Texto íntegro de la intervención de José Antich, director de El Nacional.cat en el acto celebrado en el Parlament de Catalunya, organizado por los expresidentes de la Cámara Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, en apoyo de la actual presidenta, Carme Forcadell, y el resto de miemrbos de la Mesa contra los que pesan querellas de la Fiscalía en relación con el procés sobiranista, así como los exmiembros del Govern condenados por el proceso participativo del 9-N de 2014.

 

Muy Honorable president de la Generalitat,

Muy Honorable presidenta del Parlament,

President Mas,

Presidents Rigol, Benach y De Gispert,

Vicepresident del Govern,

Miembros del Govern,

Autoridades,

Señoras y señores,

¿Ha sido la Transición política española una gran estafa y, de alguna manera, una cierta mentira? ¿Cuánto duró en realidad el alma aperturista de la joven democracia española de 1977? Y, para ser más precisos, ¿En qué momento fue secuestrado el espíritu voluntariamente ambivalente de la Constitución? ¿Sin el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 hubiera sido posible una España diferente?

Políticos, historiadores, analistas y escritores han tratado durante  décadas de aproximarse a aquellos años para encontrar una explicación a las consecuencias de la asonada militar golpista, que tuvo mucho de folclórica en la forma pero que dejaría unas consecuencias políticas letales e imperecederas en el tiempo.

La clase política quedó inmovilizada y asustada por las amenazas militares. Los tanques volvieron a sus cuarteles, sí; pero, a cambio, los partidos –unos más y otros menos- aceptaron plegarse a lo que más preocupaba a los militares: poner límites a la autonomía de Catalunya y del País Vasco, aún a costa de laminar los recién aprobados Estatutos de Autonomía.

Los tanques volvieron a sus cuarteles, sí; pero, a cambio, los partidos –unos más y otros menos- aceptaron plegarse a lo que más preocupaba a los militares: poner límites a la autonomía de Catalunya y del País Vasco

Los militares desaparecieron de la vida pública pero una idea de España uniformista y armonizada volvió –si alguna vez se había ido- a los despachos del poder en Madrid: desde el gobierno a la oposición, desde la judicatura a los medios de comunicación, desde las instituciones financieras a las patronales y grandes empresas.

Fue la primera vez que se proclamó solemnemente desde el gobierno español, entonces presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo, que había que acabar con las ambigüedades de los Estatutos y, cito textualmente, “las ansias de poder de Catalunya”.

De todo este caldo de cultivo político, militar, judicial, financiero y mediático surgió la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Era la respuesta contundente del Estado a las demandas de más poder real que se formulaban desde Catalunya y también desde el País Vasco. PSOE y UCD, los dos partidos hegemónicos de la democracia española de antaño, la correlación de fuerzas que hoy representan con igual convicción PP y PSOE, pusieron a sus diputados al servicio de una España sin aristas territoriales y en la que la conllevancia de Ortega fuera posible a partir de ahogar cualquier reivindicación nacional que no llevara la etiqueta de española.

Hoy se puede asegurar, sin margen de error, que la concepción de la LOAPA fue un pacto a tres: la Monarquía, los principales partidos españoles –con excepción del Partido Comunista- y los militares.

Cada uno de ellos hizo el papel que tenía asignado y, en junio de 1982, la ley era aprobada por el Congreso de los Diputados. La primera vez que la principal cámara legislativa española era utilizada para aprobar una ley orgánica que hacía trizas la autonomía a partir de la invasión de competencias propias y la prevalencia de la legislación básica del Estado, fuera de quien fuera la competencia.

La concepción de la LOAPA fue un pacto a tres: la Monarquía, los principales partidos españoles –con excepción del Partido Comunista- y los militares

¿Y cúal fue la respuesta catalana? La política, oponerse contundentemente a la ley. El Govern y el Parlament presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La respuesta ciudadana, la movilización en la calle. Se convocaron dos manifestaciones que tuvieron una respuesta importante de la ciudadanía y que concentraron a cientos de miles de personas en las calles de Barcelona. Lejos, eso sí, de las manifestaciones que hemos conocido estos últimos años.

En este edificio que nos acoge, en 1982, en una fecha tan inhóspita como el 31 de julio, que además era sábado, una mayoría de 79 diputados aprobaba una resolución presentada por los grupos de Convergència i Unió, Partit Socialista Unificat y Esquerra Republicana, a la que se sumarían el Partido Socialista de Andalucía y dos diputados no adscritos, Josep Benet y Pere Portabella. Pedían al Parlament que presentara un recurso previo de inconstitucionalidad ante el TC a la LOAPA.

Ciertamente, eran otros tiempos y había un punto de candidez en los políticos catalanes de la época. El hecho de que entre los dirigentes de todas las formaciones, excepto en el caso de UCD, hubiera lazos de relación personal trazados durante los muchos años de clandestinidad daba a la política catalana una singularidad que no se producía en otros lugares del Estado.

Además, los partidos eran muy débiles y el país estaba en muchos aspectos por hacer. O más bien dicho, por rehacer. Entre las formaciones democráticas no había el odio cainita del presente ni las ganas de destrucción del adversario en disputa por franjas del electorado. Había, en el fondo, una mirada algo más cómplice que la que existe en la actual sobre el futuro de Catalunya.

