Si el debate sobre el modelo energético Sánchez-Feijóo en el Senado no se centra en cómo intervenir los mercados, los beneficios de eléctricas y petroleras y qué propuesta hacer a Europa es probable que solo sirva para consumo interno de corto plazo. En esto suelen tener la culpa ambas partes, pero, en este caso y tras el marcaje del Gobierno a la agenda comunitaria con la ‘excepción ibérica’ ahora ‘excepción europea’, una vez ha reconocido explícitamente la presidenta Ursula von der Leyen la necesidad de intervenir el mercado comunitario, el PP tiene pendiente asumir que estamos en otra página y solo es productivo debatir sobre esa realidad. 

La crisis energética y la inflación disparada por toda Europa nos enfrenta a decisiones que hace nada hubiéramos creído inimaginables. Ya no es solo un izquierda-derecha, dogma capitalista frente a políticas socialdemócratas —que también—. Sino medidas redistributivas y diques de contención que cuestionan el libre mercado como lo conocíamos hasta ahora, de cara a salvar el cierre del gas ruso y frenar el empobrecimiento de las familias europeas.

El PP celebró la propuesta sobre distintas bajadas del IVA del ministro de finanzas alemán, el liberal Christian Lindner, al tiempo que ha obviado el anuncio contundente del canciller Olaf Schulz, apoyado por Lindner, tras aprobar el tercer paquete de ayudas de 65.000 millones de euros: una retención “parcial” de los beneficios extraordinarios de las grandes empresas para crear un “colchón financiero” que alivie la carga de los europeos por los precios de la energía. Un debate que el PP rehúye a pesar de estar en el centro de las instituciones comunitarias.

De la intervención estatal a la comunitaria. El Financial Times acaba de publicar un borrador en el que Bruselas propone la competencia de asumir poderes para exigir cierto control sobre las empresas que almacenan suministros y abre la posibilidad de que tengan que anular los contratos de entrega para asegurar las cadenas de suministro en caso de escasez. Una propuesta que pasa por un férreo seguimiento de las industrias críticas.

La reducción del IVA, el grado o arriba o abajo del termostato, eran soluciones preverano. Ahora la realidad nos ha estallado. Como se advirtió desde la Comisión, Rusia ha cortado el gas. Estamos en la antesala de la gran intervención y la mayor prueba de estrés de Europa tras la crisis de 2008

Todo en un contexto de emergencia social. Yolanda Díaz ha inaugurado el curso político señalando a los empresarios para actualizar el salario mínimo a la inflación y proponiendo un acuerdo para garantizar un paquete de productos básicos en la cesta de la compra que garanticen una dieta equilibrada. Frenar la especulación de alimentos esenciales. Limitar los beneficios de las grandes distribuidoras sobre alimentos “como el pan, la leche o los huevos” para las familias, una medida impensable hace no mucho. No es un racionamiento, pero sí tiene que ver con garantizar una alimentación mínima de calidad para las familias empobrecidas y aquellas que están engrosando la zona gris del umbral de la pobreza. 

Nos acercamos al otoño con las máscaras caídas. Rusia ha reconocido expresamente el chantaje y asegura que abrir el grifo del gas depende de las sanciones. El ultimátum muestra también cierta debilidad, una forma implícita de reconocer su impacto, a pesar de que los expertos no se pongan de acuerdo en cuánto daño está haciendo a la economía rusa. Desde esa grada, Putin contempla las diferencias europeas que se destapan a medida que hay que tomar decisiones.

Ya vemos las fricciones y el debate energético se organiza en torno a familias de intereses más que a familias ideológicas. De ahí que Francia rechace la creación del Midcat por no ceder influencia a España y Alemania, al tiempo que pide “solidaridad europea” por el fracaso técnico de parte de sus reactores nucleares. Solo el Flamanville 3 lleva 11 años de retraso y 15.800 millones de euros de sobrecostes. El sur de Europa se convierte en una zona de mayor seguridad y, por tanto, de influencia frente al Este y países bálticos. La conexión de Alemania con el Magreb ante una Francia volcada en sus nucleares. Francia, que lleva gastados 20.000 millones de euros en sufragar parte de la factura de la luz de los franceses, bloquea una infraestructura de unos 500 millones de euros porque no le hace falta. 

No estarán solos en sus contradicciones. La recién elegida primera ministra británica, Liz Truss, tendrá que destinar paquetes millonarios en ayudas a los ciudadanos y pequeñas empresas a costa de su promesa de bajar impuestos y no inflar la deuda pública. Será contradecirse o echar queroseno a unos sindicatos y unos trabajadores al borde de desencadenar huelgas en cadena y la explosión social. Salvar a las familias para ganar la paz. Sin ella, según coinciden los análisis de la prensa británica, los conservadores la empujarán como a Boris Johnson.

El core del debate de la crisis energética está en el intervencionismo comunitario y dará mucho que hablar. Está en medidas excepcionales para las que Europa no estaba preparada tras una pandemia que ha dejado a la población exhausta. En debates éticos y morales que están por llegar. La reducción del IVA, el grado o arriba o abajo del termostato, eran soluciones preverano. Ahora la realidad nos ha estallado. Como se advirtió desde la Comisión, Rusia ha cortado el gas. Estamos en la antesala de la gran intervención y la mayor prueba de estrés de Europa tras la crisis de 2008. El mapa de la UE es muy complejo. Y a estas alturas, por sus posiciones en el debate europeo, el PP y el IBEX siguen en modo vuelta de vacaciones.