La batlle (juez) andorrana Stéphanie Garcia Garcia ha notificado que son investigados por delitos muy graves el expresidente Mariano Rajoy, los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y parte de la cúpula policial del momento, como el ex director general de la policía Ignacio Cosidó, el comisario Eugenio Pino, y su mano derecha Bonifacio Díez. Del ángel de la guarda de JFD, Marcelo, no dice nada.
Contra ellos, el Institut de Drets Humans d’Andorra, el colectivo Drets y Higini Cierco (ex màximo accionista de BPA) presentaron una querella por un ataque a la soberanía andorrana mediante las coacciones, las amenazas, la extorsión y el chantaje. La batlle añade la coacción a órganos consticionales andorranos y la creación de documento inveraz, y ha enviado una comisión rogatoria a España para notificar a toda la cuadrilla del PP y de las cloacas que son investigados. Ya se verá si se sientan en el banquillo, pero tendrán que declarar en sede judicial, seguramente en Madrid. Si no, tendrán una orden de busca internacional. Y hay delitos que pueden llegar a ser de 10 años de cárcel.
El gobierno español y las cloacas hicieron caer un banco de un país soberano para perseguir a rivales políticos
Todos ellos habrían participado en la extorsión a los dirigentes de la BPA, para exigirles las supuestas cuentas de Artur Mas, Oriol Junqueras y los Pujol. Si no lo hacían, harían caer al banco (y a la filial Banco de Madrid), como así fue gracias a información supuestamente falsa facilitada al Tesoro de los Estados Unidos, con la connivencia, por cierto, del jefe de gobierno andorrano Antoni Martí. Y eso que el negocio de Andorra se basa en el secreto bancario. Más valía el apoyo de Rajoy para tener un buen trato de la UE. Y quizás la ideología política. O vete a saber qué.
El caso es que el gobierno español y las cloacas hicieron caer un banco de un país soberano para perseguir a rivales políticos. Y desviaron la atención a la BPA en lugar de al banco de origen de la fortuna de los Pujol, Andbank, para evitar, presuntamente, descubrir conexiones que afectaban al rey Juan Carlos. Y aquí no pasa nada. En los medios de comunicación españoles —con las excepciones habituales— no existe ningún escándalo. Y eso que ya hace tiempo que lo explicó el CEO de la BPA Joan Pau Miquel, con grabación incluida al agregado de Interior en la embajada española en Andorra, Celestino Barroso.
Pero nada, ha sido necesaria una rendija, ocho años más tarde, por la que se ha colado la justicia andorrana, y las ganas de venganza del excomisario Villarejo. A la española, a la hora de investigar la Operación Catalunya, aquella donde se hicieron “cosas chungas”, ni está ni se le espera. Al duopolio televisivo tampoco se les espera. Y a todos los periodistas exprogres que han envejecido peor que Felipe González, mucho menos. El Estado es de su propiedad privada. Ahora ya nadie pregunta quién era el señor X.