La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la intervención de cuatro teléfonos móviles en el caso Montoro, que acordó el titular del juzgado de instrucción 2 de Tarragona, y que le tumbó la Audiencia de Tarragona. Así consta en el sumario de este caso de corrupción, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat y en el cual el juez investiga al exministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, por supuestamente haber cobrado comisiones a cambio de aprobar reformas fiscales a un grupo gasístico. El enlace era a través del despacho de abogados que fundó Montoro, Equipo Económico (EE), que después se pasó su negocio a Global Afteli. En varias resoluciones, el magistrado Rubén Rus hace referencia a la negativa de Anticorrupción de pinchar teléfonos, pero también al hecho de que ha dado su visto bueno a investigar un total de 321 cuentas y 339 productos bancarios. El juez levantó, el miércoles pasado, el secreto de la investigación, que mantenía desde agosto de 2018, y ha imputado a Montoro, junto con 27 personas más, nueve de ellas de su gabinete en el Ministerio de Hacienda en el segundo mandato del PP con el presidente Mariano Rajoy, del 2011 en el 2018.

El juez de Tarragona ha recibido el apoyo del Departamento de Delincuencia Organizada contra la Corrupción de la Unidad Central (UCO) de la Guardia Civil, y también de los Mossos d'Esquadra y de la Agencia Tributaria. Por ahora, sin embargo, no hay un informe final sobre el total de dinero de las comisiones que habría cobrado el equipo de Montoro porque se sostiene que habrían creado empresas pantalla para cobrar a las empresas por los cambios legislativos para favorecer al sector

Unos 50 millones de beneficios

En la resolución, el juez detalla que EE ha declarado a la Agencia Tributaria que ha cobrado unos 779.705 euros entre los años 2011 y 2019 por el asesoramiento en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), que es quien pagaba por el asesoramiento, pero que en realidad, según el juez, era para obtener una reducción de la base impositiva del sector, en el impuesto eléctrico y en el IAE.

Aparte, en el periodo investigado, entre 2008 y 2017, el beneficio neto de Equipo Económico y Global Afteli ascendió a 47.981.629,9 euros, según ha informado la cadena Ser, este lunes, aunque no significa que sean las comisiones ilegales. Las empresas gasistas investigadas son: Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos. Fue un correo electrónico de una de estas empresas, encontrado por casualidad en otra investigación, que dio la pista sobre los supuestos acuerdos entre el equipo de Montoro y el lobby gasístico.

El magistrado imputa a Montoro y los 27 encausados siete delitos: cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Reclamo de resultados

En el sumario, también constan los últimos escritos presentados por la fiscal Anticorrupción del caso, Carmen María García Cerdà, en los que reclama que la Guardia Civil aporte los resultados sobre "la trazabilidad" de las cuentas corrientes de los investigados, de las cuales el magistrado dio permiso para reclamarlas a las entidades. Hay de Bankinter, del Banco de España, entre los principales. La repercusión económica del caso no está hecha ante el elevado número de cuentas y el entramado societario. Ahora, el juez de Tarragona tendrá que citar a declarar a Montoro y al resto de investigados.

Fiscal sancionada

Se da la circunstancia de que la fiscal García Cerdà fue sancionada por la Fiscalía General del Estado con una multa de 1.000 euros -validada por el Supremo- por haber desobedecido a su superior, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que le ordenó no investigar más una de las piezas del caso, sobre correos que supuestamente implicaba al exministro Montoro con el espionaje de personas públicas y periodistas, como hace meses adelantó el Periódico, y ahora ha recuperado a todo el mundo. Incluso, las amenazas fachendosas, que el ministro Montoro hacía en el Congreso y que evidenciaba que tenía información privilegiada y reservada  de la Agencia Tributaria sobre ciudadanos.