Las informaciones que vamos conociendo estos días sobre Cristóbal Montoro muestran... (UN MOMENTO! Ante todo, que quede constancia que todas las actuaciones del exministro se saben gracias a una investigación de los Mossos d'Esquadra. Lo digo porque quizás a Ione Belarra le interesa saber este extremo y comprobar que la policía catalana actúa por criterios profesionales y no étnicos. De hecho, quizás la secretaria general de Podemos desconoce que desde 1994, los Mossos d'Esquadra pueden ejercer como policía judicial si el juez de turno le ordena que investigue un caso.) Bien, pues, lo qué decíamos: Las informaciones que vamos conociendo estos días sobre Cristòbal Montoro muestran dos grandes ámbitos de corrupción del que fuera ministro de Hacienda: el tráfico de leyes y el uso de datos privados con finalidades políticas.

El primer ámbito, el del tráfico de leyes, es la columna vertebral de la actuación del juez de Tarragona que lleva el caso desde el 2018. La fórmula es relativamente sencilla de explicar pero el engranaje es un poco más complicado de hacer funcionar para, precisamente, intentar zafarse del control judicial y administrativo. Pero básicamente consistía en lo siguiente: Montoro fue ministro de Hacienda entre los años 2000 y 2004, con José María Aznar de presidente. En 2006 fundó Equipo Económico, un despacho mitad abogados, mitad consultores fiscales, que asesoraba empresas y también les hacía de lobby ante las administraciones. En 2011, Mariano Rajoy lo nombró ministro de Hacienda; un cargo que ejerció desde el primer hasta el último día de presidencia mariana, el 7 de junio del 2018, cuando todo el Gobierno fue cesado por la moción de censura. En estos siete años, Montoro promovió leyes que, casualmente, favorecían los intereses de las empresas clientes de Equipo Económico, especialmente las energéticas. Ahora, además, se está intentando demostrar que estas compañías habrían pagado dinero a cambio de estas normativas y que los pagos se habrían vehiculado a través del despacho madrileño.

La cúpula de Hacienda lideraba el equivalente fiscal a la policía patriótica: la Agencia Tributaria patriótica

Pero además de este ámbito de actuación, más de carácter monetario, Cristóbal Montoro también está siendo investigado para saber hasta qué punto utilizó su poder para espiar, exponer, asustar, ridiculizar y destruir a decenas de personas por motivos estrictamente políticos. El ministerio de Hacienda es el ministerio responsable de la Agencia Tributaria, es decir, el ente que tiene, gestiona y controla, todos los datos fiscales de todos los ciudadanos con NIF español. Es una fuente de información tan grande, como, teóricamente, restringida a los usos meramente de rendición de cuentas con la administración pública. Pues bien, Montoro habría utilizado su capacidad de acceso a los datos para usarlas como más le conviniera políticamente. Y entre sus víctimas hay rivales políticos, adversarios dentro del PP, como Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre y sí, el independentismo catalán.

En los últimos años ya hemos conocido de sobra la existencia, maneras de hacer e impunidad de la policía patriótica. De hecho, en este diario publicamos una serie de reportajes escritos y audiovisuales sobre la actuación en Catalunya de este grupo. Y de hecho decirle grupo es injusto e inexacto porque aunque José Manuel Villarejo y sus colaboradores sí que formaban a un comando, por encima suyo había -directamente- toda la cúpula del ministerio del Interior, empezando por Jorge Fernández Díaz y siguiendo por Francisco Martínez, alias Paco, secretario de estado de Seguridad. Ahora pasa más o menos lo mismo: se está destapando un entramado en que en lo alto de todo está Cristòbal Montoro pero por debajo suyo hay Felipe Martínez Rico, también secretario de estado y mano derecha de Montoro y Santiago Menéndez, director general de la Agencia Tributaria hasta el 2018. Todos ellos ahora están imputados. Todos ellos lideraban el equivalente fiscal a la policía patriótica: la Agencia Tributaria patriótica.

Se hacían inspecciones fiscales y otras actuaciones contra activos independentistas para que dejaran de ser o independentistas o activos

Para hacerlo rápido y comprensible, ellos fueron los máximos responsables de todas las declaraciones de la renta, de todas las liquidaciones, de todos los pagos y cobros y de todos los movimientos de dinero declarados por personas físicas y jurídicas en los años más calientes del procés. Esta información tan sensible se utilizó varias veces con centenares de personas, con diferentes métodos pero con el mismo objetivo: procurar que activos independentistas dejaran de ser o independentistas o activos. En algunos casos se utilizaba la información simplemente para hacerla pública y provocar desprestigio entre el electorado. En otros casos no se hacía pública para garantizar una especie de chantaje político. Dirigentes políticos de todos los colores, como Jordi Pujol, Artur Mas, Oriol Junqueras o Xavier Trias, fueron objeto de estas prácticas. Y estos son los casos más sonados y mediáticos, pero hay decenas más de actuaciones a otros activistas así como empresarios relacionados con el independentismo. Y también eran muy habituales las inspecciones de Hacienda sin motivo y puramente prospectivas, a ver si pescaban azarosamente alguna anomalía dónde rascar. Fueron años donde muchas personas relacionadas con el independentismo pueden explicar que más de un año y de dos hicieron -como mínimo- dos declaraciones de renta: la que tocaba y la temida complementaria.

Conocimos la actuación de la policía patriótica. Vimos -y estamos viendo- cómo actúa la justicia patriótica. Y ahora se ha confirmado que también había una Agencia Tributaria patriótica, con la misión -no ya de garantizar el ingreso de impuestos- sino utilizar los datos y movimientos fiscales con finalidades puramente partidistas. De hecho, la Agencia Tributaria patriótica es una de las patas necesarias para llevar a cabo la Operación Catalunya. E, igual que sus compañeros policías y jueces, esta actuación patriótica seguía un mismo patrón: nacida desde las mismas entrañas del estado, protagonizada por servidores públicos a quienes todos pagamos el sueldo, comandada por altos cargos, actuando al margen de la ley y, sobre todo, con la creencia profunda que estaban haciendo un bien supremo a España. Y también con la convicción que si justicia, policía y hacienda son tres de los pilares fundamentales de un estado de derecho, en España sus máximos dirigentes tienen claro que antes son estado que de derecho.