Una jueza federal de Florida ha ordenado parar, de manera temporal, las obras de ampliación del centro de detención de migrantes conocido como Alligator Alcatraz, símbolo de las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump. La decisión de la magistrada se justifica en que todavía se tendrían que determinar las posibles implicaciones medioambientales de la construcción, y llega después de que varias organizaciones llevaran el caso a los tribunales. Después de dos jornadas de vistas en Miami, Kathleen M. Williams ha dictado una orden que suspende cualquier actividad de construcción de infraestructuras adicionales durante al menos dos semanas. Sin embargo, la jueza ha aclarado que la medida no afecta al funcionamiento habitual del centro, ya que esta cuestión no formaba parte de la denuncia, según recoge la cadena NBC News.

La decisión judicial ha llegado a raíz de una demanda interpuesta en junio pasado por varios grupos ambientalistas que buscaban impedir las obras del centro, inaugurado en julio en una antigua pista de aterrizaje ubicada en los humedales protegidos de la Reserva Nacional Big Cypress en Florida. Los demandantes argumentan que las instalaciones se construyeron sin las revisiones ambientales obligatorias exigidas por la Ley Nacional de Política Ambiental, sin ningún proceso de notificación ni período de consulta pública, y en violación de otras regulaciones estatales y federales, como la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Durante la audiencia, la jueza Williams mantuvo un tenso intercambio con los abogados del estado de Florida y la administración Trump sobre su negativa a detener la construcción. "No quiero enterarme el lunes de que el sitio ha sido modificado, eso no debería ser un problema", advirtió, enfatizando que la solicitud no es cerrar el centro, sino detener cualquier construcción en curso. "Si hay más obras, habrá más audiencias", dijo.

Rechazo frontal y popular

Alligator Alcatraz se ha convertido en uno de los emblemas de las políticas antiinmigración impulsadas por Trump y, desde su anuncio, ha generado un rechazo popular inmediato. Cientos de ambientalistas, líderes indígenas y activistas por los derechos humanos se concentraron en la zona hace unas semanas para mostrar su oposición frontal al proyecto. Entre el tráfico constante de camiones de construcción, advertían sobre las graves consecuencias que podría tener en un ecosistema de humedales que alberga a hasta 36 especies animales y vegetales protegidas. Estas advertencias, ignoradas en su momento, han acabado avalando la decisión de la jueza de suspender las obras este jueves por la noche. Con pancartas como “Esta estafa nos costará 450 millones de dólares y arruinará nuestros preciosos Everglades”, “Continuar con Alligator Alcatraz es criminal” o “Estos son campos de concentración en tierras indígenas”, los manifestantes denunciaban no solo el impacto ambiental, sino también las implicaciones éticas y legales de construir un centro de detención en un entorno de alto valor ecológico y cultural.