mantener la cautelar contra Puigdemont si al final quiere hacer una consulta al TJUE, como amenazó que haría si el TC aprueba la amnistía de la malversación del 1-O, al concluir que no hubo ningún enriquecimiento personal, como sostienen las defensas de los líderes políticos.

El abogado del TJUE también asegura que el Tribunal de Cuentas es considerado "un órgano jurisdiccional" y, por lo tanto, su prejudicial tiene que ser admitida. Los abogados Gonzalo Boye, en nombre de Junts, y Marc Marsal, en nombre de investigados de ERC, denunciaron abiertamente "la falta de imparcialidad" del Tribunal de Cuentas y que no podía presentar consultas al TJUE.

 

La causa de los 12 CDR acusados de terrorismo

En las segundas conclusiones, sobre la causa de los 12 CDR de la operación Judas, acusados de terrorismo, Spielmann también avala su amnistía, tal como defendían sus abogados de Alerta Solidària frente la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT). Afirma que el criterio determinante para evaluar esta compatibilidad radica en su conformidad con las exigencias mínimas que se derivan del derecho internacional, en particular del derecho humanitario, y con los estándares jurisprudenciales establecidos, en particular, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

"No es una autoamnistía"

En concreto, el abogado del TJUE manifiesta: "La ley de amnistía cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: por un lado, parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía; por otro lado, no incluye violaciones graves de derechos humanos, entre las que se cuentan, primeramente, las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física. La ley de amnistía establece una exclusión explícita de los actos que hayan causado de forma intencionada tales violaciones, sin incluir formalmente el conjunto de los delitos contemplados en la Directiva. Tal planteamiento no parece incompatible, en principio, con los objetivos de esta última."

Esta afirmación es un claro revés al abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, que en la vista de la gran sala del TJUE afirmó que la ley de amnistía "es una autoamnistía" porque Pedro Sánchez la aprobó para obtener el apoyo de los grupos independentistas catalanes para ser investido presidente del Gobierno.