Con la decisión de la jueza del juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de enviar a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como investigado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por su contratación en la Diputación de Badajoz, se da un paso más en el cerco judicial en el que se encuentra inmerso Pedro Sánchez. El caso de David Sánchez se suma al de su esposa, Begoña Gómez, que no se encuentra en una situación procesal mejor, en la causa que lleva el juez Juan Carlos Peinado y que también tiene la condición de investigada —antiguamente, imputada— y a la que se le atribuyen delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral. Es una situación ciertamente anómala y que no tiene parangón en la historia reciente de España ni en nuestro entorno europeo: un presidente de gobierno con dos familiares tan cercanos como son su esposa y su hermano investigados por causas de corrupción. Y que tienen sus conexiones, bien sea en el palacio de la Moncloa o en la dirección del PSOE, en la madrileña calle Ferraz.

Es obvio que hay que defender, en este caso, como en cualquier otro, la presunción de inocencia hasta que haya sentencia. Es normal que la política quiera saltarse este trámite, ya que siempre ha sido así y aquí nadie ha preservado la inocencia de un adversario político e incluso si era independentista catalán o sospechoso de serlo se retorcía un poco más y se le aplicaba la conocida como pena del telediario, con las cámaras de televisión llegando incluso antes que los policías. Es más: con muy poco se ha hecho, en ocasiones, un daño irreparable en casos que han acabado archivados y sin condena alguna. Aquí ya hemos visto de todo y la justicia nos ha avergonzado tantas veces que cualquier cautela es siempre poca. Siempre pongo como ejemplo, porque me parece inaudito y un día alguien reconocerá el error de aquella sentencia, que hemos visto como dos personas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que pedían a los manifestantes concentrados en la barcelonesa rambla Catalunya por el procés que se fueran a sus casas sin provocar incidentes, eran condenados por el Tribunal Supremo por sedición a nueve años de prisión e inhabilitación absoluta. Y la Fiscalía llegó a pedir diecisiete años de cárcel y los mismos de inhabilitación como promotores de rebelión. Y ello fue escrito y redactado por el Supremo y aplaudido por el PP y el PSOE, así como por los medios de papel de España y los de referencia en Catalunya.

Es una situación ciertamente anómala que un presidente de gobierno tenga a dos familiares tan cercanos —su esposa y su hermano— investigados por causas de corrupción

Del caso del hermano de Pedro Sánchez, que la justicia ya juzgará y que ya sabemos que ocupará mucha información en el futuro, también política, hay algo que es ciertamente sorprendente y que es a todas luces una mala praxis en la vida política. Se trata de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz hasta hace unos días y que también la juez le otorga la condición de investigado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, junto a otras nueve personas. Pues bien, Gallardo, con el amparo del PSOE, ha saltado de la presidencia de la diputación a la Asamblea Extremeña, en una maniobra que ha comportado la dimisión de otras cinco personas que estaban antes que él en la lista, para tener la condición de aforado como parlamentario autonómico y no poder ser detenido y, en caso de ser juzgado, que la causa se tenga que elevar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. No solo eso, también se ha llevado a cabo una reciente modificación del código ético del PSOE que le permitirá mantenerse como jefe de los socialistas en aquella región. 

¿Y por qué ese movimiento precipitado de Gallardo cuando hace muy pocos meses decía lo contrario? Pues porque la justicia tendrá que sentenciar si se cometieron irregularidades en la creación y adjudicación para el familiar del presidente socialista de la plaza de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz. Y, por aquí, eslabón a eslabón, igual se llega a Gallardo, o eso piensa la juez. Y el investigado se protege en un nuevo cargo que le otorga inviolabilidad e inmunidad y la justicia tendría que pedir permiso a la cámara de la que forma parte y solo un tribunal superior puede juzgarlo. Que el movimiento del PSOE extremeño es difícilmente presentable es casi una obviedad. Es éticamente reprobable, aunque los socialistas aseguren que lo que se está produciendo es una persecución judicial de Pedro Sánchez, que abarca desde su partido hasta su familia. Pero ya son muchos casos y muchos jueces para pensar que hay una conjura de todos ellos.