La familia Pujol Ferrusola es una de las afectadas por las filtraciones realizadas por altos cargos de Hacienda, bajo la dirección del ministro del PP Cristóbal Montoro entre los años 2011 en el 2018, según se recoge en el sumario de la investigación que desde el 2018 realiza el titular del juzgado de instrucción 2 de Tarragona. Hace una semana que el magistrado ha levantado el secreto del sumario y ha imputado 28 personas y seis empresas por supuestamente protagonizar una organización para hacer reformas legislativas a cambio de dinero. ¿Sin embargo, los Pujol y otros contribuyentes afectados, incluso compañeros del PP, como Rodrigo Rato y Esperanza Aguirre -que vieron su situación fiscal ventilada en medios de comunicación- pueden denunciar ahora al exministro Montoro por revelación de secretos? En la investigación, la Agencia Tributaria también ha encontrado y reportado al juzgado correos electrónicos sobre datos reservados de Vertice, la productora de El Hormiguero; de Podemos, de la Gürtel, que afecta al PP, del tenista Rafa Nadal, y la boronesa Thyssen, entre otros. Además, los investigadores han descubierto que Montoro cuándo era ministro, recibió cerca de 3.000 correos electrónicos, en una dirección del ministerio, pero camuflada con su segundo apellido: Romero.
Penalistas consultados indican que el delito de revelación de secretos "es de manual" en el caso Montoro. Sobre todo en el caso del funcionario o el alto cargo de Hacienda que comunicó datos fiscales secretos al ministro. Añaden que para la consumación de este tipo delictivo no hace falta usar los datos reservados por parte de quien los ha obtenido.
El problema técnico -avanzan- es imputar al alto cargo o al político que ha recibido en secreto la información y no ha hecho un uso. En el caso de Montoro, se hizo el fanfarrón en el Congreso de los Diputados, y amenazó a famosos y políticos sobre su situación fiscal, además de las informaciones que salieron en medios de comunicación españoles, con información reservada. La clave de bóveda para encontrar base jurídica en este supuesto ya es analizado en uno de los principales despachos de abogados catalanes.
La causa del grupo gasístico
Además, hay que aclarar que la revelación de secretos de datos de contribuyentes españoles no está incluido, inicialmente, en el caso Montoro.
El magistrado de Tarragona, Rubén Rus, en la última resolución -del miércoles pasado- centra la investigación en la operación para beneficiar a cinco empresas gasistas. Nada más. Por eso, el juez ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie "sobre lo expurgo" de correos electrónicos; es decir los que no tienen relación con la modificación de dos leyes, la del impuesto eléctrico (en el 2014) y el IAE (en el 2018), que impulsó el equipo de Montoro a cambio de retribuciones económicas a través del despacho que fundó el exministro, Equipo Económico. Los investigadores aseguran que Montoro no se desvinculó cuando ocupaba la cartera de Hacienda, y que cobró a través de testaferros o un grupo societario. Una solución sería abrir una pieza separada para atender a los damnificados de Montoro y su equipo.
Los investigadores del caso Montoro-compartido entre la Guardia Civil, los Mossos de Esquadra y la Agencia Tributaria- han estimado que los beneficios fiscales aplicados a las cinco empresas del gas han provocado un perjuicio al erario público de unos 51 millones de euros en cumplirse diez años de la reforma; ahora son cinco. Además, se indica que Equipo Económico podría haber ayudado a empresas otros sectores como Ferrovial, Abengoa o Solaria, pero, por ahora, el juez solo investiga a las gasistas.
Información sobre "los Pujoles"
En un informe de Haciend, incluido en sumario, se detalla que es Santiago Menéndez Menéndez, director general de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria (AEAT) -nombrado por Montoro el 28 de junio de 2013 y también investigado por el juez de Tarragona- quien reclama información reservada de la familia Pujol Ferrusola, el 30 de abril de 2018. "José Manuel, un resumen y solo de las de los pujoles", reclama Menéndez a un cargo de la Agencia Tributaria (José Manuel de Alarcon) que le responde a: "De acuerdo Santiago, Me hacen Notas de todos los informes de auxilios como Pujol o Gurtel antes de enviarlos en el Juez. Si no té las mando todas es por no saturarte de papel. En adenlante té las enviaré."
En otro correo interceptado a Menéndez, el 8 de mayo de 2018, este le envía a Felipe Martínez Rico -mano derecha de Monotoro y también investigado en la causa de Tarragona- una "nota resuman de Inter Rosario". Se refiere a una sociedad de Argentina, Puerto de Rosario Port Service, en la cual Jordi Pujol Ferrusola hizo una inversión a través de la sociedad Active Translation.
Los negocios del primogénito del president Pujol empezaron a ser investigados por la Audiencia Nacional en el 2012. La expareja de Pujol, Vicki Álvarez, amplió las sospechas a toda la familia, asegurando que subían dinero a Andorra, y la policía patriótica la llevó cogida del brazo ante el juez, que llorando no aportó datos concretos. El verano del 2014, el president Pujol declaró que la familia tenía unos 3,4 millones de euros sin declarar en Andorra, de la deixa del abuelo Florenci -y regulados- ante la publicación del pantallazo de las cuentas por el diario El Mundo. Y por estos hechos, la Audiencia Nacional juzgará al presidente Pujol y sus siete hijos a partir de noviembre próximo. Sus abogados, Cristóbal Martell y Albert Carrillo, insisten en que ninguno de ellos cometió ningún hecho delictivo y que el primogénito hizo negocios reales y sin la intervención de ningún funcionario para favorecerlos. "No hay prueba de cuestionamiento de la racionalidad económica y empresarial a las operaciones", se sostiene en el escrito de defensa.
Los correos escondidos de Montoro
Paralelamente, los investigadores han descubierto que la dirección electrónica del Ministerio de Hacienda aromero@minhap.es era de Cristóbal Montoro, ya que el encabezamiento siempre ponía "Ministro". Se han encontrado unos 2.856 correos, la mayoría enviados por su jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, que declaró contra los independentistas catalanes en el juicio del procés, el 2019.
Indicios del delito de revelación de secretos hay a capazos en el sumario, y Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, fue de los primeros a personarse como perjudicado, en noviembre de 2023, al salir publicado que Martínez daba datos fiscales suyos a Montoro. La causa estaba secreta, y no ha tenido acceso a la información, hasta ahora. El PSOE también se personó en el caso Montoro como acusación popular en noviembre de 2023.