Con la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) de la opa del BBVA sobre el Banc Sabadell, con compromisos pactados y endurecidos en lo que respecta a las pymes, la pelota llega finalmente a la mesa del Consejo de Ministros, en particular, del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Dispone el gobierno español de alrededor de 45 días para dar su opinión definitiva, si añade condiciones extras a las decididas por la CNMC. El momento de la verdad se acerca de una manera no muy diferente a como era previsible a grandes rasgos, ya que la decisión del organismo regulador era previsible desde hace mucho tiempo y a nadie ha sorprendido que obtuviera finalmente y después de casi un año luz verde.

En todo caso, se esperaba algún voto particular discrepante de los cinco miembros de la CNMC y muy en particular el del representante de Junts per Catalunya, Pere Soler, exdirector general de los Mossos durante el referéndum del 1 de octubre, y que se había incorporado al organismo hace tan solo unos meses. Esa posición de Soler ha causado, siendo suaves, sorpresa en muchos sectores catalanes. También se había especulado con algún voto particular de algún representante cercano al PSOE, cosa que finalmente tampoco ha pasado. La presidenta Cani Fernández ha sacado adelante un acuerdo unánime, que parecía muy difícil y que no se explica aunque la reunión haya sido maratoniana y de una duración de nueve horas.

Sin la unanimidad lograda por Cani Fernández hubiera sido más fácil la posición del gobierno español, que siempre ha sido reacia a la opa por concentración bancaria y pérdida de una entidad financiera muy relevante en el tejido empresarial catalán

Sin la unanimidad lograda por Cani Fernández hubiera sido más fácil —aunque igual de polémica— la posición del gobierno español, que siempre ha sido reacia a la opa por concentración bancaria y pérdida de una entidad financiera muy relevante en el tejido empresarial catalán. El ministro Cuerpo así se ha expresado en diversas ocasiones en público y nada hace pensar que la posición del gobierno español ha cambiado. En consecuencia, el siguiente paso debería ser que en un plazo de quince días elevara el asunto al Consejo de Ministros, lo que abriría a su vez otro plazo de un mes para que el gobierno la aprobara de acuerdo a la posición de la CNMC o incorporara nuevos compromisos que colocaran la Opa hostil en el precipicio.

El Govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, también tiene mucho en juego con el resultado final de esta operación. Todo el mundo es consciente en Catalunya de que no es un plato de buena digestión una hipotética desaparición de una entidad financiera catalana. Por muchos motivos de sobras explicados y razonados en los últimos tiempos, pero sobre todo porque ya nada queda de aquella diáspora de entidades financieras catalanas del pasado, con la progresiva concentración bancaria llevada a cabo en España a partir del año 2009. CaixaBank y Sabadell —Caixa d'Enginyers es otra cosa— son las únicas que restan en la actualidad. Veremos, por tanto, qué da de sí la batalla política. Porque, al final, esto también es política.