En un vídeo que ha generado conversación en redes, Fernando, agricultor, denuncia un problema que muchos productores rurales están viviendo en carne propia: “No encontramos trabajadores que hagan 7 horas y cobren 55 € al día”. Este comentario no es simplemente una queja aislada, sino que refleja una situación estructural en la agricultura española, donde la contratación de mano de obra se ha vuelto compleja, tanto por las condiciones laborales del sector como por la percepción del trabajo rural en la sociedad actual.
La vida en el campo: trabajo duro y condiciones exigentes
La agricultura es uno de los sectores económicos más importantes de España, responsable de gran parte de la producción alimentaria. Sin embargo, las condiciones laborales de muchos jornaleros siguen siendo difíciles. En muchas regiones, la jornada típica de un trabajador agrícola implica labores físicas intensas al aire libre —plantar, recoger, limpiar, cargar y mover productos— bajo condiciones climáticas duras.
En algunas áreas, como los invernaderos de Almería, es habitual que se ofrezcan salarios diarios en torno a los 50 – 70 € por jornada de 8 horas, lo que puede equivaler a unos 1.100 € – 1.300 € al mes si el trabajo se mantiene constante, aunque en muchos casos no existe estabilidad durante todo el año. Esto significa que, aunque un jornal de 55 € puede parecer “adecuado” en comparación con salarios bajos en otros sectores, la percepción social y las expectativas salariales hacen que muchos trabajadores no se sientan atraídos por estas condiciones, especialmente si comparan el trabajo físico duro con empleos urbanos de horario fijo o mejores prestaciones sociales.
Además, las tareas agrícolas muchas veces dependen de estacionalidad y ciclos naturales, lo que genera empleos temporales y discontinuos, reflejando una realidad donde un trabajador puede trabajar intensamente durante una campaña corta y luego verse sin ingresos entre temporadas.
Otro factor que influye es que muchas personas jóvenes optan por formarse en otros sectores o buscan trabajos con mayor estabilidad, horarios definidos y prestaciones que la agricultura tradicional no siempre garantiza. Esto contribuye a la crisis de mano de obra rural y al envejecimiento de los agricultores; muchos puestos quedan vacantes y los productores no encuentran relevo generacional.
Condiciones laborales y la ley: derechos y obligaciones
En España, el trabajo agrario está regulado por la legislación laboral general y, en muchos casos, por convenios colectivos específicos del sector. Esto significa varias obligaciones claras:
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Salario mínimo: todos los trabajadores agrícolas deben percibir al menos el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) proporcional, que en 2025 ronda los 1.184 € al mes para jornada completa, con el pago de la Seguridad Social incluido.
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Jornada laboral y descansos: la regulación establece límites de horas de trabajo semanales y descansos obligatorios, así como el pago de horas extras si se superan estos límites.
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Contratación formal: la ley exige que los trabajadores estén dados de alta en la Seguridad Social y que exista un contrato adecuado, ya sea temporal, fijo discontinuo o indefinido, respetando los plazos y condiciones del convenio aplicable.
Cuando los agricultores ofrecen un jornal de 55 € por 7 horas, esa cifra sí puede estar dentro de los umbrales legales si se ajusta a lo pactado en convenio y respeta el SMI proporcional, pero el problema no es solo el salario: también entra en juego la estabilidad, los descansos, la protección social, las prestaciones y las expectativas del trabajador.
La ley ante la falta de trabajadores
La normativa laboral no obliga a nadie a trabajar, pero sí protege a quienes lo hacen, garantizando condiciones mínimas de empleo, derechos sindicales y acceso a prestaciones sociales. Si un agricultor quiere contratar personal, debe cumplir con la legislación vigente y no puede pagar “por debajo de convenio” para competir, ya que eso sería una infracción que puede acarrear sanciones administrativas.
Por otro lado, el problema de la escasez de mano de obra no puede resolverse solo desde la legalidad laboral. Asociaciones agrarias han advertido que la reducción de jornadas o cambios en la normativa pueden encarecer los costes sin dar soluciones reales al sector, generando más tensiones entre la necesidad de mejores condiciones laborales y la viabilidad económica de las explotaciones.
Los sindicatos, por su parte, han planteado incluso que explotaciones que no ofrezcan condiciones dignas no reciban ciertas ayudas agrarias, como una forma de incentivar la mejora de contratos y salarios en el campo.
Equilibrio entre oferta y condiciones
La frase de Fernando refleja una problemática más amplia: la agricultura española necesita mano de obra, pero la economía del sector y las expectativas laborales deben equilibrarse. Un jornal de 55 € puede estar dentro de la legalidad, pero si la percepción social es que el trabajo rural no ofrece seguridad, estabilidad ni condiciones dignas, muchos trabajadores optan por otros sectores o buscan empleos con mejores garantías.
El reto actual no es solo pagar más por jornada, sino mejorar las condiciones laborales, atraer a perfiles más jóvenes, dignificar las tareas del campo y garantizar que la contratación se realice respetando la ley, con salarios que reflejen el coste de la vida y los esfuerzos físicos del trabajo agrícola.