Suiza volverá a las urnas el 10 de junio para decidir hasta dónde quiere abrir —o cerrar— sus fronteras. La iniciativa “No a una Suiza de 10 millones”, promovida por el Partido Popular Suizo (SVP), propone fijar un techo demográfico estricto que obligaría al gobierno a activar mecanismos automáticos de restricción si la población supera determinados umbrales. El debate va mucho más allá de una cifra: pone en cuestión el equilibrio entre prosperidad económica e identidad nacional, y amenaza directamente los acuerdos bilaterales con la Unión Europea.
Actualmente, el país cuenta con 9,1 millones de habitantes. El texto plantea que, si se llega a los 9,5 millones, las autoridades deberán limitar la entrada de nuevos residentes, incluidos solicitantes de asilo y familiares de ciudadanos extranjeros establecidos en el país. Si la población alcanza los 10 millones y no se revierte la tendencia, Berna estaría obligada a denunciar el acuerdo de libre circulación con la UE, su principal socio comercial.
La propuesta choca con la oposición frontal del gobierno federal, de las dos cámaras del parlamento y de los principales actores económicos. Multinacionales como Roche, UBS o Nestlé han advertido que poner en riesgo la libre circulación equivaldría a dinamitar una parte esencial del modelo suizo. Cerca de la mitad de las exportaciones del país se dirigen al mercado comunitario, y buena parte de su tejido productivo depende de mano de obra procedente del resto de Europa.
La población suiza crece a un ritmo superior
En la última década, la población suiza ha crecido a un ritmo muy superior al de los estados vecinos de la UE. El atractivo de una economía robusta, con salarios elevados y estabilidad institucional, ha atraído tanto a trabajadores cualificados como a perfiles menos especializados. Hoy, aproximadamente el 27% de los residentes no tienen nacionalidad suiza. El SVP denuncia una “explosión demográfica” que, según el partido, presiona los alquileres, colapsa infraestructuras y tensiona los servicios públicos.
La formación, primera fuerza en votos desde finales de los años noventa, ha convertido la inmigración en eje central de su discurso. En el pasado ha impulsado iniciativas para expulsar automáticamente a extranjeros condenados por delitos menores o para romper la libre circulación con Bruselas. Muchas de estas propuestas, sin embargo, no han superado el filtro de las urnas.
¿Por qué se puede celebrar un referéndum sobre esta cuestión?
El sistema de democracia directa suizo permite que cualquier iniciativa popular con 100.000 firmas en 18 meses sea sometida a referéndum. Solo una de cada diez prospera. Aun así, una encuesta publicada en diciembre mostraba que un 48% de los votantes veía con buenos ojos limitar la población a 10 millones, un indicador de un país dividido sobre su futuro en un contexto global incierto.
Las organizaciones empresariales alertan de que, sin trabajadores europeos, muchas compañías se verían abocadas a trasladarse al extranjero, con el consiguiente impacto en ingresos fiscales y servicios públicos. Otros partidos insisten en que mantener una relación estrecha con Europa no es una opción ideológica, sino una necesidad estructural. El 10 de junio, Suiza no solo votará una cifra. Decidirá qué modelo de país quiere ser: una fortaleza demográfica o una economía abierta en un continente interdependiente.