La decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de no nombrar a Laia Bonet primera teniente de alcaldía en sustitución de Jaume Collboni, que a partir del 1 de febrero dejará de formar parte del gobierno municipal para dedicarse en exclusiva a preparar las elecciones municipales, no solo ha provocado la primera fricción entre los todavía socios del gobierno municipal, comunes y socialistas, sino que también ha servido para que Junts per Catalunya cargue contra las dos formaciones, considerando que la situación actual evidencia la ruptura radical del gobierno municipal.
Según ha afirmado este martes por la mañana el portavoz del grupo municipal de Junts en el ayuntamiento, Jordi Martí Galbis, la intención de no nombrar a Laia Bonet como primera teniente de alcaldía se tiene que entender como un "cierto castigo de Ada Colau y los comunes" hacia el PSC por la salida de Collboni, aunque, por otra parte, también ha considerado que tenía cierta lógica el argumento de Colau de no reorganizar el gobierno municipal y limitarse a delegar en Bonet las funciones de Collboni porque hacerlo supondría un gasto innecesario en la recta final del mandato y a cuatro meses de las elecciones.
Plan de usos del Eixample
Martí Galbis ha hecho estas valoraciones en el marco de la presentación de las propuestas que Junts llevará al pleno municipal del viernes -donde Collboni todavía estará presente-, en que plantearán una modificación del plan de usos del Eixample para que la restricción de actividades comerciales como la restauración o las tiendas de conveniencia se limiten solo a las calles en transformación como los Ejes Verdes o Enric Granados, donde es lo suficientemente conocida la concentración de actividades que generan molestias a los vecinos. De hecho, el plan de usos del Eixample fue motivo de una grave divergencia entre comunes y socialistas que estalló la semana pasada y que pone en riesgo la aprobación del plan de usos que se debatirá, aparte de la propuesta de Junts, en el pleno del viernes.
Aparte de esta propuesta, Junts presentará un ruego en el que pedirán a la alcaldesa que utilice su "influencia" para que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, detenga el Anteproyecto de ley de Servicios Sociales del gobierno español, porque no respeta las competencias exclusivas del Govern en la materia. En más, preguntarán al gobierno municipal cómo valoran el hecho que "solo 160 personas" de los 400.000 contribuyentes de Barcelona se hayan acogido a la tarifa plana fiscal, considerando que no se ha hecho la difusión necesaria entre la ciudadanía para conseguir un número mayor de personas que se hayan acogido a esta posibilidad.