El retorno de la exdiputada Anna Gabriel al estado español, después de cuatro años exiliada en Suiza, es una buena noticia. Como lo es que tras su comparecencia en el Tribunal Supremo para regularizar su situación haya sido puesta en libertad a la espera de que el magistrado Pablo Llarena la cite para prestar declaración. Anna Gabriel, que, en principio, no tiene intención de quedarse en Catalunya de manera inmediata, ha realizado un viaje relámpago y ha optado por regresar a Suiza, donde tiene fijada su residencia y desempeña la secretaría general del sindicato Unia con sede en Ginebra. Claro que, como señala el president Carles Puigdemont, en una democracia plena, la exdiputada cupaire no habría tenido que comparecer nunca en un juzgado y que es una absoluta anomalía que haya tenido que pasar tantos años alejada de los suyos, pero no por ello deja de haber un margen para compartir y alegrarse por ella, su familia y sus amigos.

El hecho de que el retorno haya sido voluntario y con el objetivo de regularizar su situación judicial, ya que formalmente estaba en rebeldía desde que el Tribunal Supremo la declaró así por su implicación en la declaración unilateral de independencia efectuada por el Parlament de Catalunya, demuestra que su marcha fue una decisión acertada. Ha dado visibilidad a la lucha por conseguir la independencia, ha conformado el amplio espectro de exiliados políticos haciendo evidente la represión existente en Catalunya y ha restado capacidad de maniobra a la justicia española, que durante todo este tiempo ha tenido abierta una orden española de detención para que fuera puesta a disposición del Supremo.

Aunque cada exiliado es un mundo aparte, de alguna manera el camino seguido por Gabriel ha sido similar a la otrora consellera Meritxell Serret, de Esquerra Republicana, que, después de unos años de exilio en Bruselas que en marzo de 2021 regresó a Madrid, también se personó en el Supremo quedando en libertad y regresó a su ciudad natal, a Vallfogona de Balaguer, y actualmente es diputada al Parlament por la circunscripción de Lleida. Es cierto que, por razones obvias, todos los movimientos de aquellos exiliados que quieren saber cuál sería la reacción del Supremo ante un posible retorno se mantienen blindados del conocimiento de la opinión pública y de los medios de comunicación, el retorno de Anna Gabriel no ha sido una gran novedad, pues se sabía que podía ser antes del verano, como así finalmente ha sucedido.

En esta lista ni oficial ni confirmada, la siguiente exiliada que podría tener en mente un posible retorno a Catalunya sería la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que vive en Suiza desde marzo de 2018 y que en diciembre de 2017 fue imputada por el Tribunal Supremo por un presunto delito de rebelión por su participación en el referéndum del 1-O y después de prestar declaración quedó en libertad condicional con una fianza de 60.000 euros. Fue citada nuevamente por Llarena en marzo de 2018 junto a la consellera Dolors Bassa y la presidenta del Parlament Carme Forcadell y, a diferencia de ellas dos, no se presentó en Madrid alegando falta de garantías judiciales y tomó el camino del exilio. La orden de detención internacional que presentó el magistrado del tribunal decayó en julio de aquel mismo año después de que Alemania se negara a entregar al president Puigdemont por el delito de rebelión. En Esquerra dan por seguro que el retorno de Rovira está más cerca que lejos, aunque hay un gran hermetismo al respecto.