La tinent de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha avanzado este lunes que los servicios jurídicos del Ajuntament de Barcelona estudiarán como detener la ampliación de superficie comercial de Diagonal Mar. Más concretamente, Sanz ha afirmado que, de momento, el consistorio está obligado a dar trámite legalmente en esta ampliación de la superficie comercial, pero ha señalado que los grupos municipales que dan apoyo al gobierno (Barcelona en Comú y PSC) se opondrán políticamente en el Consejo Plenario. Sanz ha señalado también que el Ajuntament también quiere hablar con el promotor del centro comercial de Diagonal Mar para encontrar una solución de consenso.
Por su parte, la concejala de Comercio y Mercados, Montserrat Ballarín, ha declarado que el gobierno municipal quiere dar apoyo en el comercio de proximidad, "que sirve para coser la ciudad, mejorar la convivencia, dar seguridad en los barrios y repartir la riqueza por toda la ciudad". Este modelo, según Ballarín, se contrapone con el modelo de grandes superficies y, por eso, el ajuntament se opondrá por las vías necesarias a la ampliación de la superficie comercial de Diagonal Mar.
¿Oposición limitada?
"La cuestión es si, jurídicamente y administrativamente, el Ajuntament de Barcelona se puede oponer en esta ampliación, ya que las directivas europeas y la normativa española son proclives a la libertad de establecimiento comercial y ponen muy difícil limitarla", ha señalado Ballarín, que ha recordado que la licencia genérica por los usos de restauración, comercio y ocio ya ha sido otorgada al promotor del centro comercial de Diagonal Mar.
En este sentido, fuentes de la Generalitat han informado que las ampliaciones de equipamientos comerciales dentro de la trama urbana en municipios de más de 50.000 habitantes están sometidas a licencia, pero que se trata de actos reglados y, por lo tanto, el gobierno no puede denegar la licencia. Según estas mismas fuentes, sólo podría haber alguna limitación de carácter urbanístico o de movilidad, que tendría que gestionar el Ajuntament de Barcelona, en este caso, ya que estas cuestiones son competencia municipal.