En medio de numerosas críticas por su ausencia ante los aterradores fuegos que durante estos últimos diez días han afectado a varias comunidades autónomas, ha hecho acto de presencia en Galicia el presidente español, Pedro Sánchez, de vacaciones en Lanzarote desde el pasado 2 de agosto. Desde allí, el líder socialista ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y adaptación de la emergencia climática. También se ha desplazado este domingo a Torrejón, donde está el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desde Grecia, donde estaba de vacaciones, Felipe VI. Solo en Galicia se han quemado más de 50.000 hectáreas y se mantienen activos una docena de incendios de nivel 2. El de Chandrexa de Queixa, en Ourense, que ya supera las 17.000 hectáreas afectadas, se ha convertido en el mayor incendio de la historia de Galicia. Alrededor de una treintena de fuegos arden igualmente en Extremadura y Castilla-León, en lo que ya se puede asegurar que va a ser uno de los veranos más dramáticos en cuanto a incendios de los últimos años. Desde el 1 de junio, más de 27.000 personas han sido evacuadas por los incendios forestales en España.

Este es grosso modo el resumen de un verano que aún no ha acabado y que ha reabierto simultáneamente tres debates. ¿Cómo han de ser las vacaciones de un primer ministro, un ministro o un presidente de comunidad autónoma cuando se producen tragedias de esta naturaleza? ¿Cuál ha de ser la coordinación entre administraciones cuando se producen este tipo de situaciones en tesituras tan extremas como es un incendio u otro fenómeno natural como una DANA? Y, finalmente, ¿cómo puede ser que con las décadas que hace que funciona el Estado autonómico no haya una serie de protocolos para que todos los servicios de emergencias —desde el ejército, hasta los bomberos— se activen al margen de quién es el responsable de la competencia? Porque los ciudadanos lo único que ven es que la respuesta no es la adecuada, tienen la sensación de que no se hace lo suficiente y que lo que prevalece es la disputa entre el Gobierno y la oposición, cuando eso, sinceramente, les importa un rábano.

Los ciudadanos lo único que ven es que la respuesta no es la adecuada, tienen la sensación de que no se hace lo suficiente y que lo que prevalece es la disputa entre el Gobierno y la oposición

En Catalunya, hasta la fecha, ha habido una enorme suerte en los últimos años. En situaciones extremas, como la última interminable sequía, hubo momentos de enorme preocupación, pero las cuatro gotas cayeron en el momento oportuno y donde más falta hacía. De entre los grandes fuegos recientes, destacan el gran incendio del Alt Empordà, cuando varios fuegos (en la Jonquera y Portbou) quemaron unas 13.000 hectáreas entre el 22 y el 30 de julio de 2012, además de provocar la muerte de cuatro personas. También en julio de 1998 se inició un gran incendio forestal, que quemó 27.000 hectáreas en la Catalunya central, y que afectó principalmente la zona sur de la comarca del Solsonès y parte del Bages y la Segarra. Por su gravedad y sus consecuencias políticas, destaca el incendio de Horta de Sant Joan, que afectó a unas 1140 hectáreas de vegetación,​ principalmente pino blanco. En las tareas de extinción del incendio perdieron la vida 5 bomberos del Grupo de Refuerzo de actuaciones Forestales (GRAF), de entre 31 y 47 años, mientras trabajaban en las tareas de extinción del fuego y uno de ellos resultó gravemente herido.

Siempre he pensado que la dedicación a la política no es una circunstancia obligada y, en consecuencia, el nivel de exigencia debe ser muy elevado. ¿Cuánto? El máximo. Se sobreentiende que no es una profesión de por vida, sino de unos pocos años y si el peaje a pagar es hacer las vacaciones más cerca de la responsabilidad política asumida, tampoco es un gran desastre. Al final, siempre se puede dejar si uno o una considera que el peaje que paga es demasiado alto. En el caso de la extinción de incendios, la responsabilidad es de las autonomías, que tienen las competencias delegadas en exclusiva. Ahora bien, el Estado también desempeña un papel fundamental como apoyo, especialmente ante crisis que superan la capacidad autonómica, como prevé la Ley de Montes, que permite al gobierno español desplegar medios estatales de alcance nacional en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas. Es el caso de la UME, o Unidad Militar de Emergencias, la unidad militar española creada para intervenir en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

La solución es bien fácil: cuando la autonomía necesita ayuda, el Estado se la debe ofrecer sin vacilación y con generosidad. No queriendo ejercer el puesto de mando a menos que sea una gestión flagrante y pésima que obligue a lo contrario. Así debe ser la coordinación en situaciones de emergencia como la que nos ocupa. Este domingo se han cumplido ocho años de los atentados yihadistas en las Ramblas de Barcelona y Cambrils en los que murieron 24 personas, seis de ellas terroristas. Aquellas horas, entre las 16:53 del 17 de agosto y el 21 de agosto, en que se dio por oficialmente concluida la operación policial y se confirmó la muerte del imán de Ripoll en la explosión del chalet de Alcanar, no hubo dos autoridades al frente del operativo. El político fue del president de la Generalitat y el conseller de Interior y el policial del major de los Mossos d'Esquadra. Aún recuerdo al entonces presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aceptando un papel secundario, igual que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Ese es, sin duda, el modelo en un Estado autonómico como el español. Otra cosa: se suele señalar que los incendios del verano se evitan en invierno, cuando se desarrollan las actividades de limpieza y preparación para evitar la fácil propagación y desarrollo de los fuegos. Está bien, para salir del paso, hablar de grandilocuentes pactos de Estado cuando hay una emergencia. Pero, mientras tanto, hagan todas las administraciones el puñetero favor de limpiar los bosques e inviertan mucho más en preservar la naturaleza y las zonas rurales. Mejor eso que grandes debates que no llevarán a ningún sitio.