Las autoridades de Brasil se han vuelto a poner en alerta por las posibles movilizaciones de los bolsonaristas. El magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ha ordenado a todos los cuerpos de seguridad del país impedir el bloqueo de cualquier vía, carretera o acceso a entidades públicas ante las convocatorias de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que circulan por las redes. El magistrado, que fue precisamente quien ordenó desmantelar los campamentos situados en las sedes del Ejército por todo el Brasil, también ha pedido arrestar a todos aquellos que intenten hacer alguno de estos bloqueos.

La decisión de Alexandre de Moraes llega después de que el gobierno de Lula decidiera reforzar la seguridad en todo el territorio por las informaciones de una posible "mega manifestación" para la "reanudación del poder" este miércoles en las 18.00 hora local (21.00 GMT) en las principales ciudades de Brasil. La convocatoria se ha hecho a través de las redes sociales, según han detectado las agencias de inteligencia del ejecutivo brasileño. De hecho, el juez también ha pedido que la red social Telegram, la herramienta que utilizan los partidarios de Bolsonaro para difundir la información, bloquee los canales y perfiles de aquellos que promuevan este tipo de actos. El magistrado también ha puesto encima de la mesa multas entre 20.000 y 100.000 reales, que equivalen a sanciones de entre 3.846 y 19.230 dólares.

"Esta organización criminal carga contra la democracia y el estado de derecho, específicamente contra el poder judicial y en particular contra el Tribunal Supremo, abogando por la destitución de sus integrantes y la clausura del Tribunal Supremo, con la restitución de la dictadura y la supresión de la fiel observancia de la Constitución Federal de la República", ha señalado Moraes para justificar su decisión.

Brasilia, también en alerta

Una de las ciudades a las cuales se ha convocado esta "mega manifestación" es Brasilia, la capital del país y donde los seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes en un intento de golpe de estado. Las autoridades han confirmado las convocatorias hechas este miércoles en la ciudad, pero el interventor del área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Ricardo Capelli, ha afirmado que "no hay ninguna hipótesis" que "se repitan los hechos inaceptables" del domingo pasado, cuándo se produjo el asalto. En este sentido, ha asegurado que "el derecho a la libre manifestación será respetado dentro de lo que establece la Constitución", pero ha destacado que eso no se puede confundir "con ataques al patrimonio y la democracia". Durante su intervención, Capelli ha evitado precisar el número de efectivos que estará desplegado este miércoles en la capital, pero ha dejado claro que contarán con "la fuerza máxima", la cual será reforzada con agentes de otros estados.

El gobierno brasileño busca responsables

Después del asalto a las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio presidencial de Planalto, los empresarios, coleccionistas de armas y figuras próximas a Bolsonaro están siendo investigadas por las autoridades brasileñas, que intentan encontrar quien organizó este movimiento. De momento, la policía mantiene 727 bolsonaristas detenidos por su presunta participación el intento de derrocar el gobierno del presidente Lula, pero sin saber quién financió la llegada a Brasilia de miles de seguidores de Bolsonaro. Además, las autoridades también investigan si hubo una "omisión" deliberada de las fuerzas. "No daremos tregua hasta descubrir a los responsables", ha afirmado el presidente del Brasil.