Tal día como hoy del año 1934, hace 85 años, la prensa de la época (La Vanguardia, edición del 18/11/1934) publicaba una nota firmada el día anterior por el teniente coronel José Martínez Herrera, alcalde de Barcelona impuesto por el gobierno de la República española después de los Hechos del Seis de Octubre de 1934. En aquella nota se informaba que el nuevo consistorio (nombrado a dedo después de los Hechos del Seis de Octubre y formado, exclusivamente, por concejales de partidos no catalanistas que, en la mayoría de los casos, ni siquiera habían resultado elegidos en los comicios electorales inmediatamente anteriores), había decretado amortizar las plazas vacantes, que pertenecían a personas detenidas, encarceladas y pendientes de juicio, por su fidelidad a la proclama del president Companys: el Estado Catalán dentro de la República Federal española.
Aquella medida, claramente represiva, fue pretextada con un argumento económico. Martínez Herrera, que poco antes había declarado públicamente que no tenía ni la más remota idea de cómo funcionaba un ayuntamiento, pretextó: “La medida tiene una gran trascendencia económica, puesto que representa un ahorro en los presupuestos actuales del Ayuntamiento que se eleva a más de un millón de pesetas”. Además, en aquella nota se decía que aquella medida sería extensible a todas las vacantes que se produjeran hasta el 31 de diciembre de 1934. Esta prórroga se explicaría en el especial contexto del momento y revela, definitivamente, la naturaleza punitiva y represora de aquella medida: durante las siguientes semanas las fuerzas policiales españolas siguieron practicando detenciones de personas comprometidas con la proclama del Seis de Octubre.