Esta semana vaticana han sucedido algunas cosas interesantes en el ámbito de la política catalana que quizás han pasado desapercibidas mientras observábamos embobados la chimenea de la Capilla Sixtina, a la vez que mirábamos de reojo los choques armados entre India y Pakistán, no vaya a ser que estalle la primera guerra nuclear y nos pille sin el kit de emergencias preparado. La primera de estas cosas fue la petición pública del presidente del Cercle d’Economia, Jaume Guardiola, al president Salvador Illa, en la que le pedía que llegara a acuerdos con el primer partido de la oposición, es decir, con Junts. Hay que celebrar, para empezar, que en un foro como este, donde habitualmente todo el mundo agasaja a todo el mundo con una sonrisa y todos se hacen la pelota mutuamente, alguien tenga el coraje de decir en voz alta lo que piensa, con plena conciencia de que está verbalizando casi un anatema. El president de la Generalitat de Catalunya no se esperaba una apelación tan directa y salió del atolladero como pudo, dejando claro que primero habla con todos los partidos y toma después sus propias decisiones.

Como si la sugerencia de Guardiola fuera una premonición, ese mismo día, en el Parlament de Catalunya, se vivió uno de los episodios políticos más surrealistas de los últimos tiempos. El Govern del PSC llevaba dos decretos para ser convalidados: uno fijaba un incremento de la tasa turística y el otro, sorprendentemente, retrasaba su implementación hasta octubre. He aquí el primer error: si el Govern no quería aplicarlo hasta el otoño, no tenía ningún sentido llevar ahora estos decretos al Parlament. El segundo error fue no atar bien los votos de los dos socios preferentes, ERC y Comuns, que votaron opuestamente al segundo decreto y, por tanto, la tasa turística aumentada entró en vigor. Un error en la previsión temporal y un error en la negociación. Con este resultado, hoy mismo, un hotelero o el propietario de un camping puede aplicar ya el recargo a la tasa turística, cumpliendo una votación del Parlament de Catalunya. Para evitarlo, el propio Govern pide a la gente que no aplique la nueva tasa e impedirá que se publique en el DOGC, en un auténtico acto de filibusterismo administrativo. Nos encontramos ante una situación surrealista: el ejecutivo pide que no se aplique un decreto del propio ejecutivo validado por el legislativo. ¡Menos mal que los mismos que lo piden son los demiurgos de la seguridad jurídica y del cumplimiento de la ley!

La situación de inestabilidad de la política catalana reside en el protagonismo que se otorga a los extremos del arco parlamentario 

La situación de inestabilidad y escoramiento de la política catalana reside en el protagonismo que se otorga a los extremos del arco parlamentario y que, como tales, no representan, ni de lejos, a ninguna mayoría social. Tienen más influencia los 6 escaños de los Comuns (vale la pena recordar que perdieron 2 en las últimas elecciones, es decir, un 25%), que los 20 diputados de ERC o, por supuesto, los 35 escaños de Junts. Es curioso que buena parte del poder que se otorga a los Comuns se basa en la amenaza constante que proclaman sus portavoces en contra de la sociovergencia, una fórmula de gobierno de la que se habla mucho, pero que nunca se ha aplicado desde las primeras elecciones del año 1980, es decir, desde hace casi medio siglo. Lanzando fatuas contra esta sociovergencia mitológica y espoleando el pánico escénico, primero ICV, y los Comuns ahora, tienen secuestrados a los dos partidos centrales de la izquierda catalana y los escoran constantemente a posiciones alejadas de la centralidad. Seguramente, una parte de los dirigentes del PSC querrían otra cosa, pero temen decirlo públicamente para no ser sacrificados por apostasía en los altares del progresismo por parte de los sacerdotes del bien común.

Algo parecido ocurre en Barcelona, ​​donde los Comuns, que ya no gobiernan la ciudad y están en la oposición, y además no tienen la mejor relación personal con los cuadros socialistas, mantienen bien vivos sus dogmas y mantras en la gobernanza de la capital. Solo así se explica que, casi dos años después de llegar al cargo de alcalde, Jaume Collboni aún no haya derogado la reserva del 30% para vivienda pública en cualquier promoción privada, una medida que todo el mundo sabe que se ha convertido en el apocalipsis final de la política de vivienda en Barcelona. No deja de ser paradójico que, tanto en el Parlament de Catalunya como en el Ayuntamiento de Barcelona, ​​la suma de Junts y PSC les otorga cómodas mayorías absolutas, pero es una eventualidad que no pasará, por más que sería recibida con satisfacción por capas muy amplias de la opinión pública y de la opinión publicada. No sería este mi pacto preferido, ni mucho menos, pero sí tendría una virtualidad: alejar la política catalana de los extremos y llevarla al centro, que es exactamente lo que garantizó seis mayorías (tres de ellas absolutas, un resultado que no veremos nunca más) a Jordi Pujol. Catalunya es un país centrista ideológicamente y el primero que lo vuelva a entender empezará a andar por la senda de la hegemonía política.