Durante los cerca de 200 días de segundo mandato de Donald Trump, la principal resistencia en su agenda política no se ha encontrado en los pasillos del Congreso, sino en los tribunales. Un ejemplo reciente es la decisión del juez federal Leo Sorokin, de Boston, que la semana pasada mantuvo vigente la prohibición general contra el orden presidencial que quería eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Su resolución, que impide a la Casa Blanca aplicar la medida a cualquier persona del país —no solo a los demandantes—, se añade a una larga lista de reveses judiciales que han marcado los primeros meses de mandato republicano. Según un análisis de The Guardian basado en registros judiciales y datos del Congresional Research Service, se han dictado en torno a 35 medidas cautelares de alcance nacional desde la investidura de Trump el pasado 20 de enero. Aunque no hay una definición legal única para este tipo de órdenes, los bloqueos han parado políticas tan diversas como las restricciones a financiación federal para programas de diversidad o los cambios en la reubicación de refugiados.
Entre las medidas frenadas por los tribunales durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, la inmigración ocupa un lugar destacado. Al menos ocho órdenes judiciales de alcance nacional han parado cambios impulsados por la Casa Blanca en materia de control migratorio. Entre estos casos está el polémico intento de poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento (birthright citizenship), la reducción del programa de reubicación de refugiados y la aceleración de deportaciones, así como actuaciones amparadas en el Alien Enemies Act. Para colectivos directamente afectados —desde inmigrantes en situación irregular con órdenes de expulsión hasta organizaciones sin ánimo de lucro que pierden fondos federales—, el impacto de estas políticas se podría empezar a ver en cuestión de semanas o meses.
Las políticas de financiación federal de Trump también han chocado con una muralla judicial. En solo medio año, al menos seis órdenes de alcance nacional han impedido que la Casa Blanca ejecutara congelaciones o restricciones de fondo. Entre las demandas que han prosperado está la de National Council of Nonprofits, que frenó el bloqueo de determinadas partidas, y la de Association of American Medical Colleges, que se opuso a recortes en becas de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Los fallos judiciales han impedido en cierta manera que Trump reasignara recursos a voluntad, incluyendo movimientos presupuestarios que habrían afectado de manera especial a los estados gobernados por los demócratas o a programas sociales clave.
Con respecto a las iniciativas de Trump en materia de diversidad, inclusión y derechos civiles, estas también se han convertido en un campo de batalla judicial. Como mínimo cinco órdenes nacionales han paralizado restricciones impuestas por órdenes ejecutivas contra programas de diversidad, equidad e inclusión, como la demanda presentada por la National Association of Diversity Officers. Otros litigios han puesto el freno a medidas más específicas, como las limitaciones a la atención médica de afirmación de género en las prisiones federales, los cambios en la designación de género en los pasaportes o el despido masivo de miles de trabajadores federales. Estas decisiones han impedido que la Casa Blanca desmantelara rápidamente protecciones y derechos para colectivos vulnerables.
El Supremo pone freno
Esta oleada de bloqueos judiciales, sin embargo, ha chocado recientemente con un freno importante. El Tribunal Supremo redujo de manera drástica el mes de junio la capacidad de los juzgados para dictar medidas cautelares de alcance nacional, una herramienta que ha sido clave para frenar las políticas presidenciales. Desde entonces, los opositores a la administración Trump se ven obligados a recurrir a demandas colectivas —más lentas— o a presentar múltiples litigios en varias jurisdicciones para obtener el mismo resultado, aunque la sentencia deja margen para excepciones en casos se priorizan los intereses del conjunto de la ciudadanía. "Los abusos de poder ilegales del presidente Trump han causado daños extensos en todo el país —a campesinos, estudiantes, familias trabajadoras y jubilados—, y eso requiere una respuesta nacional", denunció Donald Sherman, subdirector de la organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, en declaraciones a The Guardian. A su parecer, la decisión del Supremo ha complicado la tarea de frenar las acciones "ilegales" del magnate republicano y ha añadido una carga innecesaria al sistema judicial, pero asegura que ni los abogados ni la ciudadanía renunciarán a hacerle rendir cuentas en los tribunales.
A pesar del giro que ha provocado la decisión del Supremo, varios juristas advierten que es demasiado pronto para evaluar el alcance real. El futuro de esta restricción dependerá, en gran medida, de cómo los tribunales inferiores interpreten y apliquen la excepción que permite dictar órdenes de alcance nacional en casos excepcionales. Algunos magistrados apuntan que las demandas colectivas podrían convertirse en la herramienta para frenar órdenes ejecutivas de la Casa Blanca, ya que podrían considerarse precisamente casos en que los intereses del conjunto de la ciudadanía son prioritarios. Sin embargo, reconocen que son procedimientos más lentos, complejos y que requieren más recursos. Eso podría reducir la capacidad de reacción ante medidas con efectos inmediatos sobre colectivos vulnerables. El impacto, pues, no solo se jugará en los tribunales, sino también en el ritmo de aplicación de las políticas de Trump, que podrían verse menos frenadas a corto plazo. En un contexto político altamente polarizado, esta nueva configuración judicial podría acabar condicionando la agenda legislativa, la percepción pública del actual mandato y, en última instancia, los resultados de los republicanos en las elecciones de medio mandato (midterm) de 2026. Así pues, sea cual sea la respuesta de los tribunales, la batalla legal promete convertirse en un termómetro clave de la fuerza y límites del trumpismo.