Más allá de las consideraciones sobre la condena al fiscal general del Estado, la caída de Álvaro García Ortiz ha roto explícita y públicamente el último puente entre Gobierno y Supremo. La tensión soterrada se cerró en falso con la última reforma del CGPJ tras la década de bloqueo del PP y ha estallado, como era previsible, con la condena García Ortiz. La herida del procés, la consiguiente batalla abierta del Poder Judicial con la ley de amnistía, ha tenido su traca final en la condena sin sentencia (todavía por publicar) en un choque institucional de primer orden. No favorece al Gobierno por la derrota del fallo, pero tampoco lo perjudica en lo político. Al contrario. Cierra filas y mueve las bases. Es unánime en el ejecutivo la sensación de revancha de la Sala Segunda con una condena injusta.
También entre los socios. Hace una semana tuvieron dificultades para reaccionar al último informe que retrata el calado de una década de corrupción de Santos Cerdán. Por el contrario, con este fallo ningún socio ha sido neutral y han verbalizado lo que el Gobierno no puede. Para Míriam Nogueras, “los menos sorprendidos” han sido los catalanes. Gabriel Rufián, en voz de ERC, habla de “golpe” de togas. Desde el PNV, Aitor Esteban alerta de la “politización de la justicia” en una condena que, según se desarrolló la vista oral, parecía impensable. Y así de Sumar a Pedro Sánchez. Todos acatan, nadie comparte.
La apertura en canal afecta también a la Fiscalía, con parte de la carrera fiscal a favor de la condena y otra convencida de que García Ortiz ha sido víctima de una operación política. José María Lasalle, exdiputado del PP, habla de una nueva dimensión. Primero, por el empoderamiento de Isabel Díaz Ayuso y el triunfo de una batalla judicial ganada con una mentira. “Hay que interiorizar” esta nueva escala de la posverdad. La de “no verte libre de que el barro (de la mentira) te salpique”. O te lleve por delante, como es el caso. “Una victoria en estas condiciones es despreciable”, dice el exdiputado popular para sentenciar lo que la izquierda comparte en todo su arco parlamentario. Para Lasalle, “las injerencias políticas en la administración de la Justicia de nuestro país” son “responsabilidad de los partidos”. Para los socios, son del Supremo y su correa de transmisión con el PP. Nada de esto había ocurrido antes, ni puede acabar bien, ni tiene reparación posible a corto plazo.
Si el ambiente político podía recrudecerse aún más, lo ha hecho. Aitor Esteban va más allá. En medio del colapso institucional, "si la situación va a seguir así, iría pensando en cómo y en cuándo" convocar elecciones, decía en elDiario.es este domingo. Unos lo verbalizan en los medios, otros en los pasillos. Pero entre los socios hay inquietud sobre la continuidad de la legislatura en estas condiciones de frentes parlamentarios y judiciales. A la agonía que apunta el PNV, se suman las duras críticas de Podemos y el malestar de Bildu y ERC con políticas poco ambiciosas sociales y anticorrupción. Además del bloqueo de Junts. Y aunque para el ejecutivo nada cambia, la clave está en cuánto pueden aguantar los socios sin desgastarse de cara a la colocación electoral de cada uno.
En un contexto de coaliciones obligadas, el de enfrente es el mayor enemigo
Con las autonómicas a partir de diciembre con la cita extremeña, el PSOE no se ha movido del argumento del “viene la ultraderecha”. Un motivo tan poco eficaz como la estrategia de Alberto Núñez Feijóo en su apuesta única al antisanchismo. Vivimos en el dóberman. Donde en un contexto de coaliciones obligadas, el de enfrente es el mayor enemigo. Sirve Extremadura como ejemplo, donde la denuncia al enchufe del primo de María Guardiola la explota VOX.
Por mucho dóberman que haya, Felipe González y Mariano Rajoy cayeron por una acumulación de corrupciones que pasaron factura. La persecución judicial de la familia de Sánchez, una saña judicial que alimenta al Gobierno, no lo exime del daño de sus dos secretarios de Organización en el peor caso de corrupción del PSOE de las últimas décadas. Como apunta el PNV, es difícil aventurar cuál será el motivo del colapso. Dentro del Gobierno ya hay voces que ven ese momento en 2026. No será moción de censura. Ni adelanto electoral por decisión de Sánchez. Será, como en 2018, un abandono doloroso y en cascada de los socios. Mientras cada partido ve a su enemigo en el de enfrente, casi todos se desangran en transferencias de voto por la fuerte irrupción de las marcas ultras. Las mismas encuestas corroboran la ubicación electoral de casi todos desde el sitio equivocado.