Nueva derrota de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, a costa del Tratado de Amistad y Cooperación que firmaron España y Francia en enero de 2023 en Barcelona en la visita de Emmanuel Macron en la capital catalana. El texto tenía que ser ratificado por la Cámara Baja, pero las abstenciones de Junts y Podemos, sumadas al voto en contra del PP y Vox lo han hecho descarrilar: 163 votos a favor, 171 en contra y 11 abstenciones. ERC ha votado a favor. El tratado, de 24 páginas, preveía que un miembro del Gobierno de uno de los países “será invitado” al Consejo de Ministros del otro “al menos una vez cada tres meses y por rotación”. Asimismo, contemplaba que ambos estados “promoverán y mejorarán”, entre otras cosas, la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega. Lo firmaron el día que Pedro Sánchez y Emmanuel Macron no pudieron evitar las broncas de los manifestantes independentistas cuando visitaron el Museo Picasso en el barrio del Born. Por otra parte, en la Cámara Baja ha habido otra votación relevante en clave catalana: se ha validado, con la abstención de ERC, la adhesión del Estado español a un protocolo judicial europeo consultivo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que era una reivindicación de Junts.
📝 El Pacto firmado en la cumbre compromete a España y a Francia a mejorar la ejecución de las euroórdenes
📝 Sánchez y Macron no esquivan un nuevo abucheo durante la visita al Museo Picasso
¿Por qué se ha abstenido Junts? Preguntadas por ElNacional.cat, fuentes de la formación justifican que la cumbre entre Sánchez y Macron fue un “encuentro pensado y llevado a cabo para ser una provocación” y para “decir a los independentistas que el procés se había acabado”. “Era una clara humillación política y social”, denuncian. Desde las filas juntaires, recuerdan que el encuentro “generó una manifestación independentista, con la participación de miles de personas y la implicación de todos los grupos políticos independentistas y de todas las entidades, recuperando así la unidad que hasta entonces se había perdido”. “Era evidente que el resultado de aquella cumbre no podía contar con el voto favorable de los que en aquel momento nos opusimos frontalmente. Hacer lo contrario habría sido totalmente incoherente”, concluyen las voces de Junts consultadas por este medio.
¿Y qué dice Podemos? Durante el debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, el diputado Javier Sánchez Serna reivindicó la “autonomía estratégica de Europa” y lamentó que, aunque la amistad entre Francia y España es “indiscutible”, el Tratado “plantea que las políticas de seguridad y defensa europea son subsidiarias a la OTAN”. “A pies juntillas, nos ordena una alianza militar en la que en último término mandan los Estados Unidos y el mando supremo lo tiene Donald Trump”, remachó.
El PP se abstuvo en la comisión y ha votado en contra en el pleno denunciando las “prisas” y la “obsesión” de la Moncloa
El desenlace de la votación contrasta con lo que pasó la semana pasada en la Comisión de Asuntos Exteriores, cuando el PP se abstuvo alegando que no quería votar en contra por el “interés general”. El cambio de voto de los populares es el que ha hecho descarrilar el texto, ya que en aquella ocasión Junts y Podemos también se abstuvieron y, por lo tanto, su posición era conocida. “No estamos aquí para revanchas personales ni para enfadarnos, para perder los nervios ni para nada de eso, sino que estamos para intentar buscar lo que nos parece que es mejor para el interés general”, justificó al diputado del PP Carlos Floriano.
Hoy, en el pleno, el diputado Ricardo Tarno ha sido más crítico y ha reprochado al Gobierno que tuviera “prisas” y la “obsesión” para validar el tratado mientras el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el recurso que presentó el Senado instigado por la mayoría absoluta del PP. “No es comprensible que se obstinen en llevarlo extemporáneamente. Sería un borrón intolerable que no se pudiera aplicar el tratado por la incompetencia del Gobierno”, ha verbalizado el diputado del PP.
ERC se abstiene en la ratificación de un protocolo judicial europeo consultivo en el TEDH, que ha recibido luz verde con el único rechazo de Vox
Por otra parte, con el voto en contra de Vox y la abstención de ERC y Bildu, el Congreso ha validado la adhesión a un protocolo judicial europeo consultivo en el TEDH. Ha recibido 299 votos a favor, 33 en contra y 13 abstenciones. Se trata del protocolo número 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite a los altos tribunales españoles pedir al TEDH que emita opiniones consultivas sobre la interpretación de las leyes en el Estado español. Es decir, sirve para que los jueces españoles soliciten opiniones consultivas de asuntos que estén en trámites en la jurisdicción estatal. El TEDH tendrá la facultad discrecional de aceptar o no la solicitud y sus opiniones serán motivadas y no vinculantes. Era una petición de Junts que el PSOE aceptó en otoño del año pasado y que cristalizó en el Consejo de Ministros a finales de febrero, cuando los socialistas buscaban que los juntaires retiraran la iniciativa sobre la cuestión de confianza, como acabó pasando.
📝 El Estado español se adherirá a un protocolo judicial europeo consultivo en el TEDH, tal como reclamaba Junts
El PP utilizó el Senado para llevar el Tratado de Amistad y Cooperación al Constitucional
Volviendo al Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, el voto en contra del PP en el pleno no ha sido su primera ofensiva para frenarlo. Hace tres meses, los populares aprovecharon su mayoría absoluta en el Senado para presentar un recurso de inconstitucionalidad previo al Tribunal Constitucional alegando que la posibilidad que un ministro francés asista al Consejo de Ministros podría vulnerar el artículo 62 de la Constitución, que prevé que el rey puede “presidir” las sesiones del Consejo de Ministros “cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno”. Nadie más está autorizado para estar allí. El PP defendió que quería “salvaguardar la preeminencia” de la Constitución sobre el Tratado de Amistad y Cooperación y esgrimió que la Carta Magna es “clara” sobre la posibilidad de que extranjeros participen en el Consejo de Ministros, cosa que “se reserva exclusivamente a los nacionales”.
Así pues, la Cámara Alta instó al TC a pronunciarse sobre la “existencia o inexistencia de contradicción” entre la Constitución y Tratado y pidió suspender su tramitación parlamentaria. El Constitucional lo rechazó (dejando libre el recorrido al Congreso), pero puntualizó que el procedimiento en el Senado quedaba “suspendido”. De momento, todavía no se ha pronunciado sobre el fondo. Es la tercera vez que se pide al TC una declaración vinculante de este tipo: previamente, también tuvo que hacerlo, a petición de la Moncloa, sobre el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y sobre el proyecto de Constitución Europea.
El PSOE y Sumar se vieron obligados a modificar la Ley del Gobierno
El recorrido del Tratado de Amistad y Cooperación no ha estado exento de obstáculos. El PSOE y Sumar tuvieron que maniobrar en el Congreso en dos ocasiones para modificar la Ley del Gobierno. El motivo es que el Ministerio de Asuntos Exteriores puso de manifiesto que el Tratado entraba en conflicto con esta norma, que establecía de “manera tasada” la composición del Consejo de Ministros. El Consejo de Estado le dio la razón y señaló que hacían falta reformas legislativas para llevarlo a la práctica. Por eso, los socios en la Moncloa impulsaron una enmienda para modificar la Ley del Gobierno e incluir la previsión de que la asistencia en las reuniones del Consejo de Ministros podría modificarse en función de lo que “se dispone en los tratados internacionales válidamente celebrados por España”.
En un primer momento, la registraron durante la tramitación de la Ley de Paridad, pero la letrada de la Comisión de Igualdad avisó de que esta enmienda no tenía ninguna relación con la norma y, por lo tanto, podría incurrir en inconstitucionalidad. Y eso llevó al PSOE y Sumar a renunciar a ella (aunque sí que siguieron adelante con la enmienda que restringe la capacidad de veto del Senado, que también fue cuestionada por la letrada). Más tarde, durante la tramitación de la Ley de Eficiencia en la Justicia, el PSOE y Sumar hicieron la misma maniobra. Y en esta ocasión sí que pudo recibir luz verde.