En pleno inicio del puente del 15 de agosto y con diversos incendios activos en varias comunidades autónomas, que han provocado hasta el momento tres víctimas mortales y también un vergonzoso rifirrafe entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y varios dirigentes del Partido Popular, se ha conocido que, el pasado 15 de julio, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) había llevado al gobierno español al Tribunal Supremo por las duras condiciones impuestas en la opa hostil al Banc Sabadell. La noticia se ha mantenido en secreto un mes exacto, algo ciertamente sorprendente en este tipo de informaciones y con tantos ojos pendientes de un movimiento de esta naturaleza.
No solo ha habido reserva absoluta con una decisión judicial que, presumiblemente, dada la naturaleza del tema y el choque frontal que supone con el gobierno español, debió adoptar en los días previos el consejo del BBVA. El consejero delegado de la entidad vasca, Onur Genç, señaló en la presentación de resultados del segundo trimestre del año, realizada el pasado 31 de julio, que aún no habían tomado ninguna decisión sobre la presentación de un recurso al Supremo, cosa que, evidentemente, no era cierto. Ahora se justifica aquella respuesta en que sobre cuestiones judiciales el banco no suele hacer comentarios.
A la espera de saber si el BBVA ha pedido o no al Supremo la suspensión cautelar de la decisión adoptada por el gobierno, lo que más molestó al banco vasco fue que el ejecutivo español acordara que el Banc Sabadell se mantuviera de forma independiente en caso de que la opa se acabara realizando por un mínimo de tres años, ampliable a cinco. Ello ponía trabas a la acción hostil del BBVA, dificultaba enormemente la operación y retardaba la posibilidad de recuperar los 850 millones de ahorros con las sinergias que la operación suponía. El banco vasco siempre ha defendido que el gobierno español se extralimitó en su decisión porque su intervención solo puede producirse para rebajar las condiciones de la Comisión del Mercado de la Competencia (CNMC) y no para incrementarlas. En consecuencia, el movimiento realizado por el ejecutivo de Pedro Sánchez no tendría validez alguna. Mientras tanto, el Sabadell ha vendido TSB al Santander por una cifra cercana a los 3.200 millones y ha aprobado un macrodividendo para sus accionistas de 2.500 millones.
Aunque el movimiento ante el Supremo no modifica el calendario de la opa, es evidente que es un signo de politización y de judicialización
Aunque el movimiento ante el Supremo no modifica el calendario de la opa y el banco abrirá en septiembre el período de aceptación, como estaba previsto, cuando reciba el visto bueno de la CNMV y se publique el folleto, es evidente que es un signo de politización y de judicialización. Si la opa hostil ya había salido de su entorno natural, el exclusivamente financiero, por las consecuencias que tenía para Catalunya la absorción de una entidad más que centenaria —fue fundada el último día de 1881— y sobre ella se han posicionado gobiernos, partidos, patronales, sindicatos y diferentes sectores sociales, muy mayoritariamente a favor del Sabadell, ahora recorre un camino nuevo.
A la decisión final del accionista, se va a sumar qué dice el Supremo, cuándo lo dice y cómo lo dice. Habrá que sentarse y esperar. Y pedir un buen cubo de palomitas.