La investigación contra un grupo de pederastas, liderado por un electricista de 45 años que violó y ofreció a otros hombres a una menor de 12 años a cargo de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), tiene complejidades técnicas y jurídicas. Actualmente, hay un total de dieceiséis personas investigadas, contando al violador de la niña y líder del grupo, que contactaba con los menores a través de las redes sociales, según ha informado el TSJC este miércoles. La investigación se ha dividido en tres procedimientos. En el primero, está acusado el electricista, a quien la Fiscalía pide 107 años de prisión por agresión sexual, cooperador de violación y pornografía infantil. En una segunda pieza, hay once investigados —incluido el electricista, que está en la cárcel desde 2024, y otro hombre en prisión preventiva— por haber violado a la menor de la DGAIA y a un niño.

En la tercera pieza hay seis investigados (incluido el electricista) por haber abusado de al menos cinco chicos. En esta última causa, los implicados podrían no ser acusados de agresión sexual porque los chicos tenían 16 años o más, y pueden consentir mantener relaciones sexuales con adultos. No obstante, la Fiscalía podría acusarlos de tenencia de pornografía infantil. Además, los Mossos d'Esquadra siguen analizando los móviles de los encausados para ver el alcance de su implicación.

Drets Socials reacciona tres años después

Precisamente, tres años después de destaparse los brutales hechos, y ante el escándalo del caso, este miércoles el Departament de Drets Socials i Inclusió ha anunciado que ha abierto un expediente interno para investigar el caso de la menor de 12 años que en 2022 denunció las agresiones, al ser descubiertas por educadores, y que fue a vivir con un adulto, con permiso de la entidad pública. La DGAIA tenía la guarda de la menor, no la tutela, aunque estaba a su cargo porque la madre, que murió, estaba muy enferma y su padre no la podía asumir.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, este martes, solo expresó que el Govern "está consternado", pero no explicó ninguna acción realizada para aclarar lo sucedido. En la causa penal, la Fiscalía no acusa a la Generalitat como responsable civil subsidiaria, ni la Generalitat se ha personado como acusación en el caso de la menor, que tuvo a su cargo.

Investigación abierta

El titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, Francesc Miralles, dividió la causa de pederastia en tres procedimientos para agilizarlos. Así, el electricista y líder de la red tendrá que afrontar tres juicios, y el primero —por haber violado a la menor en un piso de Barcelona— se celebrará en la Audiencia de Barcelona el año que viene.

En las otras dos piezas, el magistrado espera el resultado del análisis de los móviles de los implicados. En concreto, en la segunda causa, la menor, que ahora tiene 17 años, no identificó al resto de agresores en rueda de reconocimiento, y el contenido de los móviles de nueve de los once implicados puede ser clave. Por ahora, están en libertad provisional y a disposición del juzgado cada vez que sean requeridos.

Pornografía infantil de otros lugares

En la tercera causa, con seis investigados implicados al mantener relaciones con chicos de 16 años, también se analiza sus móviles para ver si están implicados en otros hechos delictivos. Aparte del electricista encarcelado, los otros cinco investigados están en libertad provisional a disposición del juzgado y con medidas cautelares de orden de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas, y prohibición de realizar actividades en las que exista contacto con menores, según informa el TSJC.

Además, para estos cinco investigados se han abierto otros procedimientos, de forma individual, después de que en sus dispositivos electrónicos se encontrara pornografía infantil de otros lugares que nada tienen que ver con la causa del electricista, que favorecía las relaciones con menores en un piso de Barcelona y los grababa. Por este motivo, estos procedimientos se seguirán investigando de forma individual en el partido judicial donde hayan ocurrido los hechos.