Didier Reynders, comisario de Justicia de la Comisión Europea, interfirió en el debate español sobre la ley de amnistía para los independentistas catalanes antes de que esa ley existiera. Reynders es un político belga-valón que seguramente no ve con simpatía las reivindicaciones soberanistas catalanas, que sí suelen recibir el apoyo y la solidaridad de los belgas flamencos. Pero más allá de los prejuicios personales que pueda tener, es obvio que se dejó arrastrar por la campaña de los partidos de la derecha española, lo que, aun habiendo rectificado después, lo desacredita y de hecho lo inhabilita para cualquier decisión posterior que tome si la ley anunciada es finalmente aprobada por el Parlamento español.
Seguramente Reynders y tampoco algunos dirigentes de la derecha europea son conscientes de que contribuir en campañas partidistas en un conflicto que no es estrictamente ideológico, lo más probable es que extiendan el conflicto y acabe afectando a la propia cohesión europea, precisamente en un momento especialmente difícil de la Unión.
La Unión Europea es un club de estados cuyos principios fundacionales preconizan el desarrollo de derechos y libertades de los ciudadanos y no lo contrario. Precisamente por eso, hasta ahora han sido los represaliados catalanes los que han buscado —y han encontrado— protección de sus derechos en las instituciones, en los tribunales europeos y en organismos internacionales como Naciones Unidas, además de varias asociaciones de defensa de los derechos humanos y las libertades civiles.
La respuesta española ha sido siempre ignorar las requisitorias externas y afirmar que el conflicto entre Catalunya y España era un asunto interno. Esto ha cambiado ahora cuando el gobierno español y la mayoría progresista que lo apoya ha decidido buscar la solución al llamado problema catalán empezando por una amnistía que facilite la reconciliación. Los propios partidos de derecha y de extrema derecha, los menos europeístas del arco parlamentario, que siempre han dicho que el conflicto de Catalunya con el Estado español era un asunto interno, pretenden ahora que sea la Unión Europea que intervenga contra España con el pretexto de la ley de amnistía.
Es necesario que los amigos europeos sepan que no es la independencia judicial lo que está en peligro en España, al contrario, es la no independencia de un poder judicial enquistado y decantado el gran problema de la democracia española
Obviamente la amnistía pone en evidencia tácitamente la actuación represiva de los tribunales españoles, de alguna forma constatada por tribunales europeos, pero la beligerancia política del poder judicial español no es tanto por la amnistía, sino porque se ven a venir iniciativas reformistas de la mayoría progresista. Así que quieren aprovechar la ocasión para buscar el apoyo no solo de la Comisión sino también y sobre todo del gremio judicial europeo para detener cualquier reforma del sistema judicial español que impida consolidar y perpetuar el mismo poder de siempre.
Y pueden hacerlo porque la derecha y la extrema derecha española, tanto la política como la judicial, tienen un argumento que puede sonar muy bien en el resto de países europeos y que asusta a más de media España, como es la idea de que para asegurar la independencia judicial lo mejor es que sean los propios jueces y no los políticos quienes decidan su autogobierno. Esto tiene sentido en cualquier país democrático o que ha hecho tabla rasa con la dictadura, como Alemania o Italia, pero no en España, único país europeo donde el fascismo triunfó, donde el dictador murió en la cama, dejando su legado ”atado y bien atado” especialmente en el terreno judicial.
Es necesario que los amigos europeos sepan que no es la independencia judicial lo que está en peligro en España, al contrario, es la no independencia de un poder judicial enquistado y decantado el gran problema de la democracia española. Desde la muerte del dictador Franco, el poder judicial fue junto con el poder militar el principal obstáculo a superar por la democracia española. Pese a la nostalgia franquista y la componente conservadora y autoritaria de buena parte de los miembros de las fuerzas armadas, seguramente gracias a la integración europea y la Alianza Atlántica el poder militar español ha dejado de ser considerado como una amenaza permanente para las libertades de los ciudadanos españoles. Sin embargo, el poder judicial español, que pasó de franquista a demócrata de la noche a la mañana, ha sido y sigue siendo un freno al desarrollo de derechos y libertades, contrarrestando a menudo el espíritu democrático que inspiró la Constitución de 1978 y algunas leyes posteriores.
En 2019 y no en el siglo pasado el Tribunal Supremo español dictó una sentencia reconociendo al General Franco como jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936, es decir, legitimando el golpe de Estado del 18 de julio anterior contra la República legal y legítimamente constituida.
En España un juez controvertido fue Baltasar Garzón y especialmente lo fue en Catalunya. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España al concluir que jóvenes independentistas catalanes habían sido torturados durante la instrucción dirigida por Garzón. Por este escándalo, Garzón quedó impune, pero, en cambio, fue suspendido y expulsado de la carrera judicial por los supuestos excesos en las investigaciones de la trama de corrupción del Partido Popular... y por su empeño en investigar los crímenes del franquismo.
La defensa de los símbolos franquistas por los tribunales españoles resulta a menudo grotesca. Prohibieron cambiar el nombre de la calle dedicada al general Millán Astray, el fascista más orgulloso, jefe de la oficina de propaganda de Franco y autor de la frase "¡Viva la muerte!". Tampoco se ha podido modificar por sentencia judicial el nombre de la calle dedicada a los Caídos de la División Azul, los voluntarios españoles que se incorporaron al ejército nazi.
Y junto a los gestos simbólicos existen también actitudes determinantes del comportamiento de la justicia en España. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, llevan cinco años con el mandato caducado contraviniendo la Constitución. El Partido Popular tiene cuota de bloqueo y se niega sistemáticamente a pactar su renovación. Bien, el PP y también los miembros del consejo que se mantienen atrincherados, porque podrían renunciar y no lo hacen. Los argumentos del PP suelen cambiar pero el último era democráticamente diáfano. No aceptaba incorporar a miembros del consejo propuestos por según qué partidos políticos con representación parlamentaria.
A propuesta española, la Unión Europea deberá decantarse por primera vez entre quienes reivindican más derechos y libertades o quienes reclaman mayor contundencia represiva
Lo cierto es que el CGPJ prácticamente solo se renueva cuando el PP puede imponer la mayoría conservadora. Una excepción fue cuando gobernaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el PP aceptó la renovación a cambio de que el presidente fuese Carlos Dívar, un magistrado ultraconservador que a los pocos años tuvo que dimitir cuando se descubrió que hacía viajes de placer con cargo a fondos públicos.
En España, la impunidad de los jueces es casi una norma, no escrita pero sistemáticamente practicada y algunos errores judiciales cuentan como méritos para promocionarse. España fue condenada por el TEDH por la sentencia que dictó como ponente el magistrado Manuel Marchena contra el presidente del Parlamento Vasco, Juan Maria Atutxa. A continuación fue promocionado a presidente de la sala penal.
El Partido Popular intentó después promocionar a Marchena a presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial pero la operación fracasó cuando trascendió el comentario de whatsapp de un responsable político de la derecha que aseguraba que con Marchena tenían controlada la sala penal del Tribunal Supremo, la que iba a tratar los casos de corrupción del partido.
En la Audiencia Nacional trabaja un juez del que no voy a escribir el nombre para evitar represalias —con los jueces mejor no tener pleitos— que se ha especializado en exculpar a dirigentes del PP acusados de corrupción y a adoptar una actitud beligerante con políticos de otros partidos que después han quedado en nada. No se ve forma de detenerlo, sigue practicando lo que juristas y políticos han calificado de lawfare, pero el consejo del poder judicial español se está planteando ampararle.
El presidente del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, estuvo encarcelado durante dos años bajo varias acusaciones formuladas por la instrucción de la jueza Carmen Lamela. Celebrado el juicio oral, Rosell y los demás acusados fueron absueltos. El error de la jueza no impidió que a continuación fuese promocionada a magistrada del Tribunal Supremo, precisamente en la sala penal. Un comisario de policía y agente del CNI ha declarado que el ascenso era el premio que le prometieron a cambio de mantener a Rosell en prisión.
Es importante que toda esta realidad española se tenga en cuenta sobre todo en el ámbito judicial europeo cuando se defiende que los jueces se autogobiernen ellos solos. También es necesario que los diputados del Partido Popular Europeo y del Grupo de los Liberales sean conscientes de que en este caso apoyar a los correligionarios españoles tiene consecuencias específicas más allá de un quid pro quo. Recuerden que el Partido Popular español, a diferencia de sus homólogos, se abstuvo en la activación de las sanciones en la Hungría de Viktor Orban. Y recuerden sobre todo que el espíritu fundacional de la Unión Europea es ampliar derechos y libertades, no recortarlos.
Catalunya siempre ha sido la vanguardia europeísta de España. Siempre los catalanes han confiado en que la integración europea sería la forma de superar el pleito con la España castellana. También cabe decir que la izquierda española siempre ha sido más europeísta dado que confiaba más en los principios europeos que en la tradición política autóctona. Por razones obvias.
Los catalanes represaliados han pedido protección a sus derechos fundamentales ante la represión que consideran injusta, mientras que la derecha española, política y judicial, incluso buscando a terroristas debajo de las piedras y sin encontrarlos, reclama el apoyo a una mayor contundencia represiva. Es algo que nunca ha pasado desde los tiempos de Adenauer y De Gasperi.
Ahora, la Unión Europea, pero no todos los países europeos, puede contribuir a la opción reconciliadora de España o puede combatirla como pretenden los conservadores españoles. Ahora bien, si la europea Catalunya deja de sentirse protegida por Europa, si los catalanes ya no pueden confiar en Europa y los progresistas españoles se sienten boicoteados, el conflicto adquirirá una nueva dimensión. Catalunya no es un estado de la Unión Europea, pero sin Catalunya y sobre todo sin todo lo que representa en el resto del continente, Europa dejará de ser lo que es o lo que debía ser.