El primer ministro húngaro Víktor Orbán podrá gobernar como un dictador, sin estar controlado ni por el parlamento ni por los tribunales u otro órgano fiscalizador. Este es el contenido de la ley aprobada este lunes por el Parlamento magiar, que le autoriza a gobernar por decreto por tiempo ilimitado.

El gobierno argumenta que necesita poderes especiales para combatir la pandemia del coronavirus. A los críticos, sin embargo, les preocupa que Orbán se aproveche para capturar más poder, como ha hecho estos diez años pasados, en qué ha erosionado la capacidad e independencia de los poderes legislativos y judicial, de otros órganos de control del gobierno, y de la misma oposición.

A favor de la ley han votado 137 diputados, en contra 53. Ninguna abstención. Los favorables son Fidesz, el partido de Orbán, afiliado al PP Europeo; los democristianos del KDNP, y los ultras de Nuestra Patria. El director de Amnistía Internacional en Hungría, Vig Dávid, ha reaccionado críticamente. "Hay dos tipos de gobierno en la UE. La mayoría intenta frena el virus por todos los medios dentro del marco constitucional. Y está Hungría, que frena su marco constitucional por todos los medios utilizando el virus".

Emergencia indefinida

Esta ley alarga indefinidamente el estado de emergencia. Permite al gobierno "suspender la aplicación de determinadas leyes, derogar disposiciones legales y tomar medidas extraordinarias en interés de la estabilización de la vida, la salud, la seguridad personal y material de los ciudadanos y de la economía".

También autoriza penas de hasta cinco años de prisión para quien publique "hechos falsos o distorsionados que interfieran con la protección eficaz de la salud pública o puedan generar confusión o molestias" relacionadas con el brote de Covid-19.

El gobierno tendrá que informar al Parlamento de sus decisiones pero no necesitará votarlas ni someter la emergencia a autorización. Tampoco tendrá otro control más que el del Tribunal Constitucional, que Orbán ha compuesto con partidarios suyos —motivo por el cual le investiga la UE—, porque los tribunales inferiores están suspendidos a causa de la pandemia.

Las elecciones y referéndums quedan pospuestas por el tiempo indefinido de la emergencia. Si un diputado muere por cualquier causa —por coronavirus— no podrá ser sustituido. También permite encarcelar hasta ocho años a cualquier persona que "interfiera con el funcionamiento de una cuarentena o una orden de aislamiento", cosa que preocupa a la oposición y a las organizaciones de derechos civiles, que temen que el gobierno abuse para perseguirlos y apretar las tuercas a los medios de comunicación independientes.

Investigación de la UE

Amnistía Internacional, el Instituto Karoly Eotvos, el Comité de Hungría de Helsinki y la Unión de Libertades Civiles ya dijeron la semana pasada que el estado de emergencia tiene que respetar la constitución. Tiene que establecerse por un periodo de tiempo determinado, prorrogable si lo autoriza el Parlamento, y sin prescindir de las normas básicas del estado de derecho "ni siquiera por la pandemia, dado que los derechos fundamentales de los ciudadanos vigen incluso en estado de emergencia".

Hungría ya ha infringido varias normas de la UE y está sometida a una investigación bajo el artículo 7 del Tratado de la Unión sobre la violación de las normas democráticas. El comité de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ya expresó la semana pasada su "preocupación" por la medida y pidió a la Comisión que "evalúe si cumple con los valores del artículo 2 del Tratado.

El Consejo de Europa, entidad que defiende los derechos humanos, también ha enviado una carta a Orbán en que remarca que "un estado de emergencia indefinido e incontrolado no puede garantizar que se cumplirán los principios básicos de la democracia".

Hungría es el único estado miembro de la UE mencionado en la lista de países con mayores recortes de derechos y libertad los últimos 10 años en el informe anual de Freedom House, un think tank internacional de referencia en defensa de la democracia.