Solo así se entiende, por ejemplo, que en la mencionada votación de la LOAPA en el Parlament no se registrara ningún voto en contra y que las dos formaciones políticas contrarias a la presentación del recurso de inconstitucionalidad  -las mismas que apoyaron la ley en el Congreso- optaran por la abstención.

En la resolución del Parlament contra la LOAPA no se registró ningún voto en contra, y las dos formaciones que apoyaron la ley en el Congreso se abstuvieron

¿Se imaginan por un momento, señoras y señores, que esa actitud que entonces tuvieron en el Parlament los diputados de Centristes de Catalunya y del PSC ante el grave ataque frontal que suponía la LOAPA que impulsaban UCD y PSOE la hubieran tenido en los últimos años los partidos de la oposición? ¿Son capaces de hacerse una idea sobre cúal hubiera sido el nivel de exigencia del actual Parlament si hubiera podido acreditar que las reivindicaciones muy mayoritarias de la sociedad catalana no tenían votos en contra y que solo había abstenciones?

Fuera el TC de la época sensible o no al enorme problema que originaría la LOAPA en territorios como Catalunya, lo cierto es que en agosto de 1983, el Alto tribunal declaró inconstitucionales 14 de los 34 artículos de la ley. Se hizo, eso sí, por la puerta de atrás: en plena canícula estival y a través de una sentencia comunicada por la Sección de Vacaciones del Constitucional.

Fue una gran derrota política del PSOE, que entonces ya estaba en el gobierno, y de la UCD, que prácticamente se había desintegrado. Pero a aquel PSOE con mayoría absoluta en el Congreso y con el control absoluto de la única televisión en España, Televisión Española, nadie le podía toser. Ni tan siquiera atreverse.

Si para los impulsores de la LOAPA fue una derrota jurídica, para los que habían promovido el recurso ante el TC fue una victoria pírrica. Pasó muy poco tiempo para que se viera claramente que la LOAPA y su espíritu seguían vivos, que el gobierno español podía perfectamente ganar los partidos por la puerta de atrás y que el siguiente paso armonizador tenía que ser la LOFCA, la ley que establece el modelo de financiación de las comunidades autónomas, aprobada a finales de 1980, y que bien exprimida acabaría limitando la autonomía financiera de la Generalitat. Como así fue.

Y si una cierta dosis de unidad había permitido aquella resolución del TC desmontando muchos artículos de la LOAPA, la ingenuidad o la falta de experiencia política de los partidos catalanistas que habían ganado el recurso les hizo olvidar que enfrente tenían un Estado, con muchos siglos a sus espaldas. Y que mientras aquí en Catalunya se suele pensar en pequeño, allí, acostumbrados como están a ganar siempre, saben que de una u otra manera la partida se acabará inclinando a su favor.

La ingenuidad o la falta de experiencia política de los partidos catalanistas que habían ganado el recurso les hizo olvidar que enfrente tenían un Estado, con muchos siglos a sus espaldas

Ese es un error muy catalán, olvidar el adversario. Vale la pena volver a escuchar unas palabras que dijo el ilustre diputado que presentó en esta Cámara aquella propuesta de interposición del recurso de inconstitucionalidad para impugnar la LOAPA. En nombre de los tres grupos proponentes, Rafael Ribó trazó un vaticinio que es plenamente actual: “Los que son adversarios de la autonomía de Catalunya, lo que quieren poner en duda no son las competencias de este Parlament, es la existencia misma de este Parlament, la existencia misma de un sistema de autonomía política”.  Y no se equivocó en nada. Solo ha hecho falta el transcurrir de los años para ver que era exactamente así.

Voy acabando. El presidente del Tribunal Constitucional que dictaminó sobre la LOAPA, Manuel García Pelayo, fue preguntado años después por un medio de comunicación sobre el sentido de la ley y su relación con la justicia. “Uno no puede ser justo si no tiene libertad de criterio para elegir entre el bien y el mal; la libertad es la condición de ser justos”.

Para cuando realizó estas declaraciones, García Pelayo, que había sido capitán de Estado Mayor del Ejército republicano y había pasado largas etapas en el exilio, se había ido a vivir de nuevo fuera del país. En esta ocasión, a Caracas. Dicen los que le trataron que desempeñó el cargo sometido a presiones que no esperaba y que no era capaz de imaginar, y que por ello abandono España al poco tiempo de dejar la presidencia del TC, cuando la tristeza ya se había apoderado de él.

Hoy rememoramos aquel primer envite del Estado contra la autonomía y descubrimos, sobre todo, hasta qué punto las flaquezas, las divisiones y la inexperiencia de la  Catalunya de aquellos años acabaron permitiendo, con el tiempo, que la partida se resolviese a beneficio del Estado. Los treinta y cinco años que han pasado desde entonces quizá son tiempos para poder extraer, de todo lo acontecido, algunas lecciones especialmente oportunas para el momento político que vive el país.

Muchas gracias.