La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha decidido este jueves sentar en el banquillo de los acusados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE de Extremadura, y nueve personas más por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El juez tendrá que sentenciar si se cometieron irregularidades en la creación y adjudicación para el familiar del presidente socialista de la plaza de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz. La lupa está este jueves puesta sobre todo encima de Gallardo, porque ha tenido que hacer una maniobra para convertirse ipso facto en diputado de la Asamblea Extremeña con el fin de ser un aforado ante la justicia. Además, una reciente modificación del código ético del PSOE le permitirá mantenerse como jefe de los socialistas en Extremadura.
La jueza investiga desde hace un año si, a grandes rasgos, David Sánchez trabajaba como jefe de la oficina de Artes Escénicas por ser el hermano de quién es. El pasado mes de febrero, al verse acosado ante el avance de la investigación, el familiar de Pedro Sánchez decidió dimitir de su cargo. La Fiscalía, a pesar de todo, ha estado todo este tiempo de su lado. El Ministerio público defendió ahora hace una semana el archivo de la causa, defendiendo que la jueza ha sacado adelante sus indagaciones a partir solamente de "conjeturas e hipótesis". El Gobierno, en privado, defiende que todo ello forma parte de una "persecución política" para tumbar a Pedro Sánchez.
Estos últimos días, sin embargo, Miguel Ángel Gallardo es el gran protagonista. Vamos por partes. Al líder del PSOE extremeño se le investiga por haber facilitado, presuntamente, la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz cuando él la presidía. Hace unos días, cuando vio que su procesamiento en esta causa era inmediato, incumplió una de sus promesas: el pasado enero anunció su intención de incorporarse como diputado a la Asamblea de Extremadura, pero aseguró que lo haría una vez acabara el procedimiento judicial en el cual se lo ha imputado. Pero lo ha acabado haciendo ahora; a toda prisa, dimitiendo primero como presidente de la Diputación de Badajoz.
Cuando alguien es diputado se convierte en una persona aforada, de manera que adquiere una inviolabilidad e inmunidad que hace que, con el fin de ser juzgado, la justicia tiene que pedir permiso a la cámara de la que forma parte; y solo un tribunal superior puede juzgarlo. Para conseguir su escaño en la Asamblea de Extremadura, hasta cinco personas han tenido que renunciar a la plaza. A pesar de las prisas, Gallardo no fue notificado hasta este miércoles que ya había conseguido convertirse en diputado. Ahora bien, hay varias interpretaciones sobre cuándo empieza un aforamiento: cuando se recoge el acta de diputado o cuando tomas posesión del cargo; esta segunda cosa Gallardo todavía no la ha podido hacer. La notificación de procesamiento de la jueza de instrucción ha llegado antes, por lo que ahora habrá que ver si Gallardo consigue igualmente que tenga que ser un tribunal superior quien lo juzgue.
Gallardo, con malas excusas, asegura ahora que se ha apresurado a convertirse en diputado para hacer frente a la presidenta de la comunidad autónoma, la popular María Guardiola. Actualmente, en el parlamento de esta comunidad autónoma hay una mayoría de PP y Vox. El líder del PSOE extremeño se ha reivindicado siempre como inocente. Asegura que no intercedió para asignar una plaza a dedo y asegura que en el momento de la contratación de David Sánchez no sabía que Pedro Sánchez no tenía un hermano. De hecho, en aquel momento, Pedro Sánchez no era el secretario general de los socialistas.
El nuevo código ético del PSOE blinda a Gallardo en su cargo
Si el cuartel general de Ferraz opta por no presionar para que abandone el liderazgo del PSOE extremeño, Gallardo podrá mantenerse en su cargo. Eso es gracias a una modificación que se hizo del código ético del partido en el congreso federal de los socialistas celebrado el pasado mes de diciembre en Sevilla. Hasta ahora, cualquier miembro de la formación tenía que abandonar su cargo si se le abría juicio oral en una causa. O el partido podía expulsarlo de la militancia. El pasado diciembre, sin embargo, estos estatutos cambiaron.
Tal como reconocen a este periódico fuentes de la dirección del PSOE, se debe todo ello a una nueva disposición adicional que blinda los miembros del partido en casos de presunta persecución política o acusaciones por parte de entidades ultraderechistas. Gallardo ya no estaría obligado ahora mismo a abandonar su cargo. La Comisión de Ética y Garantías del partido, no obstante, podría estudiar este caso concreto y, entonces sí, instarlo a dimitir.