Tal día como hoy del año 1633, hace 385 años, en el contexto de la crisis que precedió la revolución de los Segadors (1640), el síndico de Vilafranca del Penedès presentaba a la Generalitat una relación de agravios por los daños que los Tercios de Castilla alojados en las casas particulares de la población habían causado desde que, el mes de marzo anterior, habían sido acuartelados en la villa. En aquella carta que, dos días más tarde, tres representantes de cada uno de los brazos estamentales de la Generalitat entregarían en mano al virrey hispánico en Catalunya "en la casa y el palacio del dicho excelentísimo señor duque de Cardona y de Segorb, lugarteniente y capitán general de su majestad en estos Principado y condados", se decía que los Tercios de Castilla "no queriendo acontentarse de lo que, por derechos de este Principado y condados se les debe dar, se hacen dar con violencia las provisiones y alimentos que les apetece, así de comer como otros".
El acuartelamiento de 40.000 tercios en el Principat (1 soldado por cada 10 habitantes) formaba parte de la estrategia del conde-duque de Olivares, ministro plenipotenciario de la monarquía hispánica; que, con el pretexto de la amenaza de invasión francesa, había ocupado militarmente el Principat y pretendía liquidar su sistema político e institucional. En Vilafranca, dos años antes del inicio del conflicto hispano-francés (1635-1659), los tercios actuaron como las ordenanzas militares preveían que se permitía en tierra enemiga, extremo que probaría el propósito de conquista de Olivares "extorsionando notables sumas y cantidades de los dichos naturales y habitantes de dicha villa, comerciantes y negociantes en aquella"; que no tan sólo no eran corregidos por los oficiales, sino que, estos, dirigían la comisión de los delitos "causan y hacen los dichos capitanes, oficiales, ministros y soldados del dicho tercio (...) de dichos excesos, contravenciones, opresiones y vejaciones".