Nuevo varapalo judicial a la ofensiva antiinmigración de Donald Trump. Como ya ha pasado en ocasiones anteriores desde su retorno al Despacho Oval, un tribunal federal ha prohibido al presidente de Estados Unidos que se acoja a una ley del siglo XVIII para acelerar las deportaciones en el país. En concreto, la corte de apelaciones del Quinto Circuito —de Nueva Orleans, Louisiana— ha ordenado al magnate republicano que se abstenga de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar supuestos delincuentes venezolanos, entre otras razones porque no hay que suponer que haya ninguna "invasión" que lo justifique. La Casa Blanca se había aprovechado de este polémico instrumento legal para expulsar de territorio norteamericano a supuestos miembros del Tren de Aragua, cártel de la droga originario del país latinoamericano entre ceja y ceja de Trump.

La ofensiva contra la organización criminal ha escalado hasta el punto que el ejército de Estados Unidos disparó a un barco cargado de drogas procedente de Venezuela. Trump justificó el ataque en que murieron 11 personas en el marco de la ofensiva contra el Tren de Aragua. "Tenemos mucha droga que entra a nuestro país, hace mucho tiempo que entra. Y simplemente, son barcos que provienen de Venezuela", decía el magnate, que no proporcionó detalles de la operación. "Literalmente hemos destruido un barco que transportaba droga, mucha droga. (...) Ha pasado hace unos momentos", añadía.

Ahora bien, los sectores más críticos con Trump le acusan de justificarse en la lucha contra los cárteles de la droga y en una supuesta "invasión" para justificar políticas de deportación masiva, como sería el caso de acogerse a una ley del siglo XVIII. Un ejemplo es el de la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU), que presentó un recurso al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, el cual ha dado por válidos los argumentos de una instancia inferior en una sentencia que, por dos votos a uno, ha vuelto a suponer un golpe contra las tesis de la Casa Blanca. "Que un país anime a sus residentes y ciudadanos a entrar en este país ilegalmente no es el equivalente moderno a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, perturbar o dañar Estados Unidos", dice el texto de la corte, recogido por CBS News.

El voto disidente ha sido a cargo del juez Andrew Oldham, propuesto por Trump, que ha lamentado que para el actual presidente "las normas son diferentes" que para sus antecesores en el cargo. En este sentido, el magistrado ha asegurado que "ni una sola vez" los tribunales habían cuestionado la invocación de la ley mencionada, aunque su uso más reciente fecha de la Segunda Guerra Mundial. Hasta que la Corte Suprema se pronuncie, la decisión del tribunal de apelaciones es vinculante para los tribunales inferiores del Quinto Circuito, que incluye a Luisiana, Misisipi y Texas, estados donde se habían implementado deportaciones bajo la ley de 1798.

La toga y el mazo, el talón de Aquiles de Trump

Desde su retorno a la Casa Banca, la principal resistencia a la agenda política de Trump no se ha encontrado en los pasillos del Congreso, sino en los tribunales. El magnate republicano acumula una larga lista de reveses judiciales que han marcado sus primeros meses de mandato. Según un análisis de The Guardian basado en registros judiciales y datos del Congresional Research Service, se han dictado en torno a 35 medidas cautelares de alcance nacional desde la investidura de Trump el pasado 20 de enero. Aunque no hay una definición legal única para este tipo de órdenes, los bloqueos han parado políticas tan diversas como las restricciones a financiación federal para programas de diversidad o los cambios en la reubicación de refugiados.