El acuerdo que han cerrado este lunes en la comisión bilateral el Govern y el Estado sobre la nueva financiación singular se basa en tres puntos, que abordan las bases del nuevo sistema, la participación de la Generalitat en los órganos multilaterales y el impacto en la hacienda catalana. En el primer punto, se describe una "financiación básica", partiendo del principio de corresponsabilidad fiscal, a partir de la participación en la recaudación de los tributos que se acuerden y que tiene que servir para la financiación de las competencias de la Generalitat y para la contribución a los gastos del Estado en Catalunya. Una parte de los recursos que obtenga la Generalitat derivados de esta "cesta de tributos" se aplicará como "elemento de nivelación y de solidaridad entre comunidades autónomas. Asimismo, habrá una financiación adicional para las competencias específicas de Catalunya, que no están traspasadas a todas las autonomías, como es el caso de Mossos o prisiones.
En este primer apartado se prevé la ampliación de la capacidad normativa, respetando los límites de la normativa europea, y "la introducción de mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja", un punto este con la mirada puesta en la Comunidad de Madrid a la cual se ha acusado a menudo de dumping fiscal.
El acuerdo prevé que el nuevo sistema funcionará a partir de reglas comunes "que le den coherencia" y a las necesidades y singularidades de territorios, "y sin perjuicio" de la participación de la conselleria de Economía en las reuniones multilaterales que se convoquen por parte del ministerio de Hacienda para impulsar el consenso.
Hacienda: en red con el Estado
Las dos administraciones se comprometen a trabajar en el despliegue de la hacienda catalana, con los cambios pertinentes para que la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) "asuma progresivamente" competencias de la gestión en el IRPF dentro de un modelo en red de gestión del sistema tributario, con la participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las administraciones tributarias autonómicas, con reglas de coordinación que aseguren que el sistema tributario se gestiona de forma eficaz y eficiente, y con garantías plenas en la prevención y lucha contra el fraude". Las dos administraciones acuerdan crear un grupo de trabajo para el desarrollo e implantación del modelo, junto con las propuestas de reforma legal necesarias.
El acuerdo prevé desarrollar las actuaciones previstas en la gestión del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, lo cual, "además de permitir que se avance en un modelo de gestión compartido", preverá que las declaraciones se puedan presentar indistintamente en las dos administraciones y que se pueda hacer utilizando el certificado de identificación digital de la Generalitat (idCAT).
IRPF
En relación al papel de la Agencia Tributaria de Catalunya, y la asunción el próximo año de la campaña del IRPF, el acuerdo señala que a partir de la experiencia de la campaña del IRPF del 2024, las dos administraciones acuerdan intensificar la participación de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) en la campaña del próximo año, "en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria".
Asimismo, después de comprobar la experiencia en la recaudación del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, las dos administraciones se comprometen a "analizar la cobertura convencional y, si es necesario, legal, para que a lo largo del 2026, y previo acuerdo de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, se impulsen los cambios necesarios para que se puedan presentar las declaraciones del IRPF 2025 ante la Agencia Tributaria de Catalunya, se posibilite en esta presentación el uso de la clave digital establecida por la Generalitat (idCAT) y se pueda avanzar progresivamente, cuando el marco legal lo permita, en la asunción de competencias gestoras por la citada Agencia, concurrentes con las de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en particular en relación con la comprobación de la correcta aplicación de la normativa autonómica y, en especial, de las deducciones aprobadas por el Parlament de Catalunya